El triste panorama para la reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia

El más reciente informe presentado al Congreso de la República por la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría, como parte del monitoreo y seguimiento a la Ley de Víctimas, alerta sobre preocupantes retrasos en el cumplimiento de esta.

Según ese reporte, desde la entrada en vigor de la Ley 1448 de 2011 hasta la fecha solo se han indemnizado 1.368.269 víctimas, cifra que corresponde al 14 % de las 9.409.808 víctimas inscritas para recibir alguna indemnización.

En otras palabras, al ritmo que lleva la entrega de indemnizaciones, se necesitarían más de cien años para cumplirles a todas las personas que han resultado perjudicadas de alguna manera por el conflicto armado registrado en el país desde hace décadas, por lo que muchas fallecerían sin recibir el reconocimiento que a tienen derecho, como lo señaló hace poco el propio presidente Gustavo Petro.

“Procuraduría, Contraloría y Defensoría dicen que la reparación de las víctimas costaría 334 billones de pesos y que el programa está retrasado. Tienen razón. Con 2 billones de pesos anuales invertidos en reparar víctimas, nos demoraríamos 150 años en repararlas”, aseguró el Mandatario.

Los recursos que deberían haber llegado a estas personas tienen un atraso en términos de vivienda, de $ 118 billones; indemnización individual y colectiva, $ 83,6 billones; generación de ingresos, $ 36,8 billones; subsistencia mínima, $ 12,9 billones, y educación superior, $ 7,1 billones.

“Ha decrecido su participación en los subsidios de vivienda asignados, pasando de 73,4 % en 2013 a 11,9 % en 2023 y la condición de pobreza monetaria y extrema de la población víctima es superior l total nacional”, dijo Luz Amparo Echeverry, contralora delegada para el Posconflicto.

Desde la misma comisión se advierte de la tendencia creciente de los eventos de confinamiento en los últimos tres años, así como de una marcada concentración mayoritaria de confinamientos en los departamentos de Chocó, con 92 eventos (52,3 %), Nariño, con 20 (11,4 %), y Arauca, con 19 en los últimos 3 años (10,8 %).

Agregando que Nariño, Valle del Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Cauca presentan las mayores necesidades de atención de víctimas de desplazamiento forzado y dinámicas de conflicto armado persistentes.

Principales causas del retraso

Desde la Contraloría se señaló que entre las principales causas para el retraso en la indemnización de las víctimas están la insuficiencia de los recursos, las deficiencias en la articulación interinstitucional, los problemas con los sistemas de información y las demoras en la expedición de normativas clave.

“Desde 2012 hasta 2023 el Gobierno ha ejecutado recursos por $ 218,5 billones a precios constantes de 2024, pero esto no ha sido suficiente para atender a la totalidad de las víctimas. Desde la Contraloría se ha alertado que entre 2024 y 2031 se necesitarán aproximadamente $ 303,9 billones, lo que pone de manifiesto la magnitud del desafío financiero”, afirmó Echeverry.

A esto se suma la falta de coordinación efectiva entre las entidades nacionales y territoriales, que ha sido un obstáculo importante, según la fuente; la insuficiente integración de los sistemas de información sobre la población víctima, y las demoras en la expedición del decreto de modificación de la estrategia de corresponsabilidad que ha estado en trámite durante más de tres años sin avances concretos.

“Todo esto ha impedido una mejor coordinación y asignación de recursos para la atención a las víctimas, añadió.

De otro lado, ante la pregunta de si se habrían presentado casos de desfalcos en la atención a esta población por parte de las entidades creadas para ello, los entes de control sostienen que, si bien “no se puede afirmar categóricamente que hubo robo”, sí han hallado posibles casos de detrimento patrimonial por valores significativos.

“Para el año 2023 se estableció un posible detrimento de $ 25.718 millones y en 2024 de $ 2049 millones. Además, la Contraloría cuenta con actuaciones de responsabilidad fiscal en trámite por valor de $ 43.681 millones, las cuales incluyen procesos de responsabilidad fiscal e indagaciones preliminares para determinar las implicaciones de estos hallazgos”, precisó la Procuradora Delegada para el Posconflicto.

Qué camino les queda a las víctimas

La directora de la Unidad para las Víctimas, Lilia Solano, señaló que en trece años de implementación de la ley, el actual es el único Gobierno que se ha comprometido con la reparación integral. No obstante, aceptó que sí existe el rezago denunciado.

“Otros gobiernos han invertido mucho durante la época del conflicto en gasto militar y en seguridad, y se dejó a un lado la reparación de las víctimas, pero el conflicto sigue y sigue produciendo víctimas”, aseguró.

También indicó que actualmente hay 200 mil personas víctimas del delito de desaparición forzada, siendo Antioquia, Guaviare Meta, Norte de Santander y Caquetá las regiones del país donde está más atrasado el proceso de reparación a las personas damnificadas por el conflicto que se viene registrando en Colombia.

Y agregó se está trabajando en la búsqueda de recursos para que pueda agilizar esa indemnización.

Según la funcionaria, lo primero es que hay la posibilidad de que la comunidad internacional se una a una estrategia nacional para que se consigan $ 343 billones.

“Estamos pensando que se consigan los recursos a corto mediano y largo plazo, de tal forma que, llegue el Gobierno que llegue, tenga que honrar el compromiso de reparar a las víctimas; son muchos recursos, pero no inalcanzables”, aseguró.

La segunda posibilidad, explicó la Directora de la Unidad de Víctimas, tiene que ver con una solicitud a la Embajada de los Estados Unidos para que se entreguen los bienes y los recursos que cedieron los jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia que fueron extraditados a ese país a cambio de la rebaja de sus penas.

“Ellos fueron juzgados por delitos asociados al narcotráfico, pero su compromiso también era aportar verdad, justicia y reparación a las víctimas, pero eso quedo pendiente”, anotó.

Y Solano concluyó: “No nos gustaría que esperen cien años. ¿Cuál será la cifra si continua el conflicto y sigue el contador de víctimas en Colombia? Llegará un momento en que será casi impagable”.