Estos son los reparos del proyecto de ley estatutaria que busca reformar el Código Electoral Colombiano

El Congreso de la República debate este viernes 16 de junio el proyecto de ley estatutaria, el cual busca reformar y actualizar el Código Electoral Colombiano. Cabe mencionar que para convertirse en ley esta iniciativa, se deberá desarrollar el último debate antes del 20 de junio.

De acuerdo con el representante del Pacto Histórico, Alirio Uribe, este proyecto “regula todo lo que tiene que ver con las elecciones, las funciones de las autoridades electorales, la fidelidad electoral, y se aplican a todos los procesos electorales en Colombia”.

Además, el congresista indicó que esta iniciativa, que cuenta con más de 280 artículos, “le da mucha más fuerza al Consejo Nacional Electoral, sobre la Registraduría; digamos que hay un equilibrio de poderes. También es muy importante todo el tema de los softwares, que sea estatal y que pueda ser auditado por los partidos. Se garantiza la paridad de género en todo el tema de las listas, se depura el censo electoral, se controla el trasteo de votos, todo el tema de control electoral. Se fortalecen la inspección y las listas de candidatos por firmas”.

Sin embargo, en dicho documento también se plantea un riesgo de corrupción asociado al artículo 245, en el que proponen que las contrataciones que haga la Registraduría en los procesos electorales sean consideradas un asunto de seguridad nacional. Un hecho que pondría en riesgo la democracia del país.

Bajo este contexto, según la Organización Transparencia por Colombia, lo que implicaría considerar los contratos como un objeto de seguridad nacional es que la información respectiva ya no sería pública y tendría una reserva, esto quiere decir que no podría ser un asunto de control ciudadano.

Según esta propuesta, la ciudadanía solo conocerá la información de los contratos una vez estos ya hayan sido firmados. Además, dicha información solo será publicada en Secop solo después de que los contratos se adjudiquen, dejando pasar por alto los avances que se tiene en materia de transparencia y acceso a la información contractual.

Cabe mencionar que con esta propuesta la Registraduría ya no se verá obligada a utilizar Secop como herramienta transaccional en dicho caso. Esto quiere decir que tanto las licitaciones como los estudios de mercado ya no estarán a disposición de la ciudadanía para que haga su respectiva verificación.

Aunque para el congresista Alirio Uribe, esta iniciativa es “un gran avance”porque, según él, “limita y regula también todo lo relacionado con propaganda electoral, mejora la distribución de puestos de votación, fortalece la observación electoral tanto nacional como internacional”, para la Organización Transparencia por Colombia, el artículo mencionado y el tema de la opacidad en la contratación en los procesos electorales, coloca “en riesgo nuestra democracia”.

Para dicha organización, “el nuevo código electoral debe garantizar la transparencia y evitar que la seguridad nacional sea una excusa para ocultar información crucial para los ciudadanos”.

Por otro lado, es importante mencionar que el Código Electoral Colombiano de la actualidad existe desde el año 1986, por lo que se ha considerado que su actualización es una deuda histórica que tiene el Congreso.

Al respecto, el representante del Pacto Histórico señaló que el Código Electoral “que tenemos hoy definitivamente no responde a las nuevas tecnologías ni a las nuevas dinámicas electorales del país”.

Por último, se debe anotar que para convertir este proyecto en realidad su último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes se debe desarrollar antes del 20 de junio, pues si esto no sucede y no recibe tampoco su eventual conciliación, el proyecto se hundiría de nuevo por falta de tiempo.