Posibles actos de corrupción enlodan la alcaldía de Daniel Quintero en Medellín

Una serie de posibles irregularidades y actos de corrupción ocurridos entre el 2020 y 2023 dentro de la Alcaldía de Medellín fueron revelados y dados a conocer por la revista Semana. Dentro de las sospechas existen presuntas coimas a cambio de contratos y financiaciones en las campañas territoriales.

Las irregularidades tendrían su origen en la Secretaría de Participación Ciudadana, las cuales se habrían extendido a otras dependencias con millonarios presupuestos.

Un grupo de informantes dieron nombres de hombres cercanos a Daniel Quintero, quienes afirmaron que están dispuestos a colaborar con la justicia.

Asimismo, al parecer tres empresas que desarrollaron proyectos señalaron que después de firmados los contratos, la Administración les había enviado mensajeros para que les entregaran el 15% del costo total de dichos contratos, cuya cifra tenía que ser entregada con dinero en efectivo.

Los encuentros, que al parecer se llevaron a cabo en La Alpujarra, se desarrollaron bajo total reserva, a tal punto que a los asistentes les quitaban sus teléfonos celulares mientras duraban las reuniones. Una de las personas quien asistió a uno de los encuentros y que además pidió omitir su identidad señaló que “como nosotros nos ganamos un contrato, él me reclamó una parte de las ganancias, incluido el IVA. Me dijo que tenía que colaborar con la causa o frenaban el proyecto. Nosotros nos negamos”.

Entre tanto, otro de los contratistas denunció que recibió amenazas porque se negó a entregar el porcentaje que le exigieron por un trabajo que adelantó en las comunas más vulnerables de Medellín. “Me llamaron y me comentaron que yo tenía un compromiso adquirido, que debía cumplirlo”, sostuvo y agregó que hasta el pasado mes de diciembre le estuvieron exigiendo el dinero.

Todo parece indicar que todo este entramado estaba a cargo de Juan Pablo Ramírez, quien se desempeñaba como secretario de Inclusión Social. La defensa del exfuncionario negó los hechos en que estaba involucrado su cliente y advirtió que tiene todos los elementos para defenderse ante las autoridades competentes. Hoy Ramírez es el subdirector de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).

Otra de las pruebas que llama la atención de todos estos hechos delictivos es un correo electrónico que llegó a una dependencia del distrito, el cual estaba firmado por un operador logístico de la Secretaría de Participación. En el correo se quejaba porque no le habían cancelado sus servicios y su contratista ya habría entregado un recurso para un candidato. “El señor manifiesta que la factura no la puede pagar (…) ya que él tuvo que entregar un porcentaje para la campaña de Juan Carlos Upegui”, decía la misiva.

Pese a que Semana contactó al político en mención, este se negó a dar respuesta a las preguntas hechas por el medio de comunicación. Solo señaló vía WhatsApp a un periodista “no conozco los temas porque no estoy siendo investigado por ninguno de esos temas. (…). En todos los procesos que estuvieron en mis manos, mostramos rectitud”.

Otras investigaciones

Otras investigaciones se suman a la lista de actos de corruptos de la pasada Administración por lo que la Fiscalía y la Procuraduría también están tras la pista de las presuntas presiones a las que habrían sido sometidos funcionarios de Medellín para aportar parte de su salario a la corporación El Futuro se Parece a Nosotros, entidad que solicitaba dinero para cumplir con sus metas.

La entonces directora de la Unidad de Niñez, Pilar Rodríguez, advirtió que al parecer líderes de la Secretaría de Inclusión habrían condicionado su continuidad en el cargo a las transacciones que hiciera y al dinero que recogiera entre subalternos, bajo la excusa de la supuesta candidatura presidencial de Quintero. “Nos dicen que para la campaña se necesita dinero y que el proyecto político para Quintero es a 20 años. Nos pusieron un documento en el que están trazados los valores para los profesionales, técnicos y bachilleres, para que nosotros, como jefes directos, les cobráramos”, dijo y agregó que fue retirada de su cargo por negarse a pagar.

Esta corporación, que está legalizada en la Cámara de Comercio de Medellín desde 2008, declaró un patrimonio de $15 millones para el año 2019. Su principal objetivo es la “defensa y promoción de la vida, la paz y los derechos humanos, el desarrollo ambiental, cultural, social y educativo; el fortalecimiento de la democracia”.