Estados Unidos aumentó la recompensa por la captura de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello a 25 millones de dólares

Como parte del Programa de Recompensas por Narcóticos del Departamento de Estado, Estados Unidos aumentó la recompensa por información que ayude a dar con la captura y/o condena de Nicolás Maduro y de su ministro del Interior, Diosdado Cabello, por hasta 25 millones de dólares.

Además, se añadieron 15 millones de dólares más como recompensa por la captura y/o condena del Ministro de Defensa nombrado por Maduro, Vladimir Padrino.

“El Departamento de Estado también impuso nuevas restricciones de visas en virtud de la Proclamación Presidencial 9931 a los funcionarios alineados con Maduro que han socavado el proceso electoral en Venezuela y son responsables de actos de represión”, indicó el Departamento de Estado.

El gobierno del presidente saliente Joe Biden contraatacó poco después de que el líder chavista se posesionara como primer mandatario por tercera vez consecutiva en Caracas.

Además, funcionarios estadounidenses afirmaron a periodistas que esta investidura era una “farsa”. Edmundo González Urrutia “debería haber sido investido hoy como el próximo presidente de Venezuela” porque “hay pruebas indiscutibles de que ganó” las elecciones del 28 de julio, agregó un funcionario estadounidense que pidió el anonimato.

Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE) sin que se hayan publicado las actas.

Paralelamente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a ocho altos cargos venezolanos por dirigir organismos económicos y de seguridad “que permiten la represión” y “la subversión de la democracia en Venezuela”.

Entre los sancionados figura el presidente de la petrolera PDVSA, Héctor Andrés Obregón, y el ministro de Transportes y presidente de Conviasa, la aerolínea estatal, Ramón Celestino Velásquez.

Al mismo tiempo, para “apoyar a los venezolanos” el gobierno de Biden decidió ampliarles 18 meses el amparo migratorio que otorga permiso de residencia y trabajo, conocido como Estatus de Protección Temporal (TPS).

El Departamento de Seguridad Interior considera “justificada” esta ampliación porque “Venezuela sigue enfrentando crisis políticas y económicas bajo el régimen represivo de (el mandatario Nicolás) Maduro, con condiciones que han contribuido a altos niveles de crimen y violencia”, declaró a periodistas una funcionaria que ha pedido el anonimato.

Pero Washington evitó cancelar las licencias individuales que otorgó a algunas petroleras para operar en Venezuela, entre ellas la estadounidense Chevron, algo que pide con insistencia la oposición venezolana. Se seguirán aprobando “caso por caso”, informó un funcionario.