Jurisdicción agraria: congresistas reviven debate por posible expropiación de tierras

Las reformas propuestas por el Gobierno Nacional comenzaron a llegar a la presente legislatura ayer, con la radicación del proyecto de ley ordinaria que busca implementar la jurisdicción agraria en el país.

Y aunque los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo; de Justicia, Ángela María Buitrago, y de Agricultura, Marta Carvajalino, que fueron los encargados de acompañar ese trámite, dejaron en claro que el Ejecutivo estará “abierto” a acoger las modificaciones que los congresistas quieran hacerle a la iniciativa, desde ya se sabe que la misma no estará exenta de polémica.

Lo cierto es que este proyecto hace parte de las normas legislativas a las que se comprometió el Estado colombiano con la entonces guerrilla de las Farc, en el marco del Acuerdo de Paz de 2016, y que, según el presidente Gustavo Petro, de ser necesario, se tramitaría vía ‘fast track’, posibilidad de la que no se ha vuelto a mencionar.

De acuerdo con Cristo, esta iniciativa “representa el compromiso del Gobierno Petro con el campo, con la reforma rural y agraria en este país, como elemento indispensable para avanzar en el propósito de lograr una mayor igualdad en la sociedad colombiana y cerrar las brechas entre el campo y los centros urbanos del país”.

“Esperamos que podamos tener el año entrante jueces agrarios. Parece mentira que no los hayamos tenido, después de tantos años de conflicto. Es un gran avance que haya un procedimiento para que los jueces puedan resolver los conflictos de tantas décadas en el campo y hacer justicia con el campesino de este país”, agregó.

A su turno, Buitrago aseveró que el Ministerio de Justicia acompaña esta reforma “porque hay que acercar la justicia al territorio” y esta propuesta dará las herramientas para que un juez resuelva el conflicto y se pueda dejar atrás que esos conflictos sean resueltos de manera violenta.

La titular de Agricultura consideró que “le estamos cumpliendo un anhelo al pueblo colombiano de más de 90 años, para que sean jueces de la República los que permitan hacer tránsito a los conflictos de la tierra hoy”.

Y añadió: “El Gobierno Nacional presenta una propuesta para construir eso que le ha sido negado al pueblo colombiano y es la posibilidad de que los conflictos en relación con la producción agropecuario y por el uso de la tierra sean resueltos por la vía institucional y la justicia agraria”, precisando que “es la más profunda apuesta por la Paz”.

¿Puerta a la expropiación?

Aunque los tres ministros asistentes a la radicación del proyecto negaron que el mismo esté encaminado a la expropiación de tierras, ayer mismo se escucharon voces contrarias.

Así, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, aseguró que la iniciativa legalizaría la invasión de tierras, reviviría la expropiación express que la Corte Constitucional declaró inconstitucional y abriría las puertas a una persecución a los propietarios del campo.

“Bastaría con que los invasores realicen alguna actividad productiva en el predio, como una pequeña cosecha, para que nadie, ni siquiera los jueces, pueda desalojarlos. Este mecanismo otorgaría protección legal a los invasores y debilitaría significativamente los derechos de los propietarios legítimos, puntualizó.

De igual forma, la representante a la Cámara por la Alianza Verde Katherine Miranda expresó su preocupación por el contenido del numeral 5 del artículo 12 del proyecto de 40 páginas, en el cual, según ella, afirma que “toda la expropiación administrativa la va a hacer la Agencia Nacional de Tierras, y solamente en una segunda instancia van a entrar los tribunales agrarios”.

“Entonces, primero van a expropiar, y luego se puede empezar a demandar ante los tribunales agrarios. Yo creo que hay que ajustar este proyecto, que considero que sí es necesario, pero no menoscabando la propiedad privada de nuestro país”, añadió.

Otros comentarios sobre el proyecto se empezaron a escuchar también en la plenaria del Senado de ayer, en el marco de un debate de control político que se citó, por iniciativa del oficialismo, sobre la Reforma Integral Agraria, con la presencia de la Ministra de Agricultura y el director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman.