“Investigación se perderá con la desviación del interés público”: analistas sobre proceso contra el Presidente por la posible financiación ilegal de su campaña

“En el país existe una paradoja y es que, mientras existe una convicción en la opinión pública respecto a que en la campaña presidencial de Gustavo Petro hubo financiación ilegal, ni la justicia, ni la Comisión de Acusaciones han podido avanzar en la determinación de los delitos que allí se cometieron, que fueron muchos”.

Esa es la reflexión del analista político Jhon Mario González a las investigaciones que se adelantan contra el Mandatario desde junio de este año por las posibles irregularidades en la financiación de su campaña electoral, de las que aún no se resuelve nada.

Como se supo, el pasado lunes fue citada la Comisión de Acusaciones para retomar el proceso contra el Jefe de Estado, sin embargo, de los diez representantes citados, seis no asistieron y los otros cuatro no aportaron ninguna prueba que permitiera avanzar, asegurando que a ninguno le constaban los hechos bajo indagación, excepto lo que dicen los medios de comunicación.

Ese resultado llevó a que la defensa jurídica del Presidente solicitara ese mismo día la exclusión y archivo de seis denuncias en su contra, argumentando la falta de comparecencia y ratificación, como lo establece la ley.

“Hasta ahora, la financiación debería generar indagaciones y procesos más serios, pero quienes alzan la voz al respecto se les denomina opositores. Y es tal el nivel de defensa que poco ruido hará en los entes de control”, señala la politóloga Nury Astrid Gómez.

Y agrega: “Para mí, el futuro de uno o diez procesos se perderán en centenares de anuncios, críticas, sospechas y desviación del interés público a asuntos de escándalo, entretenimiento político y peleas digitales”.

A su vez, González indica que “tal parece que, como van las cosas, es posible que haya impunidad, pues es muy desafortunado que testigos tan relevantes como a Armando Benedetti lo hagan acallado y ahora se niegue a colaborar con la justicia”.

De hecho, miembros de la oposición que participan de la Comisión, han solicitado que se convoque al exembajador de Colombia en Venezuela a declarar, ya que su versión sería clave en el proceso, porque es su voz la que se escucha en los audios revelados por la revista Semana, donde se hablaba de unos dineros que podrían haber entrado a la campaña de manera ilegal.

“Mientras que Gustavo Petro tenga chequera, órganos de control, seguidores y lentitud o dilatación de los procesos, podrá gobernar, a la defensiva y escudándose en su nueva narrativa de que la oposición no lo ha dejado dirigir”, advierte Gómez.

Asimismo, González comenta que “es tan permisiva la normatividad y la aplicación de justicia en Colombia que el hijo del presidente, con todos los delitos a cuestas, ha sido capaz de burlar a la justicia y a la Fiscalía para andar como le plazca sin recibir el debido procesamiento”.

Una de las solicitudes dentro de la investigación que generó rechazo en diferentes sectores fue la del representante del Pacto Histórico Alirio Uribe, quien le pidió a Semana “que aporte información que sustente las noticias de prensa que refieren la presunta financiación ilegal de la campaña” en las que se escucha a Benedetti hablando con la exjefa de gabinete Laura Sarabia.

No obstante, más tarde, al ver que la petición no cayó bien, Uribe, junto a su coequipera de la Comisión, Gloria Arizabaleta, aseguraron en un comunicado que no se pretendía “socavar las garantías del investigado o de cualquier persona o medio de comunicación relacionado con el proceso”.

Finalmente, el analista González anota que “incurren en un despropósito, pero también son ingenuos, quienes pretenden compeler a Semana a que revele sus fuentes, cuando es una garantía amparada por la Constitución y la legislación internacional. Lo que demuestran los parlamentarios afectos al Gobierno, interesados en que ese medio revele la información, es en echarle tierra a los delitos cometidos y atemorizar a las fuentes y los medios”.