“Me dejaron sin pruebas”: los argumentos del expresidente Álvaro Uribe para retirarse de audiencia en su contra

Horas después de que la juez 44 de Conocimiento de Bogotá le negó un nuevo aplazamiento a la defensa de Álvaro Uribe, el exmandatario decidió retirarse de la audiencia en su contra por presunta manipulación de testigos.

“Me dejaron sin pruebas”, dijo el expresidente a través de su cuenta oficial en X, donde, además, publicó dos fragmentos de la audiencia que se desarrolló este miércoles, 2 de octubre.

Entre sus argumentos, Uribe Vélez señaló que le negaron el tiempo necesario para que un perito inspeccionara el computador y el teléfono de Juan Guillermo Monsalve, testigo clave del caso. Dicha inspección, remarcó el exmandatario, era necesaria para la estrategia de su defensa en este proceso.

Por su parte, el abogado defensor Jaime Granados dio una rueda de prensa en la tarde de este miércoles, donde ratificó que, a su juicio, al expresidente Álvaro Uribe se le han violado las garantías en el proceso.

El abogado defensor Jaime Granados solicitó un aplazamiento por siete días para revisar un material forense que se extrajo de unos computadores y unos celulares que tendrían pruebas sobre Monsalve.

Sin embargo, la juez consideró que Granados ya hizo el descubrimiento de pruebas, por lo que esta nueva petición podría ser una maniobra dilatoria.

En un comunicado, el defensor del expresidente remarcó que “todos los ciudadanos sin importar sus condiciones actuales ni pasadas ni el gobierno de turno deben gozar de la garantía efectiva de sus derechos fundamentales del debido proceso, de defensa y de un juicio justo”.

También consideró que la negación de la juez a su solicitud lleva a un escenario “anómalo”, por avanzar en el proceso, según Granados, “sin que la defensa conozca la totalidad” del material probatorio.

Cabe recordar que el pasado 27 de agosto el Tribunal Superior de Bogotá también le negó a Uribe un recurso de nulidad que presentó su defensa para que se pusiera fin al caso en su contra.

La decisión tiene como origen el estudio de un recurso de queja en el que se alegaba que la jueza 44 penal del circuito de Bogotá (encargada de llevar en su despacho el caso contra Uribe) se equivocó al rechazar de plano la solicitud de nulidad elevada por el exmandatario.

”El rechazo de plano es un argumento contradictorio, pues, asegura, se trata de una solicitud dilatoria, cuando es el legislador quien indica que este es el escenario para solicitar nulidades, los derechos de las víctimas y del procesado a que el proceso se adelante con celeridad y eficacia, no pueden entenderse como justificación válida para limitar el debido proceso y permitir oportunidades de defensa que el mismo proceso trae dentro de su estructura”, señaló la petición de queja.

El proceso comenzó en 2018, con una investigación que la Corte Suprema adelantaba contra el senador Iván Cepeda luego de un debate de control político convocado por el político de izquierda.

Cepeda reveló testimonios de exparamilitares que señalaban a Uribe por supuestos nexos con esos grupos armados ultraderechistas, principalmente en Antioquia. En medio de esta investigación, los testigos comenzaron a retractarse, pero uno de ellos, Juan Guillermo Monsalve, manifestó por escrito que recibía presiones.

La Corte en sus pesquisas descubrió que ese era un patrón que se presentaba en varias declaraciones, así que archivó su indagación contra Cepeda e inició una contra Uribe.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema siguió su curso, llamó a Uribe a indagatoria en 2019 ante el magistrado César Reyes y en agosto de 2020 ordenó detener al exsenador de manera preventiva en su residencia.

El paso siguiente era acusarlo, pero antes de que eso ocurriera Uribe renunció al Congreso, así que su expediente pasó a la Fiscalía.

Contrario al alto tribunal, la Fiscalía intentó cerrar el caso. La primera solicitud llegó por cuenta del entonces coordinador de fiscales delegados ante la Corte, Gabriel Jaimes, jefe de Villarreal, y la segunda, por el fiscal Javier Cárdenas.

Dos juezas le negaron la preclusión a Jaimes y Cárdenas, quien apeló y recibió otra negativa del Tribunal de Bogotá. Una vez se dio el cambio de fiscal, solo la puerta del juicio quedó abierta para el expresidente.

Además de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, la Fiscalía en la última audiencia anunció que también lo investigará por el delito de soborno.

Ese delito está vinculado al caso de la exfiscal condenada Hilda Niño, a quien al parecer se le habría ofrecido un soborno por parte del abogado Diego Cadena.

*Con información de Colprensa.