El proyecto que busca evitar que altos cargos públicos sean un 'trampolín' en elecciones

Lo que para algunos tiene la clara misión de frenarle las aspiraciones presidenciales al hoy procurador general, Fernando Carrillo, para otros es la vía más expedita para evitar que altos cargos públicos sean utilizados como trampolín político.

El tema se hizo más evidente a raíz del discurso de posesión del nuevo fiscal general, Francisco Barbosa, cuando ‘invitó’ al Procurador y al Contralor a “impulsar la inhabilidad temporal que se quiere establecer a nuestros cargos para evitar el afán de iniciar campañas presidenciales precoces en el marco de nuestras funciones”.

En efecto, a comienzos de año ya se había conocido de parte de congresistas de los partidos Centro Democrático y Cambio Radical e incluso algunos liberales de la intención de presentar un proyecto de ley destinado a ampliar a cuatro años el impedimiento que pesa sobre las cabezas de los organismos de control para aspirar a la Casa de Nariño. En la actualidad esa inhabilidad es solo de un año.

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Y durante los últimos días varias voces han sostenido que el tema podría ser abordado en la propuesta de reforma a la Justicia que el Gobierno ha anunciado para el segundo semestre del año.

De entrada, Carrillo le contestó, vía Twitter, a Barbosa: “No sé quién tenga aspiraciones presidenciales. No soy candidato a nada”.

Sin embargo, el debate en torno a los altos funcionarios del Estado que estarían haciendo política desde sus cargos, no ha cesado.

Y, en ese caso, a decir verdad el Procurador General no es el único señalado, puesto que hay quienes afirman que lo mismo se podría afirmar del actual defensor nacional del Pueblo, Carlos Alfonso Negret; de la hoy vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, e incluso del actual ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien, siendo canciller, reconoció en un evento público que piensa aspirar a la Presidencia de la República en el año 2022.

“El Procurador General de la Nación está haciendo política desde su cargo desde hace mucho rato, a través de sus pronunciamientos y propuestas, y se crea la sospecha sobre si a través de sus actuaciones”, opina el analista político Jhon Mario González, quien en cambio no cree que el Defensor del Pueblo esté haciendo lo mismo, e el Defensor del Pueblo esté haciendo política o “pudiera estarla haciendo, pero en una forma que se puede llamar válida”.

Es que, según el experto, la gran mayoría de funcionarios públicos hacen política desde sus cargos “porque son múltiples y, en ocasiones, sutiles las formas de hacerlo”.

Y agrega que hay varios de ellos que se dedican “a exaltar aparentes logros, cuando saben que no quieren tocar a poderosos, amigos, y su balance es muy precario”.

Por el contrario, el sociólogo y docente de la Universidad del Rosario Carlos Charry no cree que ni el Procurador General ni el Defensor del Pueblo estén haciendo campaña: “Quizás la lectura adecuada es que están haciendo un trabajo comprometido y dedicado, que hace pensar a muchos que pueden ser presidenciables”.

“Y en caso de ser así, y no estar inhabilitado por la ley, sería plenamente legítimo que, una vez terminados sus respectivos períodos en el cargo, se presenten a la consideración del electorado”, precisa.

También llama la atención sobre el hecho de que no es la primera vez que el tema está en la discusión pública, puesto que, por ejemplo, el exprocurador Alejandro Ordóñez aspiró poco tiempo después de dejar el cargo a ocupar la Primera Magistratura, siendo vencido en la consulta partidista por el hoy presidente Iván Duque.

Otros jefes de entes de control han aspirado a la Presidencia (Horacio Serpa, Viviane Morales, Alfonso Gómez M.), pero sus candidaturas llegaron varios años después de dejar sus cargos.

El analista González le ve poco futuro a la propuesta aupada por Barbosa: “No creo que sea constitucional ni que logre abrirse paso una inhabilidad de ese tamaño, ya sea porque los amigos del Procurador la dosifiquen en el trámite congresional, porque no se apruebe o porque la Corte Constitucional la tumbe”.

De hecho, considera que el Fiscal podría terminar ‘haciéndoles’ el favor al Procurador y al Contralor de ponerlos a como presidenciales.
En cambio, el experto propone que, para evitar que los cargos sean utilizados para hacer política, “se necesita una opinión pública crítica y periodistas y medios también críticos, que sepan leer las actuaciones de los funcionarios públicos”.

“Por ejemplo, la Procuraduría es un Leviatán que da facultades al Procurador para hablar de lo divino y lo humano y hace muy poco o nada. Lo mismo en el caso de entidades como la Contraloría”, puntualiza.

A su vez, el profesor Charry considera que es “perfectamente posible y recomendable para una democracia que los funcionarios públicos que tienen un excelente desempeño sean considerados por las mayorías para cargos de elección popular”.

En su opinión, más que restringir que lo puedan hacer, lo mejor sería lograr que estos servidores públicos cumplan con sus periodos constitucionales y evitar que renuncien para aspirar al cargo de elección popular.

A propósito, si la Vicepresidenta de la República, quien también se midió con Iván Duque en la consulta para las últimas presidenciales, o el actual Ministro de la Defensa desean aspirar a la Jefatura de Estado, deberán renunciar a sus cargos a más tardar en mayo de 2021 para no inhabilitarse.

Esto porque la ley vigente señala que cualquier funcionario público que aspire a ese cargo deberá dimitir un año antes de la elección del Primer Mandatario.

El Acto Legislativo 2 de 2015 estableció que los vicepresidentes de la República que quieran aspirar a la Jefatura del Estado también deben renunciar máximo un año antes.

En su momento, ese agregado fue leído como en contra de Germán Vargas Lleras, que para la época era el segundo a bordo del Ejecutivo encabezado por Juan Manuel Santos.

Antes y ahora aplica para servidores públicos con jurisdicción y mando (ministros, registrador, magistrados de las altas cortes y jefes de entes de control).