“Involuntariamente cómico” dice el exministro Alejandro Gaviria refiriéndose al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo

Han dado de que hablar los comentarios del Ministro de Salud y la Protección Social de Colombia, Guillermo Alfonso Jaramillo, sobre las ganancias del sector financiero y el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA).

En un evento de socialización de la reforma a la salud realizada el pasado viernes 23 de febrero, en la Universidad de Antioquia, el jefe de esta cartera aseveró: “Mientras los bancos nos muestran las utilidades y el grupo GEA todos los días aumenta sus utilidades, la gente padece hambre en este territorio”. Y no han faltado las respuestas a este polémico comentario.

Fue el caso del exministro Alejandro Gaviria que le respondió Jaramillo con este comentario en su cuenta de X: “La demagogia llevada a un nivel de caricatura, involuntariamente cómico”.

Las posiciones que ha tomado el actual ministro de salud en temas de la política nacional, ha cuestionado a que analistas cuestionen el manejo más político que técnico a esta cartera, y que no debe pasar por alto que se juega la reforma a la salud de Colombia.

En el mismo evento en la Universidad de Antioquia, Jaramillo manifestó: “La lucha de nosotros no es de hoy, la lucha de nosotros es por la posibilidad de la igualdad y la justicia social en nuestro país y la vamos a continuar. Para eso eligieron al Presidente (Gustavo Petro) y para eso el presidente nos eligió a nosotros, para buscar la posibilidad de un cambio y de una transformación”.

El ministro Jaramillo también elogió a la Universidad de Antioquia por ser promotor de la salud pública en el país, pero advirtió que los gobiernos pasados “si hubieran escuchado y seguido las guías entregadas desde esta facultad de medicina, este país sería diferente, porque desde aquí se ha pregonado, la promoción, prevención y atención primaria”.

Informe de la Contraloría sobre las EPS

Este lunes, 19 de febrero, se conoció que la Contraloría General de la República realizó un análisis sobre la situación de cartera de 26 EPS de Colombia que le reportaron información al respecto. Los resultados fueron comunicados a través de un documento oficial.

La entidad determinó que con corte a octubre de 2023, acumulan una deuda total de $25 billones de pesos con las IPS y proveedores (cuentas por pagar), además de lo correspondiente a reservas técnicas y pasivos administrativos.

Además, la Contraloría señaló que 16 de esas EPS no cumplen con los requisitos para operar, dado que poseen indicadores de margen de solvencia no satisfactorios y no cumplen con la provisión ni con el Régimen de Inversión de las Reservas Técnicas.

Al parecer, los problemas financieros que arrastran las EPS son más graves de lo que parece. De acuerdo con el estudio del ente de control, el monto que esas Empresas Prestadoras de Salud tienen con las clínicas y hospitales es de $11,3 billones, pero solo tienen respaldo para cubrir $1.3 billones.

Para los restantes $12.4 billones no hay con qué cubrirlos, detalló la Contraloría, de manera que se estaría configurando un incumplimiento al Régimen de Inversiones de Reservas Técnicas que exige la inversión del cien por ciento de los recursos.

Otro de los hallazgos reveló que 21 EPS incumplen con la provisión y con la inversión de sus reservas técnicas, un hecho que no solo rebasa la normatividad, sino que pone en riesgo al sistema sanitario dado que “al no constituir las reservas, no apalancan sus obligaciones para atender los gastos en salud”.

Pese a que el 93,5% de las deudas de las EPS con las IPS tiene menos de un año, el 51% del total de esa cartera se concentra en tres empresas: Famisanar, Sanitas y Emssanar, con un monto de $5.4 billones.

“De la cartera de las 26 EPS se puede deducir que 15 de ellas no cumplen los indicadores de liquidez ni de solvencia”, añadió la Contraloría, a partir del examen, a las intermediarias de salud.

El informe también señaló que el Gobierno “se encuentra al día” en lo que hace a las UPC (Unidades por Capitación), pese a reconocer una deuda de $3 billones a las EPS de recursos destinados a cubrir “servicios y tecnologías en salud” que no están financiados, ni previstos, pero que está obligado a solventar.