Petro califica como “golpe constitucional” la solicitud de la Fiscalía de investigar si hubo ingreso de dineros ilícitos a su campaña

El presidente Gustavo Petro calificó como “golpe contra la Constitución” y “aberrante” la decisión de la Fiscalía General de compulsar copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y al Consejo Nacional Electoral para que se investigue si hubo ingreso de dineros ilícitos a su campaña electoral.

Las pruebas de la Fiscalía estarían fundadas en la versión entregada por el hijo mayor del Jefe de Estado, Nicolás Petro, acusado por el ente investigador de “enriquecimiento ilícito y lavado de activos”, luego de admitir que recibió dineros de al menos de tres personas algunas con pasado delictivo o bajo sospecha, presuntamente para la campaña electoral.

“Este delegado realiza la correspondiente compulsa de copias a fin de que se indague, de acuerdo a su competencia, la presunta ocurrencia de delitos relacionados con la financiación de la campaña presidencial del señor Gustavo Francisco Petro Urrego o cualquier otro hecho que revista característica de delito”, expresó la Fiscalía en la compulsa.

En primer lugar, Petro aseguró que la decisión de la Fiscalía está basada en un interrogatorio “no legal en donde el interrogador de su entidad hace preguntas sobre mí, un verdadero golpe contra la Constitución, dado que soy un aforado, como Senador en ese entonces y como Presidente ahora”.

La Fiscalía aseguró que Nicolás Petro, “en presencia de su abogado de confianza”, hizo “manifestaciones sobre la presunta materialización de conductas delictivas como el ingreso de dineros aparentemente irregulares a la campaña presidencial” de su padre.

El mandatario, además, se fue en contra de SEMANA, medio de comunicación que reveló los videos del interrogatorio a Nicolás Petro. “De manera aberrante una revista publica el interrogatorio de mi hijo, cuando la ley no permite la publicidad de esos documentos que irresponsable y delictivamente le fueron entregados”, añadió.

En esta grabación, no solo resultó salpicado el Presidente, sino también muchas personas de su círculo, como Verónica Alcocer, Laura Sarabia, Agmeth Escaf y Miguel Ángel del Río, que supuestamente estarían involucrados en el ingreso de dineros irregulares a la campaña presidencial.

En sus declaraciones, Nicolás también habló sobre el supuesto papel de Euclides Torres en la financiación de la campaña presidencial. “Sí. Sabía perfectamente que Euclides era quien financiaba la campaña”, dijo el exdiputado sobre los aportes que el empresario habría hecho a la campaña del hoy Mandatario.

“De manera más aberrante aún, en el interrogatorio a mi hijo se habla de la financiación de un acto al parecer por el empresario Euclides Torres que se realiza cinco meses antes de comenzar mi campaña, es decir, que no está cobijado por la ley electoral de campañas”, dijo el presidente Petro.

Incluso, tildó de equivocadas las acciones del ente acusador en esta investigación. “Ante tamaño error del interrogador de la Fiscalía, el Fiscal general compulsa copias a la Comisión de Acusación de la Cámara sobre un hecho que no es para nada irregular: una reunión política, que es un derecho, y que no perteneció a la campaña sencillamente porque se realizó cinco meses antes”, anotó.

En su respuesta, el Presidente también lanzó un duro mensaje hacia los organismos que, según él, lo han investigado durante años. “Completo así ocho años de investigación permanente sobre mí por las fiscalías que han buscado encarcelarme solo para impedir que el progresismo bajo mi dirección Gobierne el país”, sentenció Petro.

La posición del presidente en este mensaje augura una trama política que el país ya vivió en otro momento, cuando el entonces procurador Alejandro Ordóñez lo destituyó del cargo e inhabilitó por 15 años cuando era alcalde de Bogotá, por presuntas irregularidades en el esquema de recolección de basuras en la capital.

El entonces alcalde Petro utilizó lo que le restaba de su mandato para agitar a sus bases políticas desde los balcones y las plazas públicas, sobre la base de una persecución en su contra y llevó el caso ante la CIDH que falló a su favor, al establecer que los órganos disciplinarios no pueden remover a mandatarios electos popularmente, una decisión que sí pueden tomar los jueces.

*Con información de Colprensa.