Petro condecoró al Coronel Feria, imputado por prueba del polígrafo, con la orden al mérito por cuidar la “seguridad presidencial”

Por medio de un controvertido decreto, el Presidente Gustavo Petro, condecoró a varios uniformados con la “orden al mérito” por su servicio a la presidencia.

En el listado de 114 miembros de la fuerza pública, se encuentra el Coronel Caros Feria, actualmente imputado por la Fiscalía, en relación con la prueba ilegal del polígrafo que se le realizó a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia.

Pese a que el ente investigador anunció que le imputaba cargos criminales al uniformado, el reconocimiento siguió en pie.

En el decreto expedido por la Presidencia de la República, se asegura que “el Gobierno Nacional creó la ‘ORDEN AL MERITO SEGURIDAD PRESIDENCIAL’ para reconocer a los miembros de la Secretaría para la Seguridad Presidencial que hayan sobresalido por su profesionalismo, valentía y comportamiento ético en el cumplimiento de su deber”.

“Así como a los miembros de la Fuerza Publica, organismos gubernamentales y personas naturales que se destaquen por su colaboración, eficiencia y lealtad, en procura de garantizar la seguridad del señor Presidente de la República y su familia”, puntualiza el documento.

Cabe recordar que por decisión de la jueza 79 de Garantías de Bogotá, el caso contra el Coronel de la Policía Carlos Alberto Feria Buitrago, investigado por el sometimiento al polígrafo de Marelbys Meza, seguirá en la justicia ordinaria bajo las pesquisas de la Fiscalía, y no será trasladado a la Justicia Penal Militar, como había sido solicitado por el uniformado.

Luego de esto, la Fiscalía imputó a él y a dos policías más, por la aplicación de la prueba de polígrafo a Marelbys Meza se declararon inocentes.

El fiscal Islen Baquero imputó al jefe de seguridad de la Presidencia, Carlos Feria; al jefe de la Oficina del Polígrafo, el capitán Elkin Gómez, y a quien aplicó la prueba, el intendente Jhon Sacristán. Los uniformados fueron señalados por peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal. En el caso del intendente Sacristán se suma el cargo de acceso abusivo a sistema informático agravado.