Gobernadores afirman que el Ministerio de Hacienda frenará el pago de las pensiones

El pago de los bonos pensionales que hace el Ministerio de Hacienda a los departamentos está en riesgo, según denunció la Federación Nacional de Departamentos (FND), lo que en su concepto peligra la seguridad social y protección de la población.

Así se lo expresó la FND al ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, en donde le expresan su rechazo a una norma dispuesta por la Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social del Ministerio, la cual fue comunicada el pasado 4 de abril.

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“Se informa tanto a los gobernadores y alcaldes, como a las Administradoras de Fondos de Pensiones Privados, Fonprecon y Colpensiones, que, a partir del 11 de abril de 2023 ‘y de manera temporal’, se suspenden todas las solicitudes de retiro para el pago de bonos o cuotas partes de bono pensional con recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet)”, le indican los gobernadores a Ocampo.

Para la FND, la decisión “no cuenta con ninguna justificación ni explicación para las entidades territoriales”, que es un “requisito mínimo” para decisiones que se toman sobre los involucrados en las consecuencias.

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Recuerdan que esa medida “desconoce precisamente lo que establece el mismo artículo 3 de la Ley 549 de 1999, toda vez que, aunque la responsabilidad del pasivo pensional está en cabeza de las entidades territoriales, aspecto que en ningún momento se cuestiona, esa misma disposición establece la razón de ser del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet) a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como instancia administradora de los recursos propios que las gobernaciones y alcaldías destinan y ahorran en ese fondo para el pago de ese pasivo pensional”.

Finalmente indican que la norma no prevé ni faculta al Ministerio de Hacienda para ordenar la suspensión de los retiros para el pago de bonos o cuotas partes de bono pensional con recursos administrados por el Fonpet, “poniendo en riesgo la garantía del derecho fundamental a la seguridad social y protección de la población sujeta a estos pagos”.