“Es una mala lectura decir que, por el cese al fuego, los grupos armados se expanden”: negociador del Gobierno con la guerrilla EMC

Por Olga Lucía Criollo, Editora de Política y Paz

“Hay que esperar a que se decanten las circunstancias que llevaron al cese y que se modifique radicalmente el panorama, que se desescale cualquier agresión a la población civil, que haya un respeto absoluto a la vida de la gente, cero atentados terroristas. Esas son situaciones que dan mensajes muy importantes de disposición a una negociación de paz, y no se ven en la agenda del día”. En entrevista con El País, así responde Camilo González Posso, jefe negociador del Gobierno con las disidencias de las Farc autonombradas Estado Mayor Central, a la pregunta de qué tendría que suceder para que se vuelvan a suspender las hostilidades contra la facción de esa guerrilla que lidera ‘Iván Mordisco’, que en las últimas semanas ha reavivado la violencia en el departamento del Cauca.

¿Qué está pasando en el Cauca, que casi todos los días se conoce un hecho de violencia distinto?

En el Cauca se han venido presentando situaciones de confrontación y hechos violentos desde tiempo atrás. Incluso, durante la suspensión de confrontaciones por el cese el fuego, el 75 % de infracciones al cese se registraron en el suroccidente, en el Cauca y en municipios vecinos del Valle y Nariño.

Eso se agudizó este año y llevó a la suspensión del cese desde el 20 de marzo y ha derivado en una escalada de confrontaciones en las últimas tres semanas, con ofensivas de la Fuerza Pública y atentados y terror por parte de esas estructuras armadas y eso refleja dificultades enormes por las disputas territoriales que hay, y hay comunidades en resistencia muy fuertes, y eso también eleva los niveles de conflictividad, porque las comunidades no se dejan someter tan fácilmente por actores armados. Entonces son victimizados dirigentes indígenas, guardias y líderes sociales, como parte de una problemática que ya tiene un recorrido endémico en el Cauca.

¿Y qué grupos armados están haciendo presencia ahora en ese departamento?

Está el Ejército de Liberación Nacional, que tiene varios frentes en la cordillera Central y hacia el sur del departamento, algunas zonas hacia el occidente, El Tambo y Micay, y está lo que se llama el Estado Mayor Central, EMC, con su bloque suroccidental, que tiene frentes como Dagoberto Ramos, Lázaro Martínez y Carlos Patiño, que son los más sonoros por acciones violentas. También hay grupos de la llamada Segunda Marquetalia, sobre todo en Argelia y municipios vecinos en Nariño. Es una trama muy compleja de estas organizaciones y además, hay grupos de sicarios y una presencia de redes de narcotráfico que tienen sus propios dispositivos violentos, aparte de los servicios que les prestan algunas de estas organizaciones...

Estamos en toda una circunstancia de violencias que se retroalimentan, son rutas importantes para el tráfico de cocaína hacia Buenaventura y los puertos del Pacífico, Tumaco y la frontera con Ecuador; tráfico de oro y minería ilegal, de una forma creciente y depredadora, en los ejidos que van al Pacífico y que se incrementaron con la sobreproducción y crisis de precios de la pasta básica y los elevadísimos precios del oro, que están por las nubes a nivel mundial. Entonces, es un escenario de economías ilegales, con distintas formas de presencia de rutas de mafias internacionales de tráfico de armas, es una mezcla explosiva.

¿Qué tendría que suceder para que el Gobierno vuelva a pactar un cese con las disidencias de las Farc que lidera ‘Iván Mordisco’?

Desde el punto de vista legal, el cese al fuego está suspendido en Valle, Cauca y Nariño. Se han incrementado fricciones en zonas de Huila, Arauca y, recientemente, Guaviare, pero formalmente solo está suspendido con el EMC en esas tres regiones y por lo pronto no hay ninguna señal que indique una variación en el lenguaje o en las pretensiones de estos bloques Occidental o Amazónico, que coordina Iván Lozada, de modo que sería prematuro decir que hay dinámica de volver al cese al fuego.

Hay que esperar a que se decanten las circunstancias que llevaron al cese y que se modifique radicalmente el panorama, que se desescale cualquier agresión a la población civil, que haya un respeto absoluto a la vida de la gente, cero atentados terroristas. Esas son situaciones que dan mensajes muy importantes de disposición a una negociación de paz, y no se ven en la agenda del día.

Esta semana se dijo que ‘Iván Mordisco’ ya no es la máxima voz del Estado Mayor Central. ¿Hay una disidencia en esa disidencia?

Sí, hay un fraccionamiento en dos megabloques. Uno que agrupa toda la parte suroriental y la parte norte del Magdalena Medio y, por otro lado, están los que reconocen a Lozada, que son básicamente el Bloque Occidental y el Amazonas. Se mantiene en la mesa el que era el segundo de Lozada, Calarcá, y la gente del Magdalena Medio. Según ellos, han quedado 50 y 50. 50 siguen en la mesa y 50 están alineados con la postura del EMC en el Cauca.

¿Qué les responde a quienes dicen que estos grupos aprovechan los ceses al fuego para expandirse y aumentar su presencia en los territorios?

