Los escándalos y polémicas que han rodeado a Petro ocho meses después de su posesión

Con ocho meses de mandato ya cumplidos, al presidente  Gustavo Petro parece que se le acabo acabó hace rato la llamada luna de miel, luego de que su Gobierno se tuviera que enfrentar a varias polémicas, principalmente generadas por sus reformas, miembros de su gabinete y hasta por el uso de su Twitter.

Este proyecto, que hace parte de las reformas sociales impulsadas por el presidente Gustavo Petro, junto con la reforma laboral y la pensional, es probablemente el que más ha generado debate y rechazo en el país.

Desde que nombró como ministra de esa cartera a Carolina Corcho, quien desde hace varios años ha sido una dura crítica de las EPS y del actual sistema de salud, era de esperarse que este fuera un proyecto de controversia para la administración del Gobierno del ‘cambio’.

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De hecho, una vez que el texto de la iniciativa fue puesto sobre la mesa (después de ser aplazada por una legislatura) se empezó a ver que, incluso dentro del mismo Ejecutivo y su bancada, se generaron tensiones, al punto en que el proyecto terminó provocando la salida del gabinete del ministro de Educación, Alejandro Gaviria, luego de que se pronunciara en contra de la reforma, además de producir distanciamiento con los partidos Liberal, Conservador y la U.

Por ello, después de múltiples reuniones y discusiones con el Mandatario y funcionarios del Ministerio de Salud, las colectividades se ‘bajaron’ del acuerdo, porque no sentían que sus propuestas fueran tenidas en cuenta en el texto final.

Al respecto, el politólogo Alejandro Echeverry dice que “ha habido un mal manejo del discurso y de la narrativa del proyecto, así como existen unos poderes fácticos que no quieren que el proyecto se haga bajo los criterios de Petro”.

También, fue muy controvertido su discurso desde el balcón de la Casa de Nariño en el que, tras convocar marchas para defender su reforma, dijo: “Cumplimos con una responsabilidad inicial que es hacer las reformas y presentarlas a la discusión pública, al Congreso. Pero debo advertir que si por alguna circunstancia las reformas se entrabaran en Colombia, lo único que están haciendo es no construir a los caminos de un pacto social, de la Paz”.

En el campo económico, las grandes controversias del Gobierno Petro han estado vinculadas, en su mayoría, a las declaraciones de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, en especial con la afirmación, repetida en varios escenarios, de que el Ejecutivo no firmaría más contratos de exploración de petróleo y gas.

Aunque el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, ha salido en repetidas ocasiones a matizar esa afirmación, Vélez ha continuado insistiendo en ella, a pesar de la incertidumbre que genera entre los inversionistas del sector.

Otro tema relacionado con la Paz Total que ha sido motivo de disputas es la, ya radicada, ley de sometimiento, que busca que los grupos delincuenciales que no tienen carácter político se entreguen a la justicia a cambio de rebajas de penas y un tratamiento penal más favorable.

En este caso, la controversia se ha concentrado en los organismos de control. Tanto el fiscal general, Francisco Barbosa, como la procuradora Margarita Cabello, han expresado sus reparos al proyecto, pues, desde su punto de vista, debilita la acción del Estado frente a los narcotraficantes.

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No obstante, Petro ha defendido el proyecto alegando: “La pregunta es si queremos desmantelar pacíficamente las bandas ilegales o cerramos esa puerta. Yo creo que la sociedad colombiana se merece la construcción de un camino pacífico. En el mundo de la guerra solo se ha empoderado el narcotráfico”.

Lo que ha causado un rechazo permanente para Gustavo Petro son sus continuas ausencias y retrasos que lo han llevado a incumplir encuentros con miembros de las Fuerzas Militares, magistrados, alcaldes, gobernadores e incluso expresidentes. Se dijo, incluso, aunque él lo desmintió, que no llegó a tiempo a una cita en Nueva York con el presidente de EE.UU, Joe Biden. La versión que el Mandatario entregó fue que el tráfico de esa ciudad le impidió llegar a tiempo, pero que aun así la cita no era una reunión individual, sino un encuentro protocolario.

