Este es el nuevo contrato multimillonario del gobierno Petro que causa polémica; ¿de qué se trata?

En las últimas horas se conoció un multimillonario contrato que se concretó entre el Gobierno Nacional y una reconocida empresa logística de la ciudad de Medellín.

El nuevo contrato firmado el 31 de octubre de 2023 por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) se otorgó a la empresa Plaza Mayor Medellín para brindar servicios logísticos en los eventos del Ejecutivo.

De esta manera, se conoció que el acuerdo legal, que tiene un valor de $3.645.932.114 millones, y busca que la reconocida empresa de eventos se encargue de planificar y producir los eventos relacionados con el presidente de la República, Gustavo Petro, durante los próximos seis meses, hasta el 30 de abril de 2024.

Según el contrato, la Consejería Presidencial para las Regiones recibirá $1.848.604.854 para eventos, la Jefatura de Despacho Presidencial recibirá $822.085.192 para sus eventos, y el Área Administrativa recibirá $945.242.068 para sus salones de Estado y casas privadas.

Incluso se especifica en el documento que deben estar dispuestos a establecer “ollas comunitarias” en comunidades indígenas y afroamericanas, “y otros grupos o territorios en donde se requiera el servicio, una vez cumplida la concertación respectiva”, lo que provocó controversia en las redes sociales como X, por parte de varios sectores políticos.

“Cuando se solicite la realización de una olla comunitaria, el contratista como gestor logístico y un delegado de la dependencia responsable como articulador, informará a los pueblos étnicos y campesinas, que presten este servicio, la responsabilidad de la correcta manipulación de alimentos, minimización de riesgos de intoxicación, entre otras afectaciones a la salud de los asistentes”, dice en el documento.

“El contratista se obliga con la entidad, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, a prestar los servicios de planificación, organización, operación y producción de todas las acciones logísticas necesarias para la atención de las actividades requeridas por el señor presidente de la República”, se puede leer en el documento.

Por último, también se detallaron los precios máximos que se deben pagar por cosas como botellas de agua, almuerzos en categorías A y B, refrigerios en cuatro categorías, artículos para invitados y su comodidad, costos de utensilios y hasta portátiles, entre otros productos y elementos.

Líos del senador Ciro Ramírez por contratos irregulares

La Fiscalía ya compulsó copias a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema para investigar al senador Ciro Ramírez como presunta cabeza de una red de corrupción en irregularidades de millonarios contratos en varios departamentos del país.

Esta decisión se dio luego de la imputación de los delitos de concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos contra Katherine Rivera Bohórquez, integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo del senador; y el contratista Anderson González González.

Parece ser que los dos acusados están involucrados en un sistema de corrupción en el que habrían manipulado hasta 15 contratos en Tolima, Quindío y Valle del Cauca, desde noviembre de 2020 hasta finales de 2022, con un valor superior a los 9.376 millones de pesos.

De acuerdo con los hallazgos del estudio, se habrían firmado acuerdos entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y la empresa industrial y comercial del Estado llamada “Proyecta Quindío”.

Según la Fiscalía, la funcionaria Katherine Rivera Bohórquez se desempeñó como intermediaria con el senador y habría seleccionado de manera irregular y directa a González González y a varias empresas en las que tenía participación para otorgarle contratos.

“El contratista presuntamente recibió anticipadamente información privilegiada sobre el presupuesto, fechas de publicación de las licitaciones y varias de las condiciones exigidas en los procesos de selección, de tal manera que ajustó sus propuestas para ser el ganador. Al parecer, por ese favorecimiento acordó el pago de 1.000 millones de pesos, que iban dirigidos al máximo articulador del entramado de corrupción y a otras personas que intercedieron”, expresaron desde el ente investigador.

La Fiscalía ordenó la exigencia de copias a la Corte Suprema para determinar la supuesta implicación y responsabilidad del senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez.