Preocupación en las altas cortes: “se pueden volver a tomar el Palacio de Justicia”, advierten magistrados que temen por su seguridad

En una reunión de la Comisión Interinstitucional de Justicia, encabezada por el fiscal Francisco Barbosa y los presidentes de las altas cortes, se suscitó una inquietante declaración por parte de uno de los magistrados presentes. Al tomar la palabra, expresó: “Se pueden volver a tomar el Palacio de Justicia”.

Esta frase generó sorpresa y desconcierto entre los presentes, rememorando el traumático episodio ocurrido el 6 de noviembre de 1985, cuando el movimiento guerrillero M-19 tomó por asalto el Palacio de Justicia, desencadenando un trágico enfrentamiento con el ejército que resultó en un holocausto y desapariciones.

Esta dolorosa experiencia sigue siendo una herida latente en la memoria del sistema judicial colombiano, pese a que el M-19 hizo un proceso de paz y se desmovilizó para que sus integrantes asumieran la vida civil y política, cabe destacar que el hoy presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue integrante de este grupo revolucionario, pero no estuvo entre los guerrilleros que se tomaron el Palacio de Justicia.

Volviendo a la preocupante declaración, el magistrado que afirmó esto explicó que en su alto tribunal existe temor por la seguridad de los magistrados y empleados en general. Señaló que los dispositivos de control policial en el Palacio de Justicia han disminuido, lo que ha generado un ambiente de incertidumbre.

Otro magistrado se sumó a las preocupaciones expresadas, evidenciando inquietudes similares, gradualmente, en la reunión se hizo patente el sentimiento de inseguridad que experimentan los miembros de las altas cortes en el ejercicio de sus funciones. Esta situación no ha pasado desapercibida y ha encendido las alarmas en el sistema judicial.

Al concluir el encuentro, los magistrados acordaron invitar al director de la Policía, general William Salamanca, para que explique cómo se está gestionando la seguridad de las altas cortes y, especialmente, por qué se ha reducido el nivel de protección.

Asimismo, los magistrados informarán al alto oficial sobre hechos específicos que les preocupan. Hasta el momento, varios magistrados, en conversaciones con la Revista Semana, han confirmado sus inquietudes. No obstante, prefieren abordar este grave episodio, por el momento, de manera institucional. Esperan prontamente las explicaciones por parte de la Policía.

Amenazas a la JEP

Los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que no estuvieron en la reunión antes mencionada, igualmente han solicitado al Gobierno Nacional medidas adicionales de seguridad, luego de que se revelaran nuevas amenazas contra funcionarios de la entidad. El presidente de la JEP, magistrado Roberto Carlos Vidal, informó que se recibieron amenazas de muerte a través de correos electrónicos dirigidos a dos abogados y una psicóloga, en los cuales se mencionan los procesos que adelanta la jurisdicción.

Estas amenazas se suman a las recibidas hace dos meses por dos magistrados que investigan casos de desaparición forzada en el marco del conflicto en Antioquia. El panfleto recibido, firmado por Las Águilas Negras, genera preocupación debido a que no está dirigido a funcionarios específicos, lo que hace temer que la intimidación sea para todos los que trabajan en la JEP.

Ante esta situación, el magistrado Vidal expresó la confianza de la JEP en los resultados de la Fiscalía para llevar ante la justicia a aquellos que buscan obstruir la búsqueda de la verdad sobre los crímenes más atroces y pretenden intimidar a quienes han decidido romper el silencio.

En los últimos meses, quienes ejercen la justicia en Colombia han enfrentado fuertes presiones y han tenido que defender su autonomía e independencia frente al poder Ejecutivo. Los choques entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa, así como con la Corte Suprema y el Consejo de Estado, han generado tensiones en el sistema judicial del país. Al respecto, el Consejo de Estado ha enfatizado en la importancia de mantener la independencia judicial y ha desmentido cualquier presión externa en sus decisiones.