La nueva ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, habla sobre el proyecto de reforma al sistema judicial que presentará el Gobierno

La nueva ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, se refirió por primera vez, en la mañana de este martes, al proyecto de reforma a la Justicia que espera presentar el Gobierno en la siguiente legislatura, al término de la reunión que tuvo la comisión que trabaja en la formulación de esa iniciativa.

“Fui una persona que cuando entró el sistema acusatorio tenía muchas reservas sobre el mismo, pero después vi sus bondades. Lo que sí creo es que hay que mirar las normas internacionales frente a la aplicación de los principios de oportunidad y los preacuerdos frente a la necesidad de entender que no todo se vale”, anotó Buitrago a medios de comunicación.

Añadió que “sobre esos supuestos también se debe mirar que cada uno de los planteamientos que se hagan tienen que colaborar con la justicia, hay que poner límites a los principios de oportunidad, pero también tienen que ser efectivos. En este momento la Fiscalía tiene 64.000 principios de oportunidad, que es nada en un cúmulo de 27 millones de procesos, por eso hay que mirar dónde cabe el principio, porque hay comportamientos que no pueden permitirlo”.

Al encuentro, donde se debatieron los proyectos de humanización carcelaria, código de procedimiento penal y la eliminación de las violencias basadas en género y por discriminación, también asistió el saliente ministro Néstor Osuna, quien estuvo acompañando a Buitrago en todo momento.

“Sin lugar a dudas, el principio de oportunidad es un desfogue al sistema acusatorio que tiene que usarse de una manera adecuada. Hay ejemplos de eso en la historia de la Fiscalía y de los jueces, quienes también han negado esos principios y preacuerdos considerándolos indebidos y sobre eso hay que caminar en la coherencia de un sistema”, finalizó la nueva ministra.

Ángela María Buitrago es una abogada especializada en derecho penal que ocupó el cargo de fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia durante la fiscalía de Mario Iguarán (2005 - 2009), en donde adelantó las investigaciones y acusó tanto a los generales del Ejército Jesús Armando Arias e Iván Ramírez, como al coronel Alfonso Plazas Vega por las desapariciones que dejó la operación militar de la retoma del Palacio de Justicia en 1985.