Niegan libertad por vencimiento de términos al exsenador Ciro Ramírez

La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia negó la libertad por vencimiento de términos a Ciro Ramírez, excongresista del Centro Democrático, quien es investigado por los delitos de concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos en el escándalo ‘Las Marionetas 2,0′.

“Es dable concluir que el delito de concierto para delinquir agravado, por el que se procede en contra de CIRO ALEJANDRO RAMÍREZ CORTÉS, es de competencia de la justicia especializada, por lo que deberán ser contabilizados 12 meses a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación”, indicó la corte.

Añade que “el término de 12 meses no se ha cumplido, por consiguiente, desde el punto de vista objetivo, la causal descrita en el numeral 5° del artículo 365 de la Ley 600 de 2000 no se ha configurado, por lo que se denegará la solicitud de libertad por vencimiento de términos invocada por la defensa de CIRO ALEJANDRO RAMÍREZ CORTÉS”.

Ramírez está siendo investigado por la presunta injerencia indebida que sostuvo en el Departamento de Prosperidad Social (DPS) para la contratación de obras públicas en varios departamentos.

Fue detenido el 14 de diciembre por orden de la Sala de Instrucción. El magistrado que lideró la investigación desde junio del 2023, bajo la tesis de que el exsenador es sospechoso de desviar 13 contratos, fue Marco Antonio Rueda Soto.

El caso se basa en que Ramírez presuntamente fue intermediario entre el Departamento de Prosperidad Social, dirigido por el procesado por la Fiscalía Pierre Eugenio García Jacquier y empresas con injerencia en obras en Quindío y Tolima.

Uno de los convenios fue firmado por la empresa Proyecta Quindío e involucra a Katherine Rivera Bohórquez, integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo de Ramírez, y al contratista Anderson González, quienes fueron imputados por la Fiscalía en 2023.

De acuerdo con la Fiscalía, Rivera Bohórquez fue el enlace del senador entre el DPS y Proyecta Quindío, lo que funcionó para firmar el contrato, por un valor superior a los $48 mil millones y prometer coimas que llegaban a los $1.000 millones.