GOBIERNO NACIONAL
¿Es posible decretar un estado de excepción para que Petro apruebe sus reformas sociales sin que pasen por el Congreso?
El País consultó a dos analistas sobre los caminos que el Presidente podría tomar en caso de que el Legislativo no avale la reforma a la salud o la pensional, la laboral, o el proyecto de ley para el sometimiento de las bandas criminales, por ejemplo.
“Suponiendo que el Estado de Derecho no va a ser alterado por el Gobierno Nacional, pueden suceder varias cosas: lo primero es que los proyectos de las reformas se archiven y el Presidente no pueda consolidar sus reformas. Eso daría lugar a que busque guías para promulgar las iniciativas a través de decretos. Las vías para esa declaratoria son a través de los estados de excepción o por la concesión de funciones extraordinarias por parte del Congreso o por medio del Plan Nacional de Desarrollo, porque en él están inmersos un montón de funciones extraordinarias especiales y transitorias”.
De esa forma el analista político de la Universidad Central Jorge Yarce explica algunos de los escenarios en los cuales Gustavo Petro podría desconocer al Congreso de la República para desarrollar sus reformas sociales.
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La incógnita de que eso pueda suceder se dio luego de que el Mandatario evidenciara en su discurso del pasado martes 14 de febrero que la calle sería su instrumento político para imponer las iniciativas de su Gobierno con ayuda de sus seguidores, instándolos a que si en Legislativo no reciben el apoyo necesario, los colombianos se movilizarían para exigirlas.
Por ello, Yarce plantea otro panorama en el que el Ejecutivo podría llevar a cabo sus proyectos sin depender del Congreso: “En un escenario donde no se respete el Estado Social de Derecho lo que buscaría Gustavo Petro es crear una situación de crisis, una situación fáctica de hecho y de derecho que obligue a la constitución de un gobierno de emergencia, es un estado de excepción, pero verdaderamente crítico, tendría que ser un estado de conmoción interior o guerra exterior por el que el Ejecutivo empieza a trabajar por decreto y el control constitucional es posterior”.
En ese sentido, el analista señala que esa presión que está ejerciendo Petro en el Legislativo se debe a que “a pesar de que el Presidente cuenta con mayorías numéricas en el Congreso, parece no contar con el respaldo mayoritario para las reformas, particularmente, la de la salud, porque los congresistas no pretenden legislar en contra de sus propios intereses y la salud es un tema que nos atañe a todos y sobre todo los sistemas de atención privados”.
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De su lado, el director del doctorado en Estudios Sociales de la Universidad del Rosario, Carlos Charry, observa que “lo que parece diferente en el Gobierno Petro es que utilice la movilización ciudadana como una herramienta de presión política, porque se supone que los movimientos sociales deben ser iniciativas de carácter ciudadano, independientes y autónomas a los grandes poderes, ya que es el principal método para que las instituciones y los gobiernos hagan transformaciones o garanticen un derecho”.
Agrega que “se supondría que en una democracia mucho más madura serían los propios movimientos sociales que autónomamente salen a marchar por su propia cuenta en defensa o en rechazo de una reforma o un proyecto. Sin embargo, a la luz del discurso pronunciado el otro día, hay una fuerte contradicción, porque Petro, por un lado, dice que se presentan las reformas para generar debate en el Congreso con los más altos estándares de calidad intelectual y técnica, pero al mismo tiempo amenaza con que si no le aprueban las iniciativas él saca a la gente a marchar”.
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