¿Es posible que la terna fiscal se vea afectada por el escándalo de Nicolás Petro?

Durante una declaración ante la Fiscalía, Nicolás Petro hizo una afirmación contundente al señalar que fondos ilícitos ingresaron a la campaña de su padre, el presidente Gustavo Petro. Esta acusación ha generado incertidumbre sobre la posible modificación de la terna para el cargo de fiscal.

El 2 de agosto pasado, el presidente Gustavo Petro anunció que una mujer será designada para ocupar el cargo de mayor poder en la rama judicial.

Asimismo, el primer mandatario de la Nación, se pronunció a través de su cuenta de Twitter y aseguró: “he escogido tres mujeres con profunda experiencia en el derecho penal y en el ejercicio de su vida profesional como fiscales para integrar la terna para designación de fiscal general; las tres tienen un común denominador: todas arriesgaron su vida por defender los derechos de los seres humanos en el peor momento del genocidio desatado en Colombia”.

Es importante mencionar que el presidente Gustavo Petro ha solicitado la designación de un fiscal ad-hoc para llevar el caso de su hijo, Nicolás Petro, una vez que el actual fiscal, Barbosa, abandone el cargo.

A pesar de esta situación, la terna para la Fiscalía permanece intacta, sin cambios ni intentos de reemplazar a las candidatas: Ángela María Buitrago, Amparo Cerón y Amelia Pérez.

Estas tres candidatas cuentan con una destacada trayectoria liderando investigaciones sobre casos importantes como el escándalo de Odebrecht, la toma del Palacio de Justicia, las chuzadas del DAS, el atentado al Club El Nogal y la masacre de El Aro.

¿Quiénes conformarán la terna fiscal?

Amparo Cerón Ojeda

El punto culminante de la carrera de Amparo fue su destacada investigación sobre Odebrecht en Colombia. La abogada, graduada de la Universidad Santo Tomás, ha complementado su formación con estudios en administración municipal, administración pública, derechos humanos, derecho penal y derecho internacional humanitario en la Universidad Del Rosario.

Desde 1989, ha sido parte de la Fiscalía, donde ha trabajado durante 21 años ocupando diversos cargos, como fiscal seccional, regional, especializada y delegada en el tribunal. Además, ha desempeñado funciones como directora seccional del CTI en las ciudades de Pereira y Bogotá.

Amelia Pérez Parra

Amelia Pérez Parra, una destacada fiscal, ejerció como delegada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía en Colombia. A lo largo de su carrera, se dedicó a investigar casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos en el país, entre ellos la masacre de El Aro ocurrida en octubre de 1997 y la masacre de Trujillo que tuvo lugar entre 1986 y 1994.

Sin embargo, su valiente y comprometido trabajo no estuvo exento de riesgos. Debido a las amenazas que recibió en 2003, tuvo que abandonar el país y buscar refugio en Canadá. Durante su liderazgo en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, llevó adelante investigaciones fundamentales sobre la guerra paramilitar y sus conexiones con el Ejército Nacional durante los años 90.

Es importante resaltar que la Corte Suprema de Justicia tiene la responsabilidad de elegir a una de las tres mujeres previamente seleccionadas por el presidente Gustavo Petro para ocupar el puesto vacante dejado por Francisco Barbosa. El tribunal llevará a cabo entrevistas con las tres candidatas y realizará una evaluación exhaustiva para tomar una decisión sobre quién será la próxima fiscal general de la nación. Finalmente, la votación se realizará en la Sala Plena para tomar la decisión definitiva.

Ángela María Buitrago

La abogada y exfiscal Ángela María Buitrago, también conocida como la “fiscal de hierro”, tuvo un destacado liderazgo en casos importantes como el del Palacio de Justicia, la parapolítica y las chuzadas del DAS.

Sin embargo, su partida de la fiscalía en 2010 fue objeto de controversia. En ese momento, el fiscal General (e) Guillermo Mendoza Diago solicitó su renuncia debido a preocupaciones sobre su gestión. Se cuestionó que algunos de los casos más significativos que estaban bajo su responsabilidad no habían sido debidamente investigados y se sugirió que simplemente los llevó a juicio sin un progreso adecuado en su desarrollo, lo que llevó a que fueran considerados como “estancados”.