Lo que hay detrás de las alertas de golpe de Estado del presidente Gustavo Petro

La investigación del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre presuntas irregularidades en la financiación de la campaña de Gustavo Petro puso nuevamente al mandatario a alertar sobre un posible “golpe de Estado” en su contra, situación que para analistas está lejos de la realidad y solo corresponde a una estrategia para victimizarse y desviar la atención.

En los últimos días se ha visto a un Petro que parece preocupado por el rumbo que tome el proceso anunciado por el tribunal sobre las finanzas de su aspiración en 2022, llevándolo a asegurar en sus redes sociales que un “grupo mafioso intenta asesinarnos”.

Para Juan Nicolás Garzón, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, el Jefe de Estado “utiliza esta estrategia de presentarse como una víctima de un golpe blando y de una persecución, estimando que es efectiva para la base petrista que respalda la gestión hasta ahora del Gobierno”.

“Esta retórica de que lo quieren sacar del poder la va a repetir para excusar cualquier tipo de gestión de su gobierno en función de que no logró concretar varias iniciativas, porque tuvo que luchar con medios de comunicación, fuerzas hegemónicas, con intereses, con fuerzas políticas, con tribunales que intentaron torpedear sistemáticamente su gestión”, añade.

Según Petro, la investigación responde a una estrategia para desestabilizar su gobierno, implementada por sectores de poder que no han aceptado su victoria electoral.

“Mientras de un plumazo y contrario a la doctrina constitucional usada con todos los presidentes de Colombia, al deshacerse del fuero integral del actual presidente, inició un golpe de Estado”, señaló Petro en la red social X el pasado domingo.

El Presidente criticó que esta medida, tomada por un órgano que no tiene competencia vinculante, pretende abrir el camino para su destitución sin que él haya cometido delito alguno (ver recuadro).

La decisión, según el Jefe de Estado, es un acto de desobediencia a la voluntad popular y un intento de la “oligarquía colombiana” de socavar el sistema democrático establecido en la Constitución de 1991.

La politóloga Nury Gómez explica ese comportamiento indicando que “un gobernante que controla la agenda mediática puede enmarcar las narrativas de manera que su gestión actual se vea como una respuesta heroica a los problemas dejados por sus predecesores. En la coyuntura actual, todo fracaso o problema puede ser reinterpretado como una consecuencia inevitable de los errores cometidos por los gobiernos anteriores”.

Otro enfoque que resalta la docente es que el Presidente anuncia rumores y acusaciones sin pruebas contra los gobernantes anteriores usándolos como herramientas para desviar la atención de temas más complejos o difíciles de abordar y crea un ecosistema mediático donde su versión de la realidad se convierte en la verdad dominante, aun si carece de fundamentos sólidos”.

Por ello, señala que el Mandatario intenta “desviar la atención de los problemas reales de gobernabilidad hacia otros temas de mayor carga emocional o polémica, por ejemplo, el polémico software ‘Pegasus’”, que fue denunciado por Petro en medio del paro de transportadores la semana pasada, mientras el país esperaba una respuesta sobre las negociaciones con ese sector.

Finalmente, la politóloga indica que “Petro parece seguir esas prácticas comunicativas y usarlas para mantener crispadas las emociones de los colombianos y polarizar posiciones. El asunto es, ¿cuánto puede resistir un gobierno que, de manera desesperada, recurre a las mismas estrategias comunicativas y cuánto puede aguantar la estabilidad democrática ante repetitivas y paralizantes distracciones?”.

De acuerdo con ella, Garzón agrega que en la medida en que la popularidad de la Administración baje y los cuestionamientos aumenten, “es esperable que insistan en esa retórica, porque es la forma a través de la cual intenta mostrarse como un gobierno que está a expensas de un intento sistemático por sacarlo del poder”.

¿Qué dice el Consejo de Estado?

El presidente del Consejo de Estado, Milton Chaves, rechazó las acusaciones de Gustavo Petro que sugieren la existencia de un golpe de Estado por parte del alto tribunal.

En diálogo con un medio radial, Chaves calificó de insólito el comentario del Mandatario y subrayó que la justicia debe ser imparcial y ajustarse estrictamente a las normativas constitucionales y legales.

Chaves indicó que el Consejo de Estado se limita a dirimir conflictos de competencias entre entidades administrativas y aclaró que el fuero presidencial no protege al presidente de sanciones administrativas.

“Las decisiones se basan en la Constitución y la ley, y no en favoritismos. Es sorprendente que se sugiera que el Consejo de Estado esté involucrado en un golpe de Estado”, manifestó el magistrado.

El magistrado Chaves explicó que, en casos de irregularidades en la financiación, la autoridad para imponer multas corresponde al CNE, mientras que el Congreso maneja la eventual pérdida del cargo presidencial.

También, comentó que “las decisiones judiciales son inherentemente imparciales y deben estar sujetas a la crítica académica, pero resulta insólito que el presidente considere estas decisiones como un golpe de Estado”.