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Jueza en el caso Álvaro Uribe negó declarar la nulidad del proceso
El juicio entrará en etapa probatoria, la cual se desarrollaría en los próximos meses.
La jueza 44 de conocimiento de Bogotá, que lleva el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe, rechazó la solicitud de nulidad que había interpuesto la defensa, este viernes 24 de mayo.
La togada aseguró que no hay argumentos que permitan declarar nulas las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación. Además, para evitar que se convierta en una estrategia dilatoria, no le permitió interponer recursos.
De esta manera, el juicio entrará en etapa probatoria, la cual se desarrollaría en los próximos meses.
“En tal virtud y, como quiera que se acreditó que la solicitud de nulidad invocada por la defensa técnica de Álvaro Uribe Vélez y coadyubada por el delegado del Ministerio Público y por el mismo señor procesado, es absolutamente improcedente y se impone su rechazo de plano, decisión contra la cual no procede recurso alguno”, señaló la funcionaria judicial frente a los planteamientos expuestos el pasado viernes por el abogado Jaime Granados, a cargo de la defensa del exmandatario.
Granados había argumentado, como en otras solicitudes suyas que también fallaron, que este caso debía anularse porque la Fiscalía no fue clara en los hechos y delitos por los que Uribe es investigado, ya que este no sabe por qué se está defendiendo.
Por esto, durante la audiencia que se adelanta desde la mañana de este 25 de mayo, manifestó, de acuerdo con la revista Semana, que no entiende por qué cuatro años después de la indagatoria ante la Corte Suprema, y que fue considerada una imputación, se diga ahora que no fue clara ni se entendieron los hechos materia de investigación.
El proceso comenzó en 2018, con una investigación que la Corte Suprema adelantaba contra el senador Iván Cepeda luego de un debate de control político convocado por el político de izquierda. Cepeda reveló testimonios de exparamilitares que señalaban a Uribe por supuestos nexos con el paramilitarismo, principalmente en Antioquia. En medio de esta investigación, los testigos comenzaron a retractarse, pero uno de ellos, Juan Guillermo Monsalve, manifestó por escrito que recibía presiones. La Corte en sus pesquisas descubrió que ese era un patrón que se presentaba en varias declaraciones, así que archivó su indagación contra Cepeda e inició una contra Uribe.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema siguió su curso, llamó a Uribe a indagatoria en 2019 ante el magistrado César Reyes y en agosto de 2020 ordenó detener al exsenador de manera preventiva en su residencia. El paso siguiente era acusarlo, pero antes de que ocurriera Uribe renunció al Congreso, así que su expediente pasó a la Fiscalía.
Contrario al alto tribunal, la Fiscalía intentó cerrar el caso. La primera solicitud llegó por cuenta del entonces coordinador de fiscales delegados ante la Corte, Gabriel Jaimes, jefe de Villarreal, y la segunda, por el fiscal Javier Cárdenas. Una jueza le negó la preclusión a Jaimes y otra, a Cárdenas, quien apeló y recibió otra negativa del Tribunal de Bogotá. Con el cambio de fiscal, fue que se decidió llevarlo a juicio.
Además de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, la Fiscalía en la última audiencia que también lo investigara por el delito de soborno. Ese delito está vinculado al caso de la exfiscal condenada Hilda Niño, a quien, al parecer, se le habría ofrecido un soborno por parte del abogado Diego Cadena.
Con información de Colprensa y redacción de El País.
