Katherine Miranda y María José Pizarro protagonizaron acalorada discusión en medio de homenaje a víctimas

La celebración anual que se hace en el Congreso de la República para recordar a la víctimas de la violencia estuvo cruzada por una dura controversia entre el petrismo y un representante que es hijo de un exjefe paramilitar.

Se trata de la discusión que tuvieron las senadoras del Pacto Histórico, María José Pizarro y Ayda Avella con el representante Jorge Rodrigo Tovar, integrante de la bancada de la curules de paz, quien es hijo el exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40.

El motivo es que el petrismo se opuso a que Tovar fuera quien presidiera la sesión del Congreso pleno. La polémica arrancó cuando Pizarro, indicó que “llamo a la mesa directiva del Congreso en pleno que hay otros miembros de la mesa directiva, pero que hoy esté presidida por el representante Tovar, creo que no es en términos de formas, lo más oportuno”.

De inmediato, lo dicho por Pizarro suscitó rechazo entre varios representantes, en especial algunos de las curules de paz y de otros partidos, que aseguraron que en la legislación nacional no existen los delitos de sangre, como lo señaló la representante de la Alianza Verde, Katherine Miranda.

La congresista aseguró que “es inaceptable que se juzgue a una persona como Jorge Tovar por ser el hijo de..., si no, usted tampoco tendría porque estar aquí sentada señora María José Pizarro. Pero le quiero recordar a esta plenaria que el Pacto Histórico en su integridad votó porque Jorge Tovar estuviera allá sentado”.

Tovar, al hablar ante la plenaria sobre lo sucedido calificó como hipócritas las expresiones de las congresistas del Pacto Histórico. “Quiero agradecerles la solidaridad casi que unánime y el respaldo que me dieron hoy como vicepresidente del Congreso en pleno y presidente encargado de la Cámara de Representantes”, dijo.

“Y también decirles a quienes alzaron su voz en contra de que una víctima del conflicto armado esté sentado allí, que con hipocresía y doble moral, jamás vamos a pasar las páginas de la violencia en este país”.

Justo este 9 de abril, la Jurisdicción Especial para la Paz reconoció a las 353.085 personas acreditadas como víctimas en su sistema judicial transicional, quienes participan en los once macrocasos abiertos por los crímenes más graves del conflicto armado colombiano y forman parte activa en los escenarios judiciales y restaurativos que adelanta el tribunal.

Según datos de la JEP, hasta enero de 2025, 12.152 víctimas individuales y 192 sujetos colectivos cuentan con representación legal ante las Salas de Justicia. Además, 6.311 han recibido acompañamiento psicojurídico en diligencias judiciales y 3.137 en espacios no judiciales.

*Con información de Colprensa.