Política
Miembros de la Fuerza Pública reconocerán responsabilidad en ‘falsos positivos’ cometidos en Dabeida, Antioquia
La Jurisdicción Especial para la Paz realizará una audiencia en la que ocho miembros del Ejército aceptarán su responsabilidad por participar en la desaparición y el asesinato de 47 personas en Dabeiba, Antioquia.
El próximo 27 de junio, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, realizará una audiencia en la que ocho miembros del Ejército aceptarán su responsabilidad, de manera pública, por participar en la desaparición y el asesinato de 47 personas en Dabeiba, Antioquia.
Los hechos a los que hace referencia el tribunal de justicia transicional ocurrieron entre los años 2002 y 2006 y corresponden a crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en contra de víctimas que fueron presentadas como guerrilleros dados de baja en combate y que debieron ser inhumadas en el cementerio Las Mercedes, en el mencionado municipio.
A la diligencia judicial fueron convocados el coronel Efraín Enrique Prada Correa, excomandante del Batallón de Contraguerrillas No. 79; el sargento viceprimero Hernando Cómbita Salazar; Edie Pinzón Turcios, excomandante del Batallón de Contraguerrillas No. 26, y dos mayores en retiro: Yair Leandro Rodríguez Giraldo y Hermes Mauricio Alvarado Sáchica.
Asimismo, tres sargentos en retiro: William Andrés Capera Vargas, Fidel Iván Ochoa Blanco y Jaime Coral Trujillo, además del soldado profesional en retiro Levis de Jesús Contreras Salgado.
La audiencia anunciada por la JEP hace parte del macrocaso 03, que investiga los llamados ‘falsos positivos’, que, como se sabe, priorizó la región del Urabá antioqueño y chocoano.
De acuerdo con la Jurisdicción Especial, el objetivo de este acto es que los máximos responsables de estos hechos pasen del reconocimiento escrito que entregaron a la magistratura de la JEP a protagonizar un acto de reconocimiento de verdad y de responsabilidad o público ante la justicia, las víctimas y la sociedad colombiana.
Por, en la diligencia estarán presentes los familiares de las víctimas, quienes además participarán en un espacio al que también fueron vinculadas las organizaciones acompañantes, así como instituciones del Estado del orden local, regional y nacional e internacional, para que respalden y blinden el proceso restaurativo que empezó en diciembre de 2022.
El caso emblemático de Dabeiba, en su inmensa mayoría, afectó a hombres jóvenes en situación de vulnerabilidad, cuyas edades oscilaban entre los 20 y los 35 años.
El auto de determinación de hechos y conductas también indica que sus cadáveres fueron ocultados en los cementerios municipales para impedir su identificación.
La Sala encontró igualmente hechos representativos de este patrón en 1997 en Dabeiba, con participación de las tropas del Batallón de Infantería No, 10 ‘Coronel Atanasio Girardot’.
A lo largo de siete meses, un grupo de profesionales de la JEP ha venido trabajando en la preparación de esta audiencia pública de reconocimiento, tanto con las víctimas de estos como con los comparecientes de los mismos.
“Este proceso conduce a lograr que la diligencia permita públicamente sellar un compromiso de futuro entre quienes sufrieron el daño, quienes lo causaron y la sociedad en general, para el restablecimiento del tejido social fracturado en Dabeiba y, por conexidad, en Medellín, Ituango y Turbo”, se lee en un comunicado de prensa de la Jurisdicción Especial de Paz.
Precisamente, en Medellín se realizará también, el 29 de junio, una audiencia pública donde participarán las víctimas acreditadas, los ocho imputados que participan en la audiencia y los demás comparecientes vinculados a la investigación, pero que no fueron hallados como máximos responsables por la Sala de Reconocimiento de la JEP y, en este último caso, que fueron postulados ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas para que defina si procede o no la renuncia condicionada a la persecución penal.
Se trata de la primera audiencia conjunta que se realiza entre estas dos Salas de Justicia de la JEP, con el fin de avanzar en la restauración del daño causado y definir la situación jurídica de los comparecientes sometidos al sistema de justicia transicional creado a instancias del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y las extintas Farc.
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