¿Hay cabida para los exjefes paramilitares en la JEP?

La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, debería escoger y proceder algunos casos emblemáticos de exjefes paramilitares condenados mediante la Ley de Justicia y Paz, con el fin de reparar a las víctimas del conflicto armado colombiano.

Esa es la opinión de varios analistas que consideran que, si bien los antiguos líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, ya pagaron sus delitos, tras ser juzgados a través de un mecanismo de justicia transicional anterior al aprobado en La Habana, esa sería la forma de lograr que esas víctimas sean compensadas en términos de verdad y de garantías de no repetición.

Pero esos analistas reconocen que no es un camino fácil, debido, entre otras cosas, a que Rodrigo Tovar Pupo, conocido como ‘Jorge 4o’, quien regresó a Colombia el pasado lunes, tras pagar su condena en Estados Unidos, adonde fue extraditado doce años atrás, ya fue rechazado en una oportunidad por la JEP.

“El caso de alias Jorge 40 representa un galimatías jurídico precisamente por las diferentes evasivas que tanto él como otros líderes exparamilitares hicieron al sistema de Justicia y Paz, lo que da cuenta de la debilidad del Estado para hacer cumplir los acuerdos”, sostiene el docente de la Universidad del Rosario Carlos Charry, quien reconoce que resulta “muy complicado” que la JEP los tenga en cuenta cuando fueron expulsados de una jurisdicción especial previa, lo cual constituye un antecedente negativo.

Por ello, explica el sociólogo, Tovar Pupo ahora se presenta como un civil “y ahí su condición cambia, porque quiere pasar de ser juzgado como un actor armado a un tercero civil interesado, entonces muy probablemente la negativa de la Jurisdicción de Paz se vaya a mantener.

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El experto reconoce que es muy difícil compatibilizar la Ley de Justicia y Paz y JEP, “porque fueron producto de acuerdos diferentes por parte del Estado, entonces si bien ambas son justicias tradicionales, son de diferente calado y buscan una finalidad distinta”.

Sin embargo, a renglón seguido asegura que lo que debe prevalecer es la restauración de las víctimas y la no repetición, por lo que plantea que la actual Jurisdicción de Paz debería reconsiderar su decisión.

“Si atendemos a este principio superior, que es el de resarcir a las víctimas, así sea moralmente, con verdad y no repetición, creería yo que debería abrirse una discusión en la JEP para que pueda escoger algunos casos emblemáticos, con el fin de reparar a las víctimas, que fue lo que, lamentablemente, en gran medida de Justicia y Paz no logró”, explica Charry.

El valor de la verdad

El también analista Ancízar Marroquín coincide en que “la verdad es importante para sanear las heridas tanto personales (de las víctimas y de sus familias), para saber qué pasó, por qué pasó, dónde pasó, quién participó y quién lo ordenó”.

Y agrega que “la verdad permitiría que la sociedad confirme ‘una memoria’ que facilite el estudio y el análisis de esa realidad y diseñe los instrumentos para evitar que se repita”.

Además, para Marroquín es claro que tanto Rodrigo Tovar como Salvatore Mancuso y alias El Mellizo, entre otros exjefes ‘paras’ sí podrían llegar a la Jurisdicción de Paz: “Sería un escenario maravilloso para facilitar la expresión de los sucesos ocurridos, del funcionamiento del sistema paramilitar, sus propósitos políticos, estructura y financiación”.

Según Marroquín, “los fenómenos tan internados en la historia de la violencia en Colombia debe dar satisfacciones a los ciudadanos y a los afectados directamente e indirectamente. Los exjefes de las AUC ya dieron sus explicaciones y pagaron sus penas y el dinero que les sentenciaron. Ahora deben cumplir lo estipulado en los procesos de paz: verdad completa, reparación a las víctimas y el compromiso de no repetición. Dónde quiera que se necesiten explicaciones, se deben dar”.

Ahora bien, con respecto al caso de Mancuso, quien ha expresado su deseo de venir a contar su verdad al país, el analista Mauricio Jaramillo le dijo a Colprensa que “alimenta la tesis que históricamente ha defendido la izquierda sobre el Pacto de Ralito, que asegura que quienes estaban en la comandancia de las AUC se llevaron la verdad cuando fueron extraditados”.

El riesgo ahora, añade, como en todo proceso de justicia ya sea ordinaria o transicional, es el acceso real a esa verdad, debido a que son los victimarios los que deben contar qué pasó en ese momento, considerado por muchos como un tiempo oscuro.

Pero para Carlos Andrés Arias, también analista político, sería muy peligroso para la estabilidad política y jurídica del país si lo que dice no está acompañado de pruebas contundentes ni definitivas,“sino el tema no pasará de un show mediático.

También sostiene que, contrario a lo que muchos creerían, si los exjefes de las AUC regresan a contar la verdad, disminuiría la polarización, “porque se encontrarían puntos en común, que es lo que necesita el país, sin dejar de desconocer que ambos procesos de paz tienen errores”, como, dice, el hecho de que cuatro años después de firmado el Acuerdo con las Farc, no se haya judicializado a ninguno de sus exjefes, mientras varios de ellos siguen haciendo política en el Congreso.

Pendientes

Tras arribar a Colombia, ‘Jorge 40’ fue presentado en la Fiscalía General, que continuará con los 1486 procesos que se le siguen por varios delitos.

Quien hizo parte del Bloque Norte de las AUC fue expulsado del proceso de Justicia y Paz por su renuencia a colaborar con las autoridades colombianas.

El exjefe ‘para’ registra 38 medidas de aseguramiento y 35 órdenes de captura vigentes.