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Lo bueno, lo malo y lo feo de la reforma política que avanza en el Congreso
Analistas creen que no será fácil que la Cámara dé luz verde a iniciativas como las listas cerradas, avaladas ya en el Senado.
Esta semana, el Senado aprobó en el segundo de ocho debates el proyecto de reforma política y con él la posibilidad de que en las próximas elecciones de corporaciones públicas se implemente el mecanismo de listas cerradas, propuesta de amplio respaldo entre los partidos y la opinión pública.
Según lo votado, las listas cerradas podrán ser elegidas de manera autónoma por cada partido a través de consultas populares, encuestas o acuerdos internos que se deberán hacer un único día por todas las colectividades participantes en las elecciones para evitar que un militante pase a otro movimiento si no es incluido en la lista.
Claudia Dangond, politóloga de la Universidad Javeriana, considera que esa obligatoriedad de adoptar las listas cerradas es uno de los puntos más positivos de la reforma porque fortalece los partidos políticos.
“Ayuda a que de verdad movimientos y grupos políticos que ofrecen alternativas de modelos de Estado, de economía, de sociedad, se agrupen alrededor de unos programas ideológicos y principios que se diferencien de otros, cosa que no sucede cuando se tienen listas abiertas, en las que se busca más un trabajo clientelar que un programa ideológico”, asegura.
Sin embargo, agrega que es posible que lo aprobado en el Senado tenga algunas objeciones en la Cámara de Representantes, donde deberá ser discutida en las próximas semanas, porque, obviando los partidos tradicionales, la mayoría de las colectividades no están organizadas de manera ideológica, sino entorno a caudillos regionales.
Sin embargo, Carlos Andrés Arias Orjuela, profesor de la Universidad Externado, sostiene que si bien en el escenario ideal las listas cerradas significarían un fortalecimiento de los partidos, en Colombia, donde la política se maneja a través de maquinarias, terminaría fortaleciendo el llamado ‘bolígrafo’ de los directores de los partidos instalados en Bogotá, como en épocas anteriores.
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“La lista cerrada no les permite surgir a nuevos movimientos y liderazgos de la región porque tendrían que esperar a que el bolígrafo del director del partido los señale para poder ser los representantes ante los ciudadanos”.
El experto aclara que no considera que la lista cerrada como tal sea nefasta, ya que “democracias organizadas y mucho más avanzadas que la nuestra así funcionan”.
Todavía falta
El analista político Jhon Mario González añade que, pese a lo aprobado, todavía falta mucho para que el Congreso le dé el sí definitivo a las listas cerradas porque no les conviene a la mayoría de los partidos, con excepción del Centro Democrático.
“Los demás partidos no tendrían forma de ponerse de acuerdo sobre quién encabezaría la lista, mientras que el Centro Democrático tiene una figura muy fuerte, Álvaro Uribe, que lo pone de cabeza de lista y podría sacar 30 o 40 senadores en las próximas elecciones, si a Iván Duque le va bien en el Gobierno”, explica.
Por ello, no cree que la Cámara de Representantes lo vaya a aprobar, puesto que “ cada parlamentario prefiere mantener su pequeño feudo”.
Otro de los puntos que, pese a no reunir mucha aceptación, logró aprobarse en el Senado de la República es el que permite que el gasto del 20 % del Presupuesto General de la Nación sea decidido por el Congreso.
De acuerdo con algunos opositores al Gobierno Duque, ese artículo les devuelve la ‘mermelada’ a los parlamentarios.
En cambio, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia señala que la misma garantiza el manejo transparente del presupuesto, elimina los auxilios parlamentarios y le devuelve al Legislativo una de sus funciones principales: tomar decisiones en la manera cómo el Ejecutivo invierte los recursos del país.
A su vez, Angélica Lozano, senadora por la Alianza Verde, lamenta que no se hayan incluido criterios de distribución que garanticen la equidad en los territorios y el manejo transparentes de los recursos para evitar la corrupción.
Por ello, dice, lo aprobado facilita la legalización de la denominada ‘ñoñomanía’.
