“La Registraduría debe tener autonomía presupuestal”, dice el titular de la entidad, Hernán Penagos, tras polémica con Minhacienda

Preocupado quedó el registrador nacional, Hernán Penagos, al enterarse de que el Ministerio de Hacienda proponía recortarle $ 2,5 billones del presupuesto del próximo año a la entidad que él lidera, justo cuando se tiene que empezar a preparar el proceso electoral de 2026.

En entrevista con Colprensa, el funcionario habla sobre los riesgos que esa posibilidad implica para la autonomía del órgano electoral, de los cuales, curiosamente, él alertaba esta misma semana ante la ONU, poco antes de darse cuenta de que pretendía aplicarse en Colombia.

Usted ha alertado del riesgo que corren las autoridades electorales en Latinoamérica por la falta de autonomía presupuestal. ¿Cuáles son esos peligros?

En el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, fui invitado para exponer acerca de democracia, gobernanza y riesgos electorales, y dije que, a mi modo de ver, en Latinoamérica hay un riesgo muy importante que tiene que ver con la autonomía de los órganos y las autoridades electorales, porque muchos de ellos en la región tienen dificultades presupuestales permanentes, que obedecen a que los ejecutivos se niegan a girar los recursos necesarios, por ejemplo, para hacer procesos electorales. En función de esa situación, he planteado que hay que cambiar la manera de entregar recursos a las autoridades electorales para su funcionamiento.

Tiene que ver con la soberanía presupuestal, porque hoy, cada año las autoridades electorales tienen que ir ante el Legislativo y los gobiernos a buscar los recursos para poder funcionar. Dependen de la voluntad del Gobierno y eso implica supeditarse a veces a la forma en que los ejecutivos quieren entregar los recursos.

¿Y cuál es la opción que plantea?

Hay que pasar a que las autoridades electorales no tengan que depender de los gobiernos para poder tener sus recursos de funcionamiento, y eso se logra introduciendo en las constituciones políticas de los diferentes países una cláusula muy clara que diga cuál es el porcentaje del Presupuesto General de la Nación que debe tener cada autoridad electoral, sin tener que irse a hacer acuerdos anuales ante los gobiernos. Eso permitiría más independencia, más autonomía y respeto por el Estado de Derecho y la democracia.

¿Usted ve posible que eso se pueda cambiar a corto plazo?

Todo depende de la voluntad de los gobiernos y los congresos de cada país; pero si lo que queremos es mayor independencia de las autoridades electorales y mayor autonomía de los órganos que conforman los sistemas electorales, es necesario modificar la Constitución. De hecho, la facultad de que los presupuestos estén en las constituciones debería ser una cláusula incorporada por el Poder Judicial.

En regímenes como los nuestros, presidenciales, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, son poderes públicos independientes, así como el electoral, y la mejor manera para que sean independientes es que sus presupuestos no deriven de tener que hacer acuerdos o estar de alguna manera supeditados a las decisiones de los gobiernos de turno.

¿Cómo analiza que el Ministerio de Hacienda le pensara quitar a la Registraduría $ 2,5 billones del presupuesto de funcionamiento?

Sin duda que preocupa la posibilidad de que en el futuro la Registraduría no tenga los recursos para hacer los procesos electorales. La democracia y el Estado de Derecho se garantizan en la medida en la que los sistemas electorales funcionen y las fechas electorales se respeten. Obviamente, si no hay recursos, se hace imposible realizar procesos electorales.

Por fortuna, el tema se resolvió. No sé si fue un error o alguna otra circunstancia, pero quedó superado, sobre todo por el hecho de que el Gobierno tendrá que aprobar por decreto el presupuesto radicado ante el Congreso y ahí están los $ 3,2 billones para la Registraduría. Tengo tranquilidad, pero habrá que esperar a que el Gobierno publique el decreto del Presupuesto General de la Nación para el año 2025.

¿Y cuando iniciará la preparación de ese año electoral, 2026?

