Oposición demandó el día cívico decretado por el presidente Gustavo Petro

La senadora de Centro Democrático, María Fernanda Cabal, interpuso una demanda ante el Consejo de Estado en contra del decreto del presidente Gustavo Petro con el que estableció día cívico este 18 de marzo, para los sectores público y privado, asegurando que no tiene respaldo en la Constitución.

“He radicado demanda de nulidad contra el día cívico que impone de manera arbitraria Gustavo Petro. Aquí hay desviación y abuso de poder, presión a funcionarios públicos para que salgan a marchar en apoyo al gobierno Petro. La Constitución garantiza el derecho a manifestarse, pero es un derecho ciudadano, no una obligación ni un mandato estatal. ¡Que la justicia opere!”, escribió la senadora opositora en su cuenta de X, en la que adjuntó el documento con la demanda.

Según ella, la medida fue decretada con falsa motivación, que, de acuerdo con el Consejo de Estado, se constituye “en un vicio del acto administrativo, de aquellos que el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo categoriza como vicio material, al igual que la emisión del acto con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que lo profirió. La falsa motivación se traduce en aquel error de hecho o de derecho que en determinado momento puede afectar la legalidad del acto y el desvío de poder, en la intención con la cual la autoridad toma una decisión persiguiendo un fin diferente al previsto por el legislador, que obedece a un propósito particular, personal o arbitrario”.

En ese sentido, el recurso interpuesto por la senadora señala que el acto administrativo adolece de falta de motivación pues las normas que fundamentan su expedición son aquellas que rigen el restablecimiento del orden público (Artículo 189 de la Constitución Política, numeral 4 y el artículo 199 de la Ley 1801 de 2016) pero su finalidad responde a una justificación de tipo político tendiente a apoyar las reformas sociales propuestas por el Gobierno Nacional.

Además, anota que el decreto deja abierta la posibilidad para que el Ejecutivo utilice el poder estatal de forma arbitraria, erosionando la imparcialidad del Estado.

“¿Quién responde por el gasto económico en salarios para empleados que no trabajaron? Esto es un desgaste institucional y económico sin reparación que contraviene principios de la administración pública”, señala el texto.

La demanda señala como vinculados al presidente, Gustavo Petro; el ministro del Interior, Armando Benedetti; el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino; ministro de Salud y Protección, Guillermo Alfonso Jaramillo, y al ministro de Educación, Daniel Rojas, entre otros.