“Me quieren echar el agua sucia”: Exsecretario general de la Cancillería, frente al lío de licitación de pasaportes

El exsecretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar Ramírez, desmintió al canciller Luis Gilberto Murillo, frente algunas declaraciones que se originaron después de que se conociera que se había adjudicado el contrato de licitación de pasaportes a Thomas Greg & Sons y su retiro del cargo.

Murillo afirmó que desde el 22 de febrero, el exsecretario tenía conocimiento de que se iba a ir de la Cancillería de Colombia y, aun así, otorgó el millonario contrato para la elaboración de pasaportes.

Frente a eso, en diálogo con Semana, Salazar expresó que “es totalmente falso, tanto, que el 22 de febrero es la fecha que tiene la Resolución 1344 por la cual él me ratificó la delegación”, y le hizo una grave advertencia a Murillo, pues según él, “no quieren cumplir”.

En ese sentido, el exsecretario general de la Cancillería resaltó que no intervino en la elaboración del documento, pues se lo llevaron a la Secretaría General ya elaborado. “Lo elaboró la Oficina Jurídica Interna junto con el doctor Juan Carlos Lozada. Él le encomendó a Lozada la elaboración de la resolución. Fue de la manera más espontánea”, precisó.

Por lo anterior, Salazar anotó que no tenía conocimiento de que iba a ser retirado del cargo, pues dedujo con una charla que sostuvo con Luis Gilberto Murillo que él llegaba al cargo con la intención de quedarse. Por eso, en ese momento, sintió que debía de resolver el problema.

“Él me dijo a mí que el propósito que tenía era decirle al presidente Gustavo Petro que conciliara el tema. Igual manifestación le hizo Luis Gilberto Murillo al canciller Álvaro Leyva”, enfatizó.

Asimismo, el exsecretario resaltó que tuvo una conversación con Álvaro Leyva y no lo notó molesto por adjudicar el contrato, un aspecto que él no compartía. “No lo noté molesto. Ayer hablamos de ese tema. Sigamos con los puntos”, afirmó a Semana.

Frente a la polémica que ha surgido en los últimos días, Salazar afirmó que: “Me quieren echar el agua sucia y no quieren cumplir. Están metiendo al Estado en un problema gravísimo. Si ya hay unos derechos del contratista, eso no se puede revocar”.

“No solo me quieren cobrar, no quieren cumplir. Están estudiando la forma de derogar, pero no es posible. Hay derechos en favor de un tercero. Eso es carísimo, como lo es la adjudicación. Eso solo se puede hacer con el consentimiento del tercero”, concluyó el funcionario.