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Estas serían las razones por las que se caería el nombramiento del exmagistrado Gustavo Gómez como nuevo director de la Agencia Jurídica del Estado

Así lo reveló la revista Semana por medio de fuentes de la Casa de Nariño. El jurista aún no ha asumido oficialmente el cargo.

11 de marzo de 2024 Por: Redacción El País
La hoja de vida se hizo pública  para el cargo de “Director General COD E3 Grado 08 Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado”.
El exmagistrado del Consejo de Estado llegaría a reemplazar en el cargo a Martha Lucía Zamora, quien renunció por diferencias con el canciller, Álvaro Leyva. | Foto: Colprensa

En la mañana de este lunes la revista Semana reveló por medio de fuentes de la Casa de Nariño que en las próximas horas el nombramiento del exmagistrado del Consejo de Estado, Gustavo Gómez Aranguren, como nuevo director de la Agencia Jurídica del Estado se podría caer. La razón se debe a que el jurista durante una entrevista hizo referencia a la polémica licitación de los pasaportes que ya dejó por fuera de esa entidad a la anterior directora, Martha Lucía Zamora, y tiene suspendido por tres meses al canciller Álvaro Leyva.

Y es que al parecer la opinión de Gómez Aranguren sobre dicho caso no cayó para nada bien dentro del Gobierno Nacional debido a que estaría en contra de la posición del propio presidente Petro, quien ha calificado la asignación de ese contrato a Thomas Greg & Sons como una “monopolización de todos los datos privados en una sola empresa privada” y, por lo tanto, eso le costó el cargo a José Antonio Salazar como el secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores por adjudicar a dicha organización el contrato para la elaboración de pasaportes.

Presidente Gustavo Petro y el exmagistrado Gustavo Gómez Aranguren
Al parecer la opinión de Gómez Aranguren sobre la licitación de pasaportes no cayó para nada bien dentro del Gobierno Nacional debido a que estaría en contra de la posición del propio presidente Petro, quien ha calificado la asignación de ese contrato a Thomas Greg & Sons como una “monopolización de todos los datos privados en una sola empresa privada”. | Foto: Foto Presidencia y foto Colprensa

La designación de Gómez empezó a sacudirse cuando el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, manifestó que le pidió una consulta a la Agencia Jurídica del Estado para definir si la mejor salida frente a ese cuestionado proceso es adjudicar a Thomas Greg, como lo hizo Salazar, o continuar con una licitación que tenga varios oferentes.

Al día siguiente de ese anuncio, el exmagistrado Gómez, quien todavía no ha asumido oficialmente el cargo, dijo lo siguiente en Blu Radio sobre ese proceso: “Si la decisión del juez es en uno u otro sentido, es el acatamiento que debemos profesar y practicar frente a la figura del juez, entonces no veo la razón que una decisión judicial debidamente razonada implique una crisis. Si es en el sentido a el Gobierno tiene que aceptar la decisión que adopte la Sala de Consulta del Consejo de Estado; y si es en el otro sentido, igual tiene que el Gobierno someterse”.

Imagen del video en el que la exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, declara ante la Procuraduría.
Las palabras del exmagistrado Gómez hicieron memoria a Martha Lucía Zamora, exdirectora de la Agencia Jurídica, quien fue destituida del cargo tras emitir un concepto que la gran conclusión era “adjudicar”. | Foto: Pantallazo video

Las declaraciones de Gustavo Gómez Aranguren serían la razón principal por la que su llegada a la dirección de la ANDJE se caería en las próximas horas, pero para que la entidad no se quede sin su jefe, el Gobierno estaría pensando en dejar a Jhon Camargo, quien se quedó al mando de la Agencia después de la salida de Paula Robledo a la Secretaría Jurídica de la Presidencia.

Cabe recordar que el contrato de los pasaportes sigue causando estragos en el Gobierno Petro y de hecho, este martes 12 de marzo, el suspendido canciller Leyva volverá al juicio disciplinario que avanza en su contra en la Procuraduría después de declarar desierta esa licitación en el 2023 y después emitir una norma de urgencia manifiesta para garantizar que esos documentos en Colombia se dejarán de producir.

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