“Gobierno de Gustavo Petro continúa promoviendo iniciativas para encarecer la vida de los colombianos”: Christian Garcés

Como lo han hecho este viernes distintos líderes de la oposición colombiana tras el anuncio del gobierno de Gustavo Petro al radicar un proyecto de ley que uscará aumentar el impuesto predial hasta en 300 %, Christian Garcés, representante a la Cámara por el Valle del Cauca del Centro Democrático, también demostró su inconformidad al respecto.

Por medio de un comunicado, el congresista vallecaucano aseguró: “No contentos con aumentar el precio de la gasolina más de $5000 el galón en un año, poner impuestos a productos de consumo diario de los hogares colombianos y pretender aumentar los peajes un 23 % en menos de dos meses, ahora el Gobierno radica un proyecto de ley que permitirá que el aumento del impuesto predial exceda el 100 % al que hoy se limita y pueda llegar entre un 150 % a un 300 %”.

No obstante, simultaneamente, Gárces le propone al congreso un proyecto de ley que “sea ajustado para que se limite el aumento del predial protegiendo el bolsillo de los colombianos”.

Asimismo, el congresista espera a que la mesa directiva de la Cámara de Representantes agende el debate que la oposición propuso de control político sobre el “aumento exagerado del impuesto predial que fue aprobado para realizarse”.

Como conclusión, el representante uribista le hace una invitación a los ciudadanos colombianos “a cerrar filas contra la persecución que hace el Gobierno Petro a los colombianos honestos que pagan impuestos, mientras ofrece beneficios a los criminales”.

Nuevo golpe al bolsillo de los colombianos: proyecto del Gobierno busca incrementar hasta en 300 % el impuesto predial

En los últimos días, la palabra más sonada en el país es ‘alzas’ y ahora el gobierno del presidente Gustavo Petro busca sumar una más que terminaría por desfondar el bolsillo de los hogares colombianos: un alza en el impuesto predial.

A través de un proyecto de ley se busca fijar un tope máximo en el cobro de este impuesto. El anuncio dejó en alerta principalmente a los propietarios de inmuebles de alto valor.

Dicho proyecto de ley se titula “por medio del cual se adoptan medidas en materia de impuesto predial unificado, se modifica parcialmente la Ley 44 de 1990, se deroga la Ley 1995 de 2019 y se dictan otras disposiciones” y fue radicado esta semana por los ministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica.

La propuesta lo que plantea es un incremento máximo hasta del 50 % del monto liquidado por el mismo concepto del año anterior, para los predios urbanos con destino económico, habitacional o comercial y cuyo avalúo catastral sea menor o igual a 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Asimismo, para los predios rurales que se encuentran dentro de algunas de las siguientes categorías: habitacional, comercial, rural o de soportes de infraestructura, área para producción agropecuaria, institucional y áreas de conservación y protección, y cuyo avalúo catastral sea menor o igual a 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La propuesta también contempla un aumento de hasta el 100% del monto anterior para propiedades urbanas con un avalúo catastral superior a 135 y hasta 250 salarios mínimos.

Igualmente, un incremento de hasta el 200% para propiedades urbanas y rurales con avalúos catastrales superiores a 350 y hasta 500 salarios mínimos.

Y como si fuera poco, un aumento de hasta el 300% para propiedades urbanas y rurales con avalúos catastrales superiores a 500 salarios mínimos.

En el proyecto, conocido por SEMANA, los ministros Bonilla y Mojica aclaran que “las administraciones municipales y distritales, en el marco de su autonomía y sus competencias institucionales y legales, analizarán los impactos de los procesos de formación, actualización y conservación catastral, de la aplicación de la metodología de reducción de rezago de avalúo catastral dispuesta por el artículo 49 de la Ley 2294 de 2023, y los límites de crecimiento del IPU de la presente ley, para determinar si procede a realizar una propuesta de acuerdo para un trámite y aprobación ante los concejos municipales o distritales que permita modificar sus normas tributarias bajo los principios de equidad y progresividad”.