Polémica por el proyecto de ley que objetó Duque sobre plazos a derechos de petición

Aunque el Congreso de la República ya clausuró sus sesiones ordinarias y extraordinarias, hay un proyecto de ley que sigue generando polémica.

Se trata de la iniciativa que pretendía restablecer los tiempos de respuesta de los derechos de petición a entre diez y quince días hábiles, como ocurría antes de la pandemia del Covid-19, pero que en las últimas horas fue objetado por el presidente Iván Duque.

“El Gobierno objetó nuestro proyecto que devuelve a la normalidad los tiempos de respuesta de derechos de petición, que llevan duplicados 21 meses”, aseguró ayer la representante a la Cámara por la Alianza Verde Juanita Goebertus en su cuenta de Twitter.

Según se explicó, el proyecto contemplaba la derogación de los artículos 5 y 6 del Decreto Legislativo 491 de 2020, que se refieren a los términos para atender las peticiones que estén en curso o sean radicadas durante la emergencia sanitaria ordenada por el Ministerio de Salud con motivo de la pandemia por Covid-19, y suspendían los términos de las actuaciones administrativas y jurisdiccionales.

La disposición emitida por la Jefatura del Estado objetó esas derogaciones, explicando que se contará con un tiempo de respuesta a los derechos de petición consistente en los 30 días siguientes a la solicitud.

En las extras también se aprobó la Ley de Insumos Agropecuarios, con la cual se van a destinar recursos para el apoyo a pequeños y medianos productores.

Uno de los debates más sonados fue contra la entonces ministra de las TIC, Karen Abudinen, por el escándalo de Centros Poblados, en medio del cual renunció.

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De igual forma, las peticiones de documentos se deberán contestar en un lapso de 20 días y las autoridades dispondrán de hasta 35 días para dar respuesta a las inquietudes relacionadas con sus cargos.

“Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud, las autoridades administrativas a que se refiere el artículo 1 del presente decreto, por razón del servicio y como consecuencia de la Emergencia, podrán suspender, mediante acto administrativo, los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa”, señala la orden del Ejecutivo.

Y agrega que “la suspensión afectará todos los términos legales, incluidos aquellos establecidos en términos de meses y años”.

En ese orden de ideas, el Gobierno Nacional informó que la modificación de los tiempos se reanudará el día hábil siguiente a la fecha en la que la cartera de Salud informe que Colombia ha superado la emergencia sanitaria por el coronavirus y que por ahora no avanzarán los periodos de caducidad y prescripción que se regulan en la ley.

Por su parte, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) también expresó su inconformidad por la decisión, puesto que considera que la misma “afecta el derecho a acceder a información pública”.

“El Congreso está llamado a rechazar las objeciones al proyecto de ley. No debería haber lugar para maniobras políticas que perjudiquen el libre flujo de información”, escribió el ente en Twitter, agregando que solo 20 países, incluido Colombia, la mantienen.

Sin duda la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana fue lo más visible de la labor realizada por el Senado y la Cámara de Representantes durante las sesiones extraordinarias a las que el Gobierno Nacional los convocó entre el 17 y el 23 de septiembre.

Pese a la polémica generada por la oposición, el articulado de la iniciativa finalmente fue conciliado en las dos corporaciones y quedó listo para la sanción presidencial.

El proyecto propuesto por el Ejecutivo busca mejorarla inseguridad urbana y atender situaciones que dejó el Paro Nacional.

Pero el cierre de las ordinarias tampoco estuvo exento de controversia. El mismo 16 de diciembre se hundió la reforma constitucional que recortaba en un mes el periodo de vacaciones del Congreso, debido a que no tuvo quórum en la plenaria del Senado.

La iniciativa estaba en su octava y última votación y, por ser reforma a la Carta Política, no era posible discutirla en las sesiones extras que el Legislativo iniciaba al día siguiente.

Ya el 17, las plenarias de Senado y Cámara de Representantes aprobaron la conciliación del proyecto de ley que reforma el Código Disciplinario de la Policía Nacional y establece nuevas sanciones para los uniformados que cometan abuso de autoridad.

Ahora bien, la otra gran reforma que se tramitó en este periodo en el Congreso fue la tributaria, que tuvo un segundo intento luego de que el primer articulado generara un fuerte rechazo en la ciudadanía, al punto que fue uno de los puntos centrales del estallido social que se registró en el país.

En medio del Paro Nacional, el Presidente retiró el proyecto, tras lo cual el entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, presentó su renuncia, siendo reemplazado por José Manuel Restrepo, quien en el segundo semestre logró sacar adelante una reforma tributaria de menor alcance.