Con cese y sin cese, estos grupos se han venido expandiendo. La estructura armada ilegal que más ha crecido en los últimos años es el llamado Clan del Golfo, que en el último año, según dicen, creció 30 %, y no ha tenido cese. Entonces, la variable que define el crecimiento o expansión no es tanto el cese, sino las modalidades de captura, coerción y sometimiento a organizaciones, líderes y poblaciones, y las dinámicas de las economías ilegales, y no hay cese contra ellas, así que no se le puede atribuir al cese la responsabilidad.

Al contrario, lo que se observa es que en los periodos de cese hay disminución de violencias contra la población y eso ya es una ganancia, además de posibilidades de participación de la gente para empoderarse buscando la paz. Es una mala lectura decir que es por el cese que tienen expansión. Yo creo que es por sus nuevos métodos y por las limitaciones de la acción del Estado para contrarrestar las prácticas que caracterizan esas estructuras.

¿Está de acuerdo en que demora en la implementación del Acuerdo de La Habana está contribuyendo a una expansión de la violencia en el país?

Eso lo dicen también los firmantes del Acuerdo, los voceros de Comunes, señalando que las dificultades y la mala implementación de los Acuerdos ha generado un escepticismo frente a los diálogos de paz y ha facilitado la reorganización de estos grupos, pero hay otros factores, y uno de ellos es que en el 2016 quedaron por fuera muchos milicianos y gente de estructuras afines a las Farc que no fueron incorporados y, ante la no implementación de los Acuerdos, quedaron a merced de las convocatorias de organizaciones mafiosas o de los disidentes o reincidentes del proceso 2016. Entonces, es una suma de circunstancias, donde la gran responsable es la debilidad de respuestas de la sociedad y el Estado frente a los factores generadores de violencia. Ahí está la clave: no ser eficientes.

Algunos sectores aseguran que el gobierno Petro, para buscar la llamada Paz Total, ha contenido el accionar de las Fuerzas Militares. ¿Qué opina?

No creo que el cese al fuego signifique limitación a la Fuerza Pública para combatir el crimen o las economías ilegales. Al contrario, se supone que, en condiciones de cese, debe redoblarse la institucionalidad del Estado en todas sus dimensiones en contra de las economías ilegales. La orientación del Gobierno ha sido la movilización mayor contra esas economías ilegales.

No hay ninguna impunidad derivada de acuerdos de cese al fuego. Persecución al delito, acción frente a actos en flagrancia y judicialización de quienes van en contra de la ley y el Código Penal, sin eso no hay cese al fuego.

¿Pero reconoce que en estos dos años de Gobierno se ha bajado la ofensiva por parte de las Fuerzas Militares?

Habría que analizar los resultados operacionales, sobre eso hay informes que habría que mirar en detalle, y no solamente frente a los grupos que se definen ideológicos, sino también frente a grupos criminales de alto impacto, como las mafias.

Algunos analistas sostienen que el Gobierno ha abierto tantos frentes de negociación con todo tipo de grupos armados y de manera tan diversa que pareciera que la Paz Total no tiene un norte claro…

Es una obligación del Estado buscar la disminución de la violencia, proteger a los ciudadanos. Es también un mandato constitucional buscar la paz, que es un derecho y un deber, y haría mal cualquier Gobierno que se abstenga de buscar respuestas a una forma de criminalidad o que a unas estructuras las deje quietas y solo se concentre en un punto. No puede considerarse que el cumplimiento de un mandato constitucional sea una pérdida de norte. No más desde un punto de vista práctico, para poder avanzar en los acuerdos con el EMC, en el Catatumbo, es fundamental que al mismo tiempo se den avances en disminuir violencias desde el ELN. Por eso allá han buscado diálogos y tienen una especie de tregua, y eso facilita que la gente participe y se busquen caminos de paz, y frente a la violencia no es nuevo que se hayan hecho ese tipo de diálogos.

¿O sea que usted considera que esa es una estrategia necesaria?

Bajos diferentes modalidades, en muchos gobiernos se han hecho diálogos simultáneos. Por ejemplo, durante el gobierno de Uribe al mismo tiempo se estaba en negociaciones con los paramilitares y había conversaciones con el ELN, y en Medellín, con las mafias. Lo mismo cuando Belisario Betancur, al mismo tiempo se estaba negociando en la Uribe con las Farc y, por el otro lado, en el diálogo nacional con el M19, el EPL y otros grupos. Entonces, no es nuevo, lo que hay que ser es más eficaz, porque precisamente hay que pasar de esas paces parciales a una paz más completa.

En lo que tiene que ver con el conflicto armado interno y con estas formas de confrontaciones con sentido sociopolítico, es fundamental que se cierre ese capítulo en Colombia, no que estemos condenados y que cada ocho años se dé una negociación con un grupo y luego con otro. Hay que buscar el cierre de las dinámicas de rebelión y de conflicto armado interno y eso es algo que requiere conversaciones simultáneas y una estrategia general.

¿Qué opina de las diferencias que se están registrando entre el exsecretariado de las extintas Farc y la JEP?

Todo lo de justicia transicional es fundamental, no solamente en relación al proceso del 2016 con las Farc, sino que hay que ponerle la lupa para lo que tiene que ver con los procesos actuales. En lo que respecta al Estado Mayor Central, en la agenda de conversaciones tiene lugar todo lo relacionado con seguridad y justicia, y allí tocará analizar en detalle lo que ha pasado y está pasando con la JEP, que es un punto de referencia. La gran pregunta es ¿cómo se aplica la justicia transicional en los nuevos procesos?