Lo que estábamos planteando era la necesidad de que esos recursos se aprobaran de una vez, entre otras razones porque el calendario electoral inicia en marzo del año entrante. Quiere decir que para esa fecha ya deben haber varios proveedores haciendo trabajo para ir construyendo el proceso electoral del 26. Todo el 2025 vamos a dedicarlo a construir los procesos electorales. Eso implica presupuestos importantes, así que el tiempo aquí es clave, porque nosotros tenemos unas tareas de planeación muy claras en las que no podemos fallar, si queremos hacer un proceso íntegro.

¿Cuando el Ministerio de Hacienda hace esos cambios de presupuesto, los consulta con ustedes?

Nosotros lo que hacemos, desde varios meses antes, es presentarle al Ministerio de Hacienda una relación de las necesidades de la Registraduría para las elecciones 2026. Una vez en el Ministerio evaluaron las necesidades que presentamos, las incorporaron en el proyecto de Presupuesto General de la Nación y lo radicaron ante el Congreso de la República. Todo ha sido concertado, explicado peso a peso, en función de cómo y de qué manera necesitamos los recursos para el presupuesto del año 2026.

Aquí no se trata de una posición o de una cifra indiscriminada propuesta por la Registraduría de manera arbitraria, sino que es una cifra coordinada, concertada, explicada técnicamente a todo el Ministerio de Hacienda y a su equipo técnico y ellos, con esa cifra, fue que radicaron el presupuesto ante el Congreso.

¿Qué tienen previsto implementar para garantizar la transparencia de las elecciones de 2026?

Por ejemplo, vamos a abrir la posibilidad de inscripción de los ciudadanos que quieran votar en el exterior de manera virtual. Hoy en día la inscripción de la cédula es presencial y creo que eso implica que a muchos ciudadanos que viven en el extranjero se les haga difícil salir a votar. Será una manera de que les sea mucho más fácil llevar a cabo ese proceso de inscripción y, luego, puedan ejercer el derecho al voto. También vamos a traer un poco más de tecnología a la mesa de votación, a publicar todos los documentos electorales rápidamente, para que la ciudadanía pueda acceder a las actas electorales, y vamos a tratar de imprimir papeletas electorales, documentos y borradores en lenguaje braille y otros que sean accesibles para la población indígena.

¿Alguna otra estrategia?

Estamos trabajando mucho más en biometría, vamos a implementar la biometría facial como mecanismo para evitar la suplantación. Estamos modificando la división política electoral para abrir más puestos de votación y más mesas de votación. Estamos trabajando muy fuerte en materia tecnológica para prestar los mejores servicios, pero también para darle más transparencia y más garantías al proceso electoral.

Esta semana también fue radicada la reforma política y electoral por parte del Gobierno. ¿Qué opinión le merece esa propuesta?

Aún no la he estudiado a fondo, pero desde la Registraduría vamos a estudiarla con mucho juicio, para opinar en función de esta reforma y, si es el caso, proponer algunas modificaciones o artículos que creamos bien importantes para reformar la Constitución Política.

Finalmente, usted estuvo en el XIX Conversatorio de la Jurisdicción Constitucional. ¿Cómo analiza el enfrentamiento entre el presidente Petro y las altas Cortes?

Fue un foro muy importante sobre la Constitución de Colombia y creo que fue una muy buena oportunidad para discutir acerca de los derechos, las garantías y el derecho constitucional como forma de reencontrarse con los ciudadanos y de resolver muchas de las necesidades de los colombianos, pero también del derecho constitucional como forma para garantizar los derechos políticos.

Tiene que ver con la posibilidad de elegir y ser elegido, y de ejercer el voto libre en este país y creo que todo el Estado colombiano debe estar presto para garantizar una democracia plena y un sistema electoral íntegro. Nosotros nos encargamos de la logística electoral, como Registraduría, pero todos los órganos del Estado tienen su responsabilidad, algunos para enfrentar los fenómenos de violencia, otros para garantizar la juridicidad, otros para que se defiendan los recursos públicos. Si estamos hablando de derechos políticos, es una tarea de todo el Estado colombiano.