Juez ordena recapturar a patrullera involucrada en el caso de Laura Sarabia

Una jueza de la república ordenó el pasado martes 7 de noviembre volver a capturar a la patrullera de la Policía Dana Alejandra Canizales, a quien un juez de garantías dejó en libertad en septiembre a pesar de su vinculación al proceso por las ‘chuzadas’ a Marelbys Meza y Fabiola Perea, exempleadas de Laura Sarabia.

“Luego de verificar los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de conocimiento de Bogotá, en segunda instancia, confirmó la medida de aseguramiento intramural en contra de tres integrantes de la Policía Nacional que habrían participado en las interceptaciones ilegales a las comunicaciones de dos exempleadas de la exjefe de Gabinete”, señala el comunicado de el órgano investigador.

La decisión llega en segunda instancia, luego de que la togada determinó que la libertad de Canizales, así como su permanencia en la Policía, podría afectar el curso de la investigación que la Fiscalía sigue en su contra.

Un juez de garantías el 18 de septiembre había tenido en cuenta que ella, supuestamente, no seguía en la institución, pero la jueza de hoy aseveró que no había ningún acto administrativo que acreditara esa circunstancia.

Ahora, Dana Canizales tendrá que ir a prisión mientras es investigada, acusada y procesada por las interceptaciones ilegales de las exempleadas de la hoy directora de Prosperidad Social. En la misma condición se encuentran los uniformados Jhon Fredi Morales Cárdenas, Alfonso Quinchanegua y Carlos Andrés Loaiza.

La fiscal Cindy Hernández argumentó que para ellos cuatro la medida de aseguramiento en la cárcel es urgente y necesaria, pues existen “motivos graves que permiten inferir que los indiciados podrían ocultar o falsificar elementos de prueba, o inducir elementos de prueba o comportarse de forma desleal o reticente”.

Los cuatro uniformados fueron imputados el primero de septiembre por los delitos de falsedad ideológica, fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones. Ninguno aceptó los cargos.

La tesis de la Fiscalía es que Quinchanegua y Canizales alteraron la investigación que inició el 30 de enero con la denuncia del robo a la casa de la entonces jefa de gabinete de Presidencia, Laura Sarabia, mientras que Morales y Loaiza conocían las irregularidades y decidieron ocultarlas.

Según el organismo, “la investigación liderada por una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción da cuenta de que el capitán Correa Loaiza y el patrullero Morales Cárdenas presuntamente utilizaron información falsa para solicitar a un fiscal de la Dirección Especializada contras las Organizaciones Criminales, con sede en Quibdó (Chocó), aval para intervenir dos líneas telefónicas que serían de alias La Madrina y alias La Cocinera, dos señaladas colaboradoras del ‘Clan del Golfo’”.

Finalmente, el comunicado indica que, para la Fiscalía, los cuatro integrantes de la Policía indujeron en error a fiscales, que creyeron en sus solicitudes; y a los jueces de control de garantías que terminaron por dar aval a las interceptaciones.

Por ello, fueron imputados tras conocerse la información de acuerdo con su posible participación en los hechos, por los delitos de falsedad ideológica en documento público agravado, fraude procesal, violación ilícita de comunicaciones y falsedad material en documento público agravado.

De otro lado, este miércoles 8 de noviembre, en horas de la tarde, la Fiscalía imputará por los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal al jefe de la Oficina de Protección Presidencial, el coronel Carlos Alberto Feria Buitrago.

En la audiencia, también deberán estar presentes otros dos miembros de la seguridad de Casa de Nariño: el capitán Elkin Gómez, jefe de la Oficina de Polígrafos del Grupo de Estudios de Seguridad, y el intendente Jhon Sacristán, a quien además se le imputará acceso abusivo a sistema informático agravado.

*Con información de Colprensa y Redacción de El País