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Juicio contra Álvaro Uribe: Tribunal definirá la validez de presuntas ‘chuzadas’ y ‘relojes espía’ como pruebas claves contra el expresidente
La defensa del expresidente y la Procuraduría cuestionan las pruebas técnicas y documentales utilizadas en el juicio por presuntas irregularidades en las interceptaciones telefónicas.
El Tribunal Superior de Bogotá convocó una audiencia para este martes 4 de febrero a las 9 de la mañana, en la que se dará a conocer la decisión frente a los recursos de apelación interpuestos por la defensa del expresidente Álvaro Uribe y la Procuraduría contra las pruebas presentadas en su juicio.
La controversia se centra en la validez de las interceptaciones telefónicas que fueron avaladas para el proceso, las cuales, según las partes involucradas, se obtuvieron de manera ilegal.
En el recurso de apelación, la defensa del exmandatario y el delegado del Ministerio Público objetaron la validez de las interceptaciones telefónicas que fueron realizadas en 2018 a un teléfono erróneamente atribuido al representante a la Cámara Nilton Córdoba Manyoma, en el marco de una investigación relacionada con el escándalo del Cartel de la Toga.
Las conversaciones interceptadas, que en realidad correspondían al expresidente Uribe y su abogado Diego Cadena, fueron posteriormente utilizadas en la medida de aseguramiento ordenada en 2020 por la Corte Suprema de Justicia y en la acusación presentada contra Uribe en mayo de 2024.
La defensa del expresidente, liderada por el abogado Jaime Granados, argumentó que las interceptaciones fueron realizadas de manera ilegal y violaron el principio constitucional del derecho al secreto profesional entre abogado y cliente.
En este contexto, se solicitó que las pruebas obtenidas de estas interceptaciones no sean tomadas en cuenta ni citadas durante el juicio.
Otro punto clave de la apelación tiene que ver con los dos relojes que fueron ingresados a la cárcel La Picota, mientras contenían cámaras y micrófonos. En el sitio se encontraba el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, el considerado testigo clave en este proceso judicial.
La cadena de custodia de la información recolectada en los mencionados relojes espía fue cuestionada por la defensa del expresidente, pues se advirtió que un informe pericial hecho por un experto que trabaja en su bufete determinó que existió manipulación y eliminación de evidencia.
Estos argumentos no fueron admitidos por la jueza 44 de conocimiento, pues indicó que no se justificó debidamente el informe pericial privado.
Debido a esto, la defensa exmandatario alegó que la jueza de su caso tenía un sesgo en su contra, pues avalaba pruebas ilegales y que reñían con los principios constitucionales. La defensa del exmandatario afirmó que la jueza de su caso tenía un sesgo en su contra.
“¿Acaso la norma rectora que rige la presunción de inocencia de la Ley 906 de 2004 no es de tal alcance o magnitud que diga que no solamente toda persona se presume inocente, sino que debe ser tratada como tal, hasta que no quede demostrada como culpable hasta que no quede en firme la decisión judicial?”, cuestionó Granados.
En sus alegatos finales, Uribe negó haber dado la orden a su abogado de ofrecer dinero a testigos para que cambiaran su versión, como lo ha señalado la Fiscalía.
El expresidente, acusado de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno a testigos, ha insistido en su inocencia frente a las acusaciones.
Con la resolución del Tribunal, se definirá el curso del juicio contra Uribe, que podría avanzar hacia la etapa de juicio final si las pruebas cuestionadas no son desestimadas.
*Con información de Colprensa y redacción de El País.
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