“Lo que busca ‘Iván Márquez’ es una impunidad total”: analistas tras firma de inicio de diálogos entre el Gobierno y la Segunda Marquetalia

La firma que da inicio a los diálogos entre el Gobierno y la Segunda Marquetalia, grupo desertor del Acuerdo de Paz bajo el mando de ‘Iván Márquez’, ha generado dudas y rechazo entre algunos sectores. La discusión se da a propósito del debate jurídico sobre el estatus que tendría esa mesa.

“La ruta en esta nueva negociación es mucho más compleja porque se debe tener en cuenta un antecedente y es que ‘Márquez’ se salió del acuerdo del 2016. Eso tiene unas implicaciones jurídicas que aún no se han considerado”, indica el director del doctorado en Estudios Sociales de la Universidad del Rosario, Carlos Charry.

“En este momento fácilmente la Fiscalía podría indicar que al salirse del proceso de paz ‘Marquez’ ha perdido todos los beneficios y, por consiguiente, un posible acuerdo al que se llegue con este grupo armado ilegal tendría que contemplar una serie de beneficios adicionales”, explica.

Lo anterior, teniendo en cuenta que, como lo señala la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, aquellos que firmaron el acuerdo de La Habana, y luego desertaron, no podrán recibir ningún beneficio del convenio.

“Es distinto lo que sucede con las disidencias, que nunca estuvieron en el proceso, y una organización o persona que estuvo y se salió. Este es un elemento que le añade complejidad a las negociaciones”, anota Charry.

El politólogo Alejandro Echeverry opina que “lo que al final del día está buscando ‘Márquez’ es una impunidad total, porque fue por eso que se retiró del anterior proceso”.

La Segunda Marquetalia surgió en 2019, cuando varios de los entonces excombatientes de las Farc, entre ellos ‘Iván Márquez’, abandonaron el proceso y retomaron las armas lo que llevó a que fueran expulsados de la Justicia Especial de Paz, JEP. Según información de inteligencia militar, hoy esa organización guerrillera cuenta con 1751 integrantes, de ellos 1162 en armas y 589 en redes de apoyo.

El grupo ilegal tiene presencia mayoritaria en el sur y occidente del país, así como en los departamentos fronterizos con Venezuela.

Un nuevo proceso de diálogo

El inicio de este nuevo proceso se venía ambientando desde hace algunas semanas, cuando el Gobierno Nacional pidió que se levantaran las órdenes de captura contra quienes serían los negociadores de parte de esa guerrilla.

De hecho, desde marzo pasado el Ejecutivo designó a Armando Novoa, exmagistrado del CNE, como su jefe negociador, mientras la Segunda Marquetalia ha nombrado por el momento a doce voceros para la mesa de diálogo.

Ahora, la guerrilla ha expresado su voluntad de hacer parte de un proceso de negociación como el que la Casa de Nariño adelanta con el ELN, que iniciaría entre el 25 y 29 de junio en Caracas, Venezuela, según dice el comunicado firmado junto al Gobierno y dado a conocer el pasado martes.

La agenda entre las partes se enfocará en cinco puntos: el desescalamiento del conflicto y alistamiento del territorio, construcción de territorios de paz, víctimas como sujeto social transformador, condiciones para la convivencia pacífica y la implementación y verificación.

Además, el documento señala que la Segunda Marquetalia manifestará en la mesa de diálogo “las razones para el alzamiento armado, entre ellas el incumplimiento y el entrampamiento del Acuerdo de Paz de 2016″.

De acuerdo con Charry, que este proceso se realice en simultáneo con el del ELN puede traer más factores en contra que ventajas. Según el analista, “la Paz Total se ha complejizado precisamente porque se están haciendo negociaciones con varios grupos a la vez y con las divisiones internas de cada uno”.

“El avance con ‘Márquez’ implicará también una negociación aparte de las otras disidencias de las Farc que también estuvieron en diálogos con el Gobierno pero se apartaron. Esos grupos se encuentran en abierto conflicto y disputa por el territorio, tanto entre ellos mismos, como contra otros grupos armados ilegales”, añade.

Sin embargo, como ha asegurado el Ejecutivo en diferentes momentos, en el acuerdo no existe limitación para que los desertores de ese proceso ingresen a nuevos procesos y puedan participar de otras estrategias de justicia transicional, pese a los señalamientos de la JEP.

“El Estado tiene la obligatoriedad, a través de los gobiernos, de siempre entablar conversaciones con los grupos ilegales y con cualquiera que quiera acogerse a las dinámicas de un proceso de paz. Entonces la legitimidad de esta negociación está en términos del deber ser”, explica Echeverry.

Agrega que “además, en virtud de las realidades políticas y de lo que ha sucedido en los dos últimos años con el concepto de la Paz Total y la forma en la que el Ejecutivo ha logrado ingerir en estas dinámicas, la experiencia del presidente Gustavo Petro y del grupo que maneja el Alto Comisionado para la Paz, creo que les da suficiente peso para iniciar estos diálogos”.