“Todas las bancadas votaron, inclusive las bancadas de izquierda, en su mayoría, votaron”, explica el presidente del Congreso, Ernesto Macías, destacando que es una reforma consensuada, antes de negar que la asignación del 20 % del presupuesto al Congreso ‘reviva’ la mermelada.
Al respecto, la politóloga Dangond reconoce que genera desconfianza que esa corporación sea la que disponga de esos recursos. “El manejo presupuestal tradicionalmente lo tiene el Gobierno, pero no veo por qué el Congreso va a tener la opción de manejar ese porcentaje de presupuesto”.
En el mismo sentido, Carlos Andrés Arias señala que es un error asignarle esa función a una corporación tan señalada por haber cometido distintos actos de corrupción y reitera que ello demuestra que la reforma política fue pensada para un legislativo no corrupto, que no recurra a la ‘mermelada’.
“Llevar el 20 % del presupuesto de los colombianos al Congreso es pedirles al mismo tiempo que ellos sean los que elijan a los alcaldes y a los gobernadores. Es literalmente a la ‘fila india’ o ‘al lapicero’, como en otras épocas cuando los caciques en los clubes de Bogotá eran los que decían quiénes iban a ser los alcaldes y gobernadores en las regiones. Es ‘mermelada’ light”, indica.
El analista político González en este punto sostiene que dar este paso es como devolverse 50 años atrás, pero además es contrario a las propuestas del paquete anticorrupción que está promoviendo el Gobierno, en cabeza de la Ministra del Interior.
En la Cámara de Representantes avanza por estos días la reforma a la Justicia, otra de las grandes apuestas legislativas del Gobierno de Iván Duque.
¿Y las mujeres?
El Senado de la República aprobó que los listados que compitan por corporaciones públicas en el 2019 deberán estar conformadas al menos por el 33 % de mujeres y a, partir de 2022, por el 50 %.
Dangond señala que esta medida no es necesaria porque las mujeres actualmente están preparadas para asumir su rol en la política.
“Poner la regla de que debe ser un hombre y una mujer hace que metan mujeres de cualquier nivel o preparación, solamente por el hecho de ser mujer. Creo que la democracia colombiana debería estar lista para incluir mujeres sin necesidad de que tenga que haber una obligación o parte de una cuota que se tenga que cumplir”, anota.
Y en relación con la limitación de periodos para quienes aspiren a cargos de elección popular, González señala que esa iniciativa puede volverse a caer en la Cámara.
“Limitar los periodos de reelección a los congresistas es un error porque es como si uno dijera: ‘voy a estudiar ingeniería y solo voy a poder ejercer durante doce años’. ¿Una persona que elige dedicarse a la política como carrera profesional por qué no va a poder ser elegida todas las veces que quiera si es un buen congresista?”, pregunta.
En su opinión, el problema no es el límite de los periodos electorales sino hacer pedagogía a los ciudadanos para que voten a conciencia “y no se sigan dejando engañar por el gamonal, el sancocho o por lo que le ofrezcan”.
Por eso John González considera que esta reforma política no tiene la capacidad de luchar contra la corrupción, como lo ha planteado el Gobierno Nacional y quienes apoyan la iniciativa.
Sin embargo, reconoce que lo que puede hacer el proyecto, de ser aprobado igualmente en la Cámara de Representantes, es ordenar los cauces electorales, ofrecer claridad al elector y reducir el número de opciones.
“Sacar una reforma política adelante requiere mucho músculo político. El Centro Democrático es minoría en el Congreso de la República y hay que tener mucha claridad técnica, que el Gobierno y la Ministra del Interior no poseen”, concluye.
Más magistrados para la JEP
La Comisión Primera del Senado aprobó el miércoles, en primer debate, una reforma a la Jurisdicción Especial de Paz, JEP.
La misma incluye el nombramiento de catorce nuevos magistrados en el tribunal, en compensación a la propuesta del Centro Democrático, que aspiraba a la creación de una sala especial para los militares y los polícias implicados en violaciones de los derechos humanos en el marco del conflicto armado colombiano.
El acuerdo se logró tras la realización de una reunión calificada de histórica, ya que en ella confluyeron el expresidente Álvaro Uribe, los también senadores Gustavo Petro y Iván Cepeda y varios parlamentarios del partido Farc.
