Minhacienda desmiente a Luis Gilberto Murillo sobre disponibilidad presupuestal para licitación de pasaportes

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, desmintió las afirmaciones del pasado martes 27 de febrero en las que el Canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, se refirió a la disponibilidad presupuestal para la licitación de pasaportes, firmada por el destituido secretario general de esa cartera, José Antonio Salazar, a la firma Thomas Greg & Sons.

Según indicó Murillo, se está investigando con rigor la actuación de Salazar al asumir una competencia retroactiva y al intentar firmar un contrato por más de $599 mil millones sin respaldo presupuestario del Ministerio de Hacienda.

De acuerdo con él, no había disponibilidad presupuestaria debido a la reasignación de recursos desde el 2 de octubre del año pasado para asegurar la prestación del servicio durante la vigencia fiscal actual.

“No es cierto, como se afirmó en la resolución que pretendió la adjudicación, que exista el certificado de disponibilidad presupuestal número 74923 para el proceso contractual antes referido”, dijo.

Sin embargo, Bonilla habló este miércoles 28 de febrero sobre la existencia de fondos para dicho contrato y afirmó que “la plata de ese contrato estaba prevista”, y explicó que una licitación no puede llevarse a cabo sin un certificado de disponibilidad presupuestal, porque “eso es lo primero que le van a pedir”.

En ese sentido, afirmó que si se ha procedido con la licitación, es porque se cuenta con dicho certificado, y contradice directamente las declaraciones del Canciller encargado, quien había manifestado lo contrario.

Cuando se le cuestionó sobre la discrepancia entre su afirmación y la del Canciller encargado, Bonilla dijo: “Es un tema de... ¿Qué le habrá dicho el asesor financiero de la Cancillería? Tiene que haber mostrado el certificado de disponibilidad presupuestal. Y si no lo mostró, alguien lo está ocultando”.

Pero reiteró que sí existe un certificado de disponibilidad presupuestal: “La plata está ahí”.

Lo anterior se suma a la denuncia del ex secretario Salazar, donde aseguró que Murillo “no es abogado, es ingeniero de minas. Está inhabilitado para el ejercicio del cargo público, porque está condenado en primera y segunda instancia por el delito de peculado”. Además, señaló que no fue notificado antes del 26 de febrero sobre su salida del cargo, contrario a lo declarado por el ministro.