Piedad Córdoba no se presentó ante los magistrados de la Corte Suprema para su versión libre sobre ‘farcpolítica’

La senadora Piedad Córdoba Ruiz, a pesar de estar citada desde el pasado 17 de julio, no acudió este viernes a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para brindar su versión libre respecto a las acusaciones sobre su supuesta relación y cercanía con varios comandantes de la guerrilla de las Farc. Aun cuando forma parte del Pacto Histórico, la congresista no presentó ninguna excusa médica ni solicitó la reprogramación de la diligencia judicial.

Previo a esto, la defensa de Córdoba había intentado que la magistrada Cristina Lombana no continuara conociendo el caso, argumentando un marcado “sesgo político” en su contra que afectaría el debido proceso, la legítima defensa y el acceso a una recta impartición de justicia. Incluso, solicitaron la remoción de la togada de su cargo.

Para respaldar la solicitud, se citó un informe periodístico que señalaba una incapacidad laboral solicitada por la magistrada en 2019, cuando aún formaba parte de las Fuerzas Militares, con el propósito de alegar falta de ética.

No obstante, el pasado jueves, la Sala Plena, por una amplia mayoría, determinó que dichos argumentos carecían de validez y no había razón para que la magistrada se apartara del caso, como había sido solicitado por la senadora del Pacto Histórico.

Esta nueva fase del proceso se dio luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara la recusación presentada por la abogada de Córdoba, Ximena Castilla, en contra de la magistrada Cristina Lombana, alegando falta de imparcialidad.

La senadora se encuentra en la necesidad de dar explicaciones, especialmente después de que su exasesor personal, Andrés Vásquez, la implicara en el aprovechamiento político de la liberación de secuestrados y la acusara de tener negocios con Álex Saab, el señalado testaferro de Nicolás Maduro, quien está detenido en Estados Unidos.

Según los documentos presentados por Vásquez ante la Corte Suprema, la excongresista habría realizado 17 compromisos comerciales con Saab, lo que complicaría su situación jurídica.

A pesar de que Córdoba ha negado cualquier relación comercial con Saab, las pruebas presentadas parecen ser contundentes y evidencian lo contrario. A raíz de estas pruebas, la Corte Suprema ha llamado a declarar a Saab.

En el documento se asegura que el objetivo es que “se investiguen las posibles conductas punibles de las personas que a continuación se relacionan, que perteneciendo al núcleo familiar extendido de Piedad Córdoba Ruiz, reportan ingresos por justificar que sumados ascienden a seis mil trescientos treinta millones de pesos ($ 6.336.356.049,00)”.

Semana ha tenido acceso en exclusiva al dosier entregado por el testigo, el cual pondría a Córdoba en una posición más difícil. El material incluye correos electrónicos con transacciones, nombres de socios y documentos directamente vinculados a Córdoba, así como comunicaciones que evidencian las millonarias transacciones con Saab.

Este descubrimiento representa la primera vez que se conocen pruebas físicas de los lucrativos negocios entre Córdoba y el empresario extraditado, quien solía tener gran influencia en Barranquilla.

Las pruebas presentadas son altamente reveladoras. El 15 de febrero pasado, Vásquez envió los documentos desde el extranjero, donde ha permanecido por varios años. A esto se suma una solicitud crucial de la sala de instrucción de la Corte, que resulta de gran importancia en este momento: el alto tribunal envió una carta rogatoria a la Justicia de Estados Unidos, solicitando la autorización para entrevistar a Saab en su lugar de reclusión, con el fin de que pueda relatar la naturaleza de su relación con Córdoba y la extensión de sus negocios conjuntos.

Dentro de las pruebas entregadas a la Corte, Vásquez ratifica la existencia de negocios entre Córdoba y Saab, “se trató de una gestión de recuperación de cartera con una comisión de éxito”. Además, afirmó que “Piedad Córdoba y sus hijos fueron informados detallada y periódicamente de todo el proceso, y de los cuestionamientos que tenían varias empresas dentro del listado de Álex Saab”.

“Hasta el final de mi gestión, encomendada directamente por Piedad Córdoba, el Gobierno de Venezuela había aprobado un monto importante de la deuda de 29 millones (de dólares) a las empresas de Álex Saab y otros no, por investigaciones de importaciones ficticias, manipulación de divisas y fraude aduanero”, asegura el documento de Vásquez.

Según la versión proporcionada por Vásquez, incluso Camilo Castro, hijo de la exsenadora, habría estado involucrado en dichas transacciones, ya que Córdoba lo habría designado para participar en la recuperación de la millonaria cartera de Saab en Venezuela.

De manera precisa, Vásquez describe la intermediación y la labor de comisionista que llevó a cabo Córdoba con Saab y otros empresarios ante el Gobierno venezolano, mencionando específicamente el caso del expresidente del Congreso, Miguel Pinedo Vidal. Esta información adquiere una gran relevancia en el contexto de la investigación.