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¿Por qué acabar la Procuraduría? Galán expone sus razones y habla de sus diferencias con Lara
Juan Manuel Galán, precandidato presidencial, explica sus diferencias con Rodrigo Lara, también del Nuevo Liberalismo.
"Rodrigo quiere que hagamos alianza con Cambio Radical, con el Partido de la U, con el Partido Liberal de César Gaviria, con ‘Fico’ Gutiérrez y realmente eso no representa el legado histórico del Nuevo Liberalismo ni los principios que hemos jurado defender en este renacer del partido".
Así explica Juan Manuel Galán, precandidato por el Nuevo Liberalismo e integrante de la Coalición Centro Esperanza, las diferencias que afloraron entre él y Rodrigo Lara, su compañero de colectividad, solo meses después de que le fuera reconocida la personería jurídica.
En entrevista con El País, también detalla por qué propone que se acabe con la Procuraduría General.
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¿Qué destaca de las listas al Congreso que conformó el Nuevo Liberalismo?
Que en la lista de la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca de seis, cuatro son mujeres, lo cual es muy representativo del mensaje que queremos enviar de renovación política, especialmente en esta región del Pacífico, para que la mujer tenga verdaderos espacios de protagonismo para ejercer su liderazgo, región que ha sido golpeada por el Paro Nacional, la pobreza, la desigualdad, el clasismo, la exclusión.
Entonces, hacer presencia acá es una prioridad, también acompañando a Mabel Lara, nuestra cabeza de lista al Senado, que es de Puerto Tejada.
A raíz del escándalo por la ampliación de cargos en la Procuraduría usted ha retomado su propuesta de acabar esa entidad. ¿Cuáles son los argumentos?
La Procuraduría nos cuesta a los colombianos $1,8 billones al año, supuestamente para la defensa de los Derechos Humanos y el castigo de las conductas de corrupción, pero los resultados no se están viendo. La Procuraduría, como otros organismos de control, se ha convertido en politización, en corrupción, en clientelismo, en entregar esos cargos como cuotas políticas a las regiones y en instrumento de chantaje político.
¿Y qué hacer con esas funciones?
Reasignarlas a otras entidades para fortalecerlas. Por ejemplo: la función de Derechos Humanos la pueda asumir la Defensoría del Pueblo, fortaleciendo su presencia en las regiones, y los temas disciplinarios y anticorrupción pueden ser asumidos por la Sala Disciplinaria del Consejo de Estado y la Contraloría General.
Pero hay que acabar también con las contralorías regionales, que nos cuestan también cuantiosos recursos y muchas están politizadas. Así tendríamos recursos, por ejemplo, para tener comisiones de quince fiscales dedicados a investigar el caso de Centros Poblados y el Mintic.
No puede ser que haya un fiscal asignado con veinte procesos más a su cargo. En Brasil y Perú, para Odebrecht y Lava Jato, había equipos de quince fiscales con dedicación exclusiva a esos procesos, acompañados de jueces y herramientas tecnológicas que permitieron llevar a los responsables ante la Justicia. Eso es lo que tenemos que hacer en Colombia si queremos ser eficaces al enfrentar a los corruptos y castigar la corrupción.
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En Cali se ha criticado mucho la lentitud de los entes de control frente a denuncias de supuesta corrupción en la feria virtual del 2020. Llegó la versión 2021 y no se sabe nada de esas investigaciones...
Eso ocurre porque no tenemos instrumentos de Policía Judicial ni fiscales especializados anticorrupción dedicados exclusivamente a estos procesos, se engavetan y duermen el sueño de los justos. Si queremos avances en estas investigaciones, tenemos que direccionar los escasos recursos que tenemos, no en politiquería ni en entidades paquidérmicas que no funcionan, sino en herramientas eficaces para castigar casos de corrupción, como este presunto de la Feria de Cali.
El año terminó con polémica porque el Presidente objetó un proyecto de ley que devolvía los plazos vigentes antes de la pandemia para los derechos de petición. ¿Qué opina?
Me parece que hay un intento sistemático desde el Gobierno Nacional para evitar que la población pueda acceder a la información que garantiza el derecho de petición. Es una restricción a libertades y derechos fundamentales que están siendo violados de manera flagrante, pero además es un intento de saltarse la ley.
Por ejemplo, la suspensión de la Ley de Garantías y la creación de empresas comerciales e industriales del Estado en las alcaldías, como en el caso de Medellín y Manizales, para, a través de convenios interadministrativos, saltarse la Ley 80 y torcerle el pescuezo a la Ley de Pliegos Tipo. Hay un patrón de poca transparencia y de favorecer la politiquería y el fraude electoral con la compra de votos en las próximas elecciones.
Hablando del Nuevo Liberalismo, para muchos sus diferencias con Rodrigo Lara han opacado el resurgir del partido...
La diferencia que tengo con Rodrigo no es personal ni familiar, es una diferencia política. Yo creo que el Nuevo Liberalismo debe mantenerse fiel al legado histórico de nuestros padres, que fueron asesinados y entregaron su vida por la defensa de una manera de hacer política transparente, con sentido ético y sin aliarse con maquinarias ni compra de votos, y Rodrigo quiere que hagamos alianza con Cambio Radical, con el Partido de la U, con el Partido Liberal de César Gaviria, con ‘Fico’ Gutiérrez y realmente eso no representa el legado histórico del Nuevo Liberalismo ni los principios que hemos jurado defender en este renacer. Esa es la gran diferencia que tenemos.
¿Y al final ambos van a ser candidatos presidenciales?
El partido tiene un consejo nacional, una dirección política, un secretario general y un director nacional legitimados por la sentencia de la Corte Constitucional. Yo me he sometido a las reglas de juego que estas autoridades del partido han tomado. Me he comprometido, por ejemplo, a respetar la Coalición Centro Esperanza y los acuerdos suscritos para la consulta popular con ella.
En su momento, Rodrigo no aceptó acoger esas reglas de juego para la selección del candidato presidencial y eso ha hecho que no sea fácil su ingreso al Nuevo Liberalismo como precandidato. Además, él hoy es senador de Cambio Radical y uno no puede estar en Cambio Radical y en el Nuevo Liberalismo al mismo tiempo, eso es doble militancia y es castigado por la ley. Si quiere venir al Nuevo Liberalismo, tiene que renunciar a Cambio Radical y a su curul de senador y venir a construir partido con nosotros. Si esa es su disposición y su compromiso, más que bienvenido, pero no depende de mí, sino de las autoridades del partido.
De darse la llegada de Lara, serían ocho los precandidatos de la coalición. ¿Qué tan sólida está, dado que ahora deben competir entre sí?
Lo que garantiza que lleguemos al final de este proceso y que le entreguemos al país una candidatura única del centro para la primera vuelta es la consulta del 13 de marzo, el mismo día de las elecciones parlamentarias. Todos nos comprometimos a respetar las reglas de juego: el triunfador recibe el apoyo de todos los demás participantes en la consulta, y el triunfador se compromete a representar, en un gobierno de coalición, a todas las fuerzas que hacemos parte de la Coalición Centro Esperanza. Ese es el acuerdo que hemos construido, al que yo me comprometí, y lo voy a cumplir.
