“Hoy mi vida está en peligro”: Sandra Ortiz, exfuncionaria del Gobierno Petro, llegó a la Fiscalía para declarar en el caso Ungrd

La exconsejera para las Regiones Sandra Ortíz llegó a la Fiscalía para rendir interrogatorio por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, Ungrd, en el que habría servido como “mensajera” para que Olmedo López le entregara dinero a los expresidente del Senado y Cámara.

Antes de ingresar al búnker, Ortiz indicó: “Siento una profunda tristeza, por lo que ustedes han hecho conmigo en este tiempo. Hablo de algunos medios de comunicación, yo soy una mujer sincera y he llegado a donde he llegado por mi sinceridad. Les quiero decir a cada uno de ustedes que por ese perfilamiento que me han hecho, hoy mi vida está en peligro y las de mis dos hijas”.

Y añadió: “Si ustedes tienen pruebas, yo misma se las entrego la Fiscal, vamos y se las entregamos, pero nos sigan haciéndole daño a mi familia”.

Sin embargo, ha sido el mismo ente acusador el que ha señalado la posible participación de Ortiz en el escándalo de corrupción, gracias a los testimonios y pruebas de Olmedo López y de Sneyder Pinilla, quienes han asegurado que la exfuncionaria si formó parte del entramado.

La Fiscalía detectó irregularidades en más de 20 contratos relacionados con la adquisición de carrotanques, su alquiler y compra, además de cuestionamientos en el traslado de $ 100.000 millones de la Agencia Nacional de Tierras.

Fue en esa iniciativa en la que de una forma u otra fichas del gobierno de Gustavo Petro habrían tenido intervención. Con el dinero ganado ilegalmente, según la investigación, López habría entregado $ 3.000 millones a Iván Name, expresidente del Senado, a través de Ortiz y de $ 1.000 millones a Andrés Calle, su par en la Cámara de Representantes, por presunta orden directa de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y exdirector del DNI.

Además, la Fiscalía dijo que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, habría sido quien coordinó el direccionamiento de los contratos en Cotorra (Córdoba), El Salado (Bolívar) y Saravena (Arauca). “En los cuales estaban interesados indebidamente congresistas de las comisiones terceras de Senado y Cámara”, explicó el ente acusador.