Más de $21 billones se perdieron por corrupción entre 2016 y 2022, revela un estudio de Transparencia por Colombia

El fenómeno de la corrupción sigue siendo uno de los grandes problemas de la sociedad colombiana. Un estudio de Transparencia por Colombia demostró que entre 2016 y 2022 se perdieron cerca de 21 billones de pesos y que los más afectados fueron los niños. Estos hechos involucraron a colegios, infraestructuras, y programas sociales, que estaban pensados para la primera infancia en Colombia.

El problema con la infancia, según Transparencia por Colombia, no está enfocado en una región específica, sino que se extiende por 20 de los 32 departamentos del país. Además, el estudio revela que 14.5 millones de personas en Colombia se vieron afectadas directamente por la corrupción, es decir, no recibieron la ayuda del Estado o no disfrutaron de las obras que estaban planeadas.

Llama la atención que Transparencia por Colombia hace un intento por categorizar los tipos de corrupción que hay en Colombia. El estudio define, por ejemplo, la corrupción administrativa como: “el uso indebido de la autoridad o posición de un actor público con el propósito de obtener beneficios personales o en favor de terceros. Esta práctica conlleva un perjuicio del interés colectivo al poner en riesgo los recursos públicos y la adecuada provisión de bienes y servicios destinados al beneficio general de la sociedad”. Como protagonistas de este tipo de corrupción pone a las autoridades o servidores públicos.

Así mismo, define otros tipos de corrupción como la política, cuyos principales partícipes son candidatos, autoridades electas y partidos; la privada, donde participarían empresas privadas y organizaciones de ese sector; y la judicial, donde participarían funcionarios de esa rama del poder público. Siendo el tipo de corrupción administrativa la más frecuente con 494% seguido de la corrupción política con 23.73%

¿Dónde están los mayores casos?

Para Transparencia es importante fortalecer los controles sobre la contratación pública, pues la mayoría de los hechos identificados por la organización se dieron por falencias en esos procesos.

“La Contratación Pública se destaca como el ámbito de gestión más susceptible a la corrupción, en la medida en que 38% de los hechos de corrupción identificados en el período de estudio se dieron en el marco de falencias en el proceso de planeación, selección, ejecución o seguimiento a los procesos de contratación. Estos datos subrayan la necesidad de priorizar los ajustes normativos e institucionales, así como los mecanismos de gestión de la contratación pública en todas sus etapas de manera que se pueda mejorar el seguimiento y estandarización para reducir los riesgos de corrupción en los procesos contractuales”, asegura el estudio.

Según la entidad es necesario fortalecer el ámbito de contratación, y de regulación, licenciamiento y trámites, donde se registran gran cantidad de incidentes de corrupción, esto “refleja la complejidad de las influencias indebidas que afectan los procesos de contratación y en la implementación de regulaciones en el país”.

El informe también revela que la rama ejecutiva, el sector de defensa y seguridad, es el más afectado por actos de corrupción, seguido de salud, administración pública y transporte. “Es esencial reconocer que la corrupción en el sector de defensa y seguridad no se limita a irregularidades administrativas, sino que se encuentra estrechamente vinculado con la vulneración de Derechos Humanos, afectando particularmente el derecho a la vida. Se debe resaltar que cada sector exhibe un porcentaje considerable de corrupción administrativa, mientras que la corrupción privada prevalece sobre otros tipos de corrupción en áreas como turismo, agropecuario, minas y ambiente. Asimismo, los hechos de corrupción política se concentran mayormente en los sectores de defensa y seguridad, electoral, administración pública y transporte”.

Solo en el sector ejecutivo, la entidad analizó 327 hechos de corrupción, de los cuales en 118 se identificó la pérdida de dinero por un valor de $11 billones que fueron desviados y terminaron en manos de actores corruptos. A pesar de que la mayoría del dinero desviado proviene de entidades nacionales, la cantidad de dinero efectivamente perdido en las gobernaciones es comparable a la pérdida en las entidades de nivel nacional.

En el estudio publicado este miércoles hay un capítulo dedicado a los Flujos Financieros Ilícitos (FFI), es decir, los movimientos de dinero cuyo origen, transferencia y uso es explícitamente ilegal y que contamina las finanzas de la nación.

“Se identifica una alta incidencia de hechos de corrupción relacionados con prácticas de lavado de activos, lo cual es consecuente con la naturaleza de los FFI como movimientos que pueden tener implicaciones en la integración de las rentas criminales al sistema financiero formal. Igualmente, los hechos vinculados con el ámbito de seguridad evidencian el contexto de economías ilícitas en el país. Sin embargo, llama la atención particularmente el número de hechos relacionados con el ámbito electoral, en tanto evidencia la vinculación entre FFI e irregularidades en el marco de la competencia política”, dice el estudio. En otras palabras, que los dineros ilegales han llegado a las campañas políticas.

“Ahora bien, es importante considerar que en el contexto nacional existe una alta influencia de economías ilícitas, tales como narcotráfico o la explotación ilegal de recursos mineros, las cuales se valen de distintas prácticas corruptas para incorporar los réditos de sus actividades a la economía formal. Asimismo, el énfasis en la investigación judicial y el cubrimiento periodístico sobre las economías ilícitas han concentrado la atención en la actividad criminal. Sin embargo, los actores relacionados con estas economías han empleado diferentes técnicas para transferir los recursos que dejan estas actividades al sistema económico legal, lo que refleja la importancia de profundizar sobre el rastreo de estos fondos. A pesar de la influencia de las economías ilícitas que se valen de FFI para blanquear sus rentas, desde una perspectiva anticorrupción es fundamental comprender que los FFI sirven de instrumento para los fines de actores corruptos”, pide la ONG.

¿Cómo se construyó?

El estudio recoge 1.243 casos documentados por la prensa nacional y territorial entre 2016 y 2022, y cruza esta información con la de las entidades judiciales y de control. Ofreciendo una visión completa de la magnitud, características y repercusiones de este fenómeno en el país.