Los detalles del escándalo por contratos que tiene en el ojo del huracán a María P. Correa

Aunque ya fue despedido el exfuncionario de la jefe de gabinete del presidente Duque, María Paula Correa, por múltiples contratos con el Estado otorgados a su esposa, desde distintos sectores reclaman a su vez la renuncia de Correa.

Son 26 los contratos con el Estado por un valor de 1250 millones de pesos, que le fueron entregados Karen Liseth Váquiro, esposa del exasesor Andrés Mauricio Mayorquín, entre enero de 2020 y diciembre de 2021.

Públicamente, hasta el momento ninguna de las entidades para las que trabajó Váquiro ha explicado en detalle cuáles fueron las razones para contratarla, a pesar de que en algunos casos su área de experiencia no coincidía ni siquiera con el objeto del contrato. Tampoco han informado si cumplió a cabalidad con las tareas que le fueron encomendadas ni cuáles fueron los reportes que presentó de su trabajo.

La participación de su esposo, quien tenía contacto con diversas entidades del orden nacional gracias a su cargo de asesor de Presidencia, habría sido clave para obtener estos contratos, según lo reveló el alcalde de Cartagena, William Dau, uno de los funcionarios a quien Mayorquín le recomendó a su esposa.

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“Yo a este señor ya lo tenía fichado. Busqué en mi Whatsapp unas perlas de mensajes que quiero compartir con ustedes para que cada uno llegue a sus propias conclusiones”, expresó el alcalde Dau en un video que compartió a través de sus redes sociales en el que hizo públicos los mensajes en los que Mayorquín le decía que se había enterado de que estaba buscando alguien que le ayudara a manejar la información del Congreso y le sugería a su esposa, que había trabajado en eso.

El miércoles pasado, en una rueda de prensa convocada para explicar el caso, María Paula Correa aseguró que no conocía a Váquiro, que no sabía que fuera la esposa de su asesor Mayorquín, y que fue “asaltada en su buena fe”.

Asimismo, Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, quien acompañó a Correa en la comparecencia ante los medios, dijo que la inconsistencia no fue detectada porque Váquiro ocultó su vínculo marital con Mayorquín.

A lo que Correa agregó que no existe una prohibición legal para que una misma persona tenga varios contratos con el Estado y depende de la ética del contratista que no ocurra una situación como la de Váquiro.

Sus respuestas, sin embargo, no dejaron satisfecha ni a la opinión pública, ni a la oposición, que ya anunció que convocará un debate en el Congreso para cuando termine el receso legislativo. Incluso, algunos han pedido la renuncia de Correa.

La Fiscalía General de la Nación anunció que comenzará la investigación por múltiples contratos con el Estado , entregados a Váquiro entre 2020 y 2021.

Por otro lado, para los expertos, son varios los vacíos que le habrían permitido a la pareja salirse con la suya.

En primer lugar, el abuso de la contratación directa, algo muy usual entre las entidades del Estado, y adicionalmente, la falta de rigor en los procesos de selección.

Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción explicó que “quienes contratan deben asegurarse de que el contratista es idóneo y tiene capacidad real de cumplir con el contrato. Así, si el contrato no se cumplió o se cumplió a medias, el contratante y el supervisor del contrato pueden entrar a responder. Pero más importante aún, si el contrato se suscribió para favorecer a alguien en particular, puede configurarse el delito de tráfico de influencias o el de interés indebido en la celebración de contratos”.

¿Por qué 15 entidades consideraron que Váquiro era la persona idónea para desempeñar un cargo en el que tenía una experiencia escasa? ¿Tenía Mayorquín la suficiente influencia como para lograr que su esposa fuera contratada a pesar de eso? Esas serán las preguntas que tendrán que responder las entidades de control.

“Eso solo ocurre gracias a una buena dosis de presión política y tráfico de influencias. A esa pareja no se le apareció la virgen, usaron indebidamente su poder para forrarse con la plata de los colombianos”, concluye Enciso.

Según la verificación de formación académica y profesional hecha por el Icetex en 2019 con base en la hoja de vida de Karen Váquiro, para ese momento tenía 2 años y 7 meses de experiencia, la mayor parte de ellos en el Banco de Bogotá, en donde había sido Gerente de oficina, con un sueldo de $3’677.800.

El resto de la experiencia lo había tenido en la firma Link Consultores, en donde sí había desempeñado la labor de hacer seguimiento a la agenda legislativa, en lo que después prestó sus servicios a la mayoría de entidades que la contrataron.

Uno de los contratos suscritos por mayor valor ($47,5 millones) , fue con la Gobernación de Cundinamarca.

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Al caso de Váquiro, esposa del exasesor de la jefe de Gabinete, Andrés Mayorquín, se sumó el de Claudia Marcela Montealegre, esposa de Germán Quintero, secretario jurídico de la Presidencia, quien firmó nueve contratos de prestación servicios con diferentes entidades del Estado, por un valor de 653 millones de pesos, desde que su esposo fue nombrado en el cargo.

De acuerdo con Caracol Radio, medio que denunció el hecho, “los contratos han sido asignados a través de la modalidad de contratación directa y tienen por objeto brindar asesorías legales”.

Montealegre, que es abogada y contratista, había trabajado como asesora del Ministerio de Salud en el Gobierno del expresidente Santos, y había tenido otros contratos con el Estado, pero desde que su esposo Quintero se posesionó en enero de 2021, sus ingresos se dispararon.

De acuerdo con el Portal Anticorrupción de Colombia, Montealegre ha tenido 16 contratos con el Estado. Siete de ellos antes de que su esposo se convirtiera en Secretario Jurídico de Presidencia, y nueve después. Estos últimos son los de mayor monto.

Quintero fue nombrado secretario jurídico de Presidencia el 12 de enero de 2021 en reemplazo de Clara María González, quien presentó su renuncia.

Algunos de los contratos han sido suscritos con el Ministerio de Cultura, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales y el Departamento Nacional de Planeación.

No obstante, ante la denuncia, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Víctor Muñoz, afirmó que Montealegre es contratista desde 2020 y que cuenta con más de 20 años de experiencia como contratista.

“Los contratos suscritos en el 2021 son contratos en renovación del 2020. En este caso siempre han declarado la información completa, la señora no es contratista del sector de la Presidencia de la República a diferencia del caso del señor Mayorquín, aquí no existiría una inhabilidad o incompatibilidad, también en el año 2021 en un tema asociado al sector de la salud efectivamente el señor Quintero se declaró inhabilitado y se aceptó”, afirmó Muñoz a los medios de comunicación.

Muñoz aseguró que, hasta el momento, no existe un conflicto de intereses ni inhabilidad en el caso. El Dapre también estará haciendo un barrido de la información que tienen respecto a los procesos de contratación y relacionamiento, también diferentes entidades están creando estrategias de alerta ante esos posibles casos.