A su vez, la jefe de Gabinete, Laura Sarabia, ha intentado justificar esos retrasos señalando que “el Presidente no es tan del tema protocolario, de dar un discurso, regresarse y decir: ya cumplí. Él va más allá de eso y ese es el tema de su agenda”.

Desde hace unas semanas, los mandatarios, de El Salvador, Nayib Bukele, y de Colombia, Gustavo Petro, se han enfrentado en Twitter.

Todo empezó cuando Gustavo Petro criticó los videos que se hicieron virales de la cárcel de máxima seguridad construida por Bukele en la que los presos, antiguos pandilleros, corrían en ropa interior, muy juntos unos de otros, con una vigilancia estricta su alrededor.

“Las fotos terribles del campo de concentración de El Salvador, lleno de miles de jóvenes encarcelados, le da a uno escalofríos”, dijo Petro. A lo que el mandatario salvadoreño respondió: “Los resultados pesan más que la retórica”.

De ahí en adelante, los dos presidentes han usado las redes sociales para echarse en cara su popularidad o falta de ella. De hecho, el pasado miércoles, Bukele tuiteó: “Parece que alguien va en picada”, refiriéndose a una encuesta que mide la favorabilidad de los mandatarios en la que Petro figuraba con el 41 % y él con 91 % .

Para el politólogo Alejandro Echeverry esos rifirrafes son “más una pelea de redes sociales, que algo real. Es una discusión de egos”.

El diputado por el departamento del Atlántico fue acusado el mes pasado por su ex esposa, Day Vásquez, de recibir grandes sumas de dinero durante la campaña presidencial de su padre por parte de Samuel Santander Lopesierra, quien estuvo preso en Estados Unidos por narcotráfico, y Alfonso ‘El Turco’ Hisalca, señalado por corrupción en esa región.

Desde el primer momento, el Mandatario le salió al paso a las denuncias de su hijo enviando un comunicado en el que le pedía al Fiscal General que investigara a Nicolás y a su hermano Juan Fernando, acusado de hacer favores a narcotraficantes, para verificar si habían tenido contactos con delincuentes.

Sin embargo, generó mucho rechazo en la opinión pública que Petro dijera en una entrevista que había sido un padre distante para Nicolás por motivo de su actividad guerrillera, y que no había tenido oportunidad de criarlo, declaración que fue tomada como un intento por ‘lavarse las manos’, además de recordarle que él había apoyado toda la carrera política de su hijo y le había dado la responsabilidad de dirigir su campaña presidencial en el departamento del Atlántico.

Para el politólogo Echeverry “Petro hizo mal en querer dar un matiz de víctima, porque no queda nada bien en un país con tanta corrupción y tantos niveles de favoritismo de un sector ideológico u otro”.

Parte de las polémicas que envuelven al Mandatario tienen que ver con su política de Paz Total.

La principal se dio luego de que el 31 de diciembre de 2022, Gustavo Petro anunciara que se había pactado un cese al fuego multilateral con el ELN, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Horas más tarde, el ELN desmintió la veracidad de ese acuerdo y fue necesario convocar una mesa extraordinaria en el proceso de diálogos para solucionar ese impasse.

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Con los otros grupos no fue más exitoso, ya que el Gobierno levantó el cese con el Clan del Golfo al confirmarse su participación en el paro minero en el bajo Cauca.

En ese sentido, Echeverry indica que “Petro ha cometido muchos errores en la implementación de la Paz Total. La forma como direcciona el proceso no está siendo entendida por todos los sectores”.

La que podría ser una de las mayores incertidumbres que ha generado Gustavo Petro es la decisión de reasumir el control que las comisiones reguladoras de servicios públicos han ejercido desde hace años por delegación presidencial.

Aunque legalmente el Mandatario defiende su derecho de retomar una función que le corresponde de acuerdo con la Constitución, el Consejo de Estado ya se pronunció suspendiendo provisionalmente el decreto en el que el Presidente retomó sus facultades.

De su lado, Petro acató la decisión, pero no renunció al propósito de asumir directamente el control de los servicios públicos: “Mi Gobierno respetará, como es lo básico en un estado de derecho, la decisión del magistrado Serrato de suspender mis funciones constitucionales, respecto a los servicios públicos… Sin embargo, utilizaremos todos los recursos jurídicos que dispongamos ante el Consejo de Estado”.