Iván Name: declaración de hace diez años sería la única prueba de sus supuestos vínculos con Los Rastrojos

El pasado 22 de enero, la Corte Suprema de Justicia confirmó la apertura de una indagación preliminar contra Iván Name Vásquez, actual presidente del Senado, por presuntos vínculos con la banda Los Rastrojos Costeños, que delinque en el Atlántico.

El encargado de adelantar la instrucción es el magistrado Héctor Javier Alarcón Granobles, cuyo despacho dio apertura al caso luego de una compulsa de copias que en noviembre del año pasado realizó César Augusto Reyes Medina, presidente de la Sala hasta el pasado 25 de enero.

En la Sala de Instrucción existe otra indagación preliminar, llevada a cabo por el magistrado Marco Antonio Rueda Soto, premiado por el Departamento de Estado de Estados Unidos en 2022 por su lucha contra la corrupción, contra el senador José David Name, primo de Iván.

La investigación inició tras la llega de la carta de una ciudadana identificada como Olga Patricia Barco, quien aparece como denunciante en múltiples procesos y pidió la apertura de investigación.

El proceso está atado a las antiguas declaraciones de los hermanos Juan Manuel y Brayan Eduardo Borré Barreto, a quienes en 2015 se les imputaron 145 delitos. Varias de sus manifestaciones involucraron a empresarios y políticos en sus crímenes como ‘rastrojos’, entre esos, a los Name.

Juan Manuel hizo parte del Bloque Córdoba de las Autodefensas Unidas de Colombia. Luego de la desmovilización del grupo paramilitar, siguió delinquiendo y pasó por varias organizaciones criminales hasta luego crear en 2013 Los Rastrojos Costeños, pese a estar preso.

”Hoy en día están como senadores y hoy en día uno es presidente del Congreso”, señaló el exparamilitar a la Fiscalía en 2014, en declaraciones que hoy son tenidas en cuenta por la Corte Suprema, en las que aseguró que junto a Los Rastrojos “pusimos a que la gente votara por ellos”, refiriéndose a los Name.

Los señalamientos de los Borré Barreto involucran, además, al excongresista y hoy alcalde de Sincelejo, Yahir Fernando Acuña Cabrales, sobre quien también existe una indagación.

Por lo pronto, lo que la Corte conoce es que los exparamilitares aseveraron que “se les hizo hasta campaña” a políticos del Atlántico con quienes tenían nexos. Según dijeron, Iván Name les habría ofrecido dinero y José David estaría involucrado en al menos dos homicidios.

Justamente entre las pruebas ordenadas por el magistrado Alarcón se encuentra una inspección al expediente en el que originalmente los Borré ofrecieron sus declaraciones, así como un estudio minucioso del historial criminal de Los Rastrojos Costeños, para determinar si otros integrantes han apuntado hacia los Name.

Según reveló la revista SEMANA, en el voluminoso expediente del caso Name reposan los testimonios de los Borré, además de la denuncia y las compulsas de copias a la Fiscalía para que indague sobre otros nombres de personas sin fuero. Sin embargo, hasta ahora, la mencionada declaración de hace diez años sería la única prueba de las acusaciones en contra del hoy presidente del Congreso.

“Con la cuestión del primo, con Iván (Name), ahora que se le hicieron las campañas en los barrios ahí, en La Pradera, en Los Olivos, por acá, por Soledad, por la central, le hicimos campaña para que la gente a que votara por él, él nos entregó la plata. Yo le dije en ese entonces que con la plata que él iba a dar para comprar votos, que nos apoyara a nosotros, a la estructura de nosotros, y nosotros le poníamos la gente a votar por él”, es la declaración que figura en el expediente.

Mientras la Corte Suprema avanza en la investigación, recibió un documento escrito a mano y con la huella dactilar de Juan Manuel Borré. En la carta, el líder de Los Rastrojos le puso condiciones a la justicia, pues aseguró que solo declarará si mejoran sus condiciones en el centro penitenciario Picaleña, en Ibagué, y garantizan la protección a su vida y la de su familia.

De acuerdo con SEMANA, Borré también pidió que sus familiares sean ubicados fuera del país y que se revise su situación jurídica, según él, porque ya cumplió las tres quintas partes de su condena y ningún juez lo ha devuelto a la libertad.

*Con información de Colprensa.