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Lo que se conoce de la reforma a la educación superior del Gobierno Petro
Este proyecto busca reformar la Ley 30 de 1992, que reglamenta la educación superior en Colombia.
La reforma a la educación superior, el cual busca reformar la Ley 30 de 1992, está a una semana de ser radicada. Y pese a esto, se conoce poco sobre el contenido de dicho proyecto, que empezó como intento de salvar financieramente a las universidades públicas de su déficit, y ahora, pretende una reforma integral que toque diferentes aspectos fundamentales del sector.
A pesar de conocer poco de dicha iniciativa, por medio de sus declaraciones, la ministra de Educación, Aurora Vergara, ha dejado en evidencia algunos de los puntos que han sido discutidos y que, al parecer, se incluirían en el documento que presentarán.
Además de la información que ha dejado ver la jefe de la cartera de Educación, están también lo que han revelado rectores y otros agentes del sector.
Entretanto, lo que hasta el momento se conoce de este proyecto, que buscar reformar la Ley 30, haciendo énfasis en las declaraciones que ha dado el Gobierno y lo se ha conocido en las reuniones estructurales sobre el texto es:
Financiación de las universidades públicas
El financiamiento de las universidades públicas es uno de los puntos claves de la reforma, de hecho, fue el que la impulsó, ante el reclamo del movimiento estudiantil, profesores y rectores desde hace un tiempo.
Y es que en la actualidad, de acuerdo con los cálculos del Sistema Universitario Estatal (SUE), las universidades públicas cuentan con un déficit presupuestal que se estima en $18 billones.
Esto se debe a que anualmente el aumento de los presupuestos que asigna el Gobierno a las universidades se tasan en el Índice de Precios al Consumidor (IPC, la inflación), como lo ha establecido la Ley 30 en los artículos 86 y 87.
No obstante, los gastos de las universidades suelen ser, en promedio, de un 5%, es decir, que si en un año la inflación fue del 3%, los costos universitarios se eleven a un 8%.
Todo esto ha generado complicaciones en la situación financiera en las universidades, que incluso, en muchas ocasiones, a mitad de año ya se han gastado toda la asignación presupuestal anual.
Para resolver esta delicada situación, lo que han propuesto los rectores, que además ya fue consignado en un proyecto de ley que se adelanta en el Congreso, es que la base presupuestal se aumente anualmente según el Índice de Costos Universitarios del Dane.
Cabe mencionar que modificar este modelo de financiación es un gran consenso en las conversaciones de los actores del sector, sin embargo, el cómo va a ser el cálculo que se plantee en la reforma, es el que aún no ha quedado claro, pues, al ser un tema de dinero, se debe garantizar que existan los recursos para mantener este incremento.
La educación como derecho fundamental
De acuerdo con las intervenciones de la Ministra de Educación, “uno de los ejes principales tiene que ver con el carácter de la educación. Es un aspecto común en toda la deliberación que esta reforma integral a la Ley 30 ponga la visión de la educación de un servicio, como dice la norma actual, a un derecho fundamental. Este es el principal eje de deliberación”.
Y es que la Ley 30 en su artículo 2 establece que “la educación superior es un servicio público, cultural, inherente a la finalidad social del Estado”. Entonces, la idea que se tiene es que la educación sea considerada un derecho, lo que implica una mayor responsabilidad del Estado para garantizarlo.
No obstante, realizar esta modificación, también podría causar que el trámite del proyecto sea otro, según le explicó el rector de la Universidad del Valle, Edgar Varela, a El Tiempo: “Como se le quiere dar un carácter de derecho fundamental, abogados que nos han asesorado nos dicen que el proyecto no debería ser de ley ordinaria, sino de ley estatutaria, una reforma de carácter constitucional, lo cual alargaría los tiempos de discusión”.
Bajo este contexto, el rector y otros expertos sostienen que si el Gobierno cataloga en la reforma a la educación superior como derecho fundamental, pero tramita una ley ordinaria, esto le podría traer demandas por inconstitucionalidad.
Bienestar universitario
Sin tener mucha información del texto final, en los encuentros estudiantiles, reuniones o consejo comunitarios, se ha comentado sobre dignificar la comunidad educativa, idear un sistema nacional de restaurantes universitarios, reactivar las residencias universitarias, acompañamiento a la salud mental, tarifas de transporte diferenciales para estudiantes, guarderías para los hijos de los alumnos, entre otras.
¿Elecciones universitarias?
Uno de los puntos en los que más insisten la mayoría de los integrantes del movimiento estudiantil es el cogobierno universitario, lo que implicaría que los consejos superiores de las universidades tengan un porcentaje menor de miembros del gobierno y más representantes de estudiantes, egresados y profesores.
Sin embargo, también se ha propuesto que haya una elección directa, por votación de estudiantes y profesores, de los rectores de las instituciones de educación superior.
“Si bien no nos cerramos a hacer cambios en los gobiernos universitarios, hay cosas que podrían llegar a ser inconstitucionales, pasando por encima de la autonomía universitaria (las universidades deben ser autónomas en cuanto a la conformación de sus órganos de gobierno), lo cual podría tumbarse en la Corte Constitucional”, indicó Edgar Varela.
Sistema de aseguramiento de la calidad
El sistema de aseguramiento de calidad es uno de los llamados que hacen los rectores de las universidades públicas y privadas, pues consideran que el actual es un poco lento, arcaico y ha sido una camisa de fuerza para las instituciones de educación superior.
Según lo que explica la rectora de Eafit, Claudia Restrepo: “La sociedad nos está pidiendo flexibilidad, rapidez, conexión con los problemas concretos, responder rápidamente a las necesidades que los jóvenes tienen, ser más algorítmicos. Los pelados básicamente se imaginan más la educación como un Spotify o un Netflix, que como una cosa estandarizada, y eso no lo permite el sistema actual”.
Con respecto a este tema, la Ministra de Educación indica: “Respecto al sistema de aseguramiento de la calidad, los documentos que recibimos del Consejo Nacional de Acreditación (CNA) plantean que se pueda reformar la manera en que se estructura este sistema, redefinir lo que entendemos por calidad y cómo aseguramos que la educación que reciben los jóvenes sea pertinente”.
Fortalecer la formación técnica y tecnológica
Por temas de costos, pero también de cobertura y capacitación del personal para el trabajo, la formación técnica y tecnológica recibirá un empujón.
Aumentar la cobertura
Cabe mencionar que todas estas medidas van encaminadas a cumplir la ambiciosa meta del Gobierno Petro de incrementar en 500.000 los cupos universitarios. Dicho esto, se espera que el documento incluya puntos específicos que tengan que ver con la creación de nuevas sedes universitarias en las regiones con las cifras más bajas de cobertura o con la norma de la matrícula cero.
Otros puntos a tener en cuenta
En su totalidad son 15 ejes diferentes los que ha recopilado el Ministerio de Educación. Una de las propuestas es que el Icfes ofrezca a los colegios estatales programas Pre-Universitarios o la anhelada transformación del Icetex.
