¿Ordinaria o estatutaria? La otra polémica de la reforma a la salud

“Sin duda que el proyecto de reforma a la salud tiene que tener carácter estatutario, pues pretende reformar el derecho fundamental a la salud y una ley estatutaria, como la 1751 de 2015. En ese sentido, no puede ser discutida en sesiones extraordinarias del Congreso, sino en las ordinarias que inician el 16 de marzo y culminan el 20 de junio”.

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Así explicó el analista John Mario González la confusión generada alrededor de si el mencionado proyecto de ley quedó bien radicado el lunes, dado que, como lo presentó la ministra Carolina Corcho, quedó para trámite de ley ordinaria, teniendo que enfrentar cuatro discusiones, dos en el Senado y dos en la Cámara de Representantes, incluso con la posibilidad de que se pueda discutir con mensaje de urgencia, es decir, de manera conjunta.

Así pensaría también el presidente de la Cámara, David Racero, quien anunció que enviaría la iniciativa a las comisiones séptimas.

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El argumento de la ministra Corcho, defensora de esa ruta de aprobación, es que el proyecto busca implementar la Ley Estatutaria 1751 de 2015, en la cual se determinó que la salud es un derecho fundamental de los ciudadanos y cuyo trámite fue avalado en su momento por la Corte Constitucional.

Sin embargo, ayer el senador independiente Humberto de la Calle lideró una carta en la que 25 congresistas piden que la reforma sea tramitada como ley estatutaria ante las comisiones primeras constitucionales permanentes, “con el fin de evitar futuros vicios de constitucionalidad”.

“Reconocemos que el proyecto del Gobierno sobre el sistema de salud contiene serios avances. Sin embargo, consideramos que, de conformidad con lo establecido en el literal al del artículo 152 de la Constitución Política, las disposiciones contenidas en el proyecto de ley regulan de manera integral el contenido y alcance del derecho fundamental a la salud y, por lo tanto, requieren ser sometidas a una discusión democrática y de control posterior cualificado propio de las leyes estatutarias”, reza la misiva.

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Además, les dicen a las directivas del Congreso que “una iniciativa de este calado debe ser discutida con amplio espacio de deliberación, contar en lo esencial con una amplia votación y, sobre todo, tener la certeza de su constitucionalidad antes de su vigencia”.

La carta también está firmada por los senadores Paloma Valencia, Alejandro Chacón, Carlos Fernando Motoa y los representantes Duvalier Sánchez, Jennifer Pedraza, Marelen Castillo, Daniel Carvalho, Catherine Juvinao y Juan Carlos Lozada, entre otros.