Presidente de la Corte Constitucional radicó ponencia de la demanda contra la reforma pensional; ¿qué viene ahora?

Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, confirmó que ya radicó la ponencia de la demanda contra la reforma pensional del gobierno de Petro, la cual deberá de ser discutida.

“Quedó radicada el viernes, 14 de febrero, a las cinco de la tarde”, expresó el magistrado en diálogo con los medios de comunicación.

Esta polémica reforma, aprobada el año pasado, enfrenta más de 50 demandas que cuestionan diversos aspectos del trámite legislativo.

Después de que Ibáñez radicará la ponencia de la demanda contra la reforma pensional, los ocho magistrados restantes de la Sala Plena deberán estudiar el caso dentro de un plazo de cuatro a cinco semanas y llevar la Ley al debate de constitucionalidad.

Hace unos días, el magistrado Ibáñez confirmó que en el mes de marzo se podría estar definiendo el futuro de la reforma pensional en la Corte. Ahora, solo queda esperar cuáles serán las conclusiones del estudio que realizará la Sala Plena de este alto tribunal.

Frente a esto, el presidente Petro convocó manifestaciones para defender esta Ley, que generó controversia al modificar el sistema pensional en Colombia.

Por otra parte, entre las demandas presentadas por la reforma pensional, se destacan los cuestionamientos sobre el proceso legislativo, en particular, la decisión tomada en la Cámara de Representantes de aprobar el texto del Senado sin un debate detallado.

Esta práctica, conocida como “pupitrazo”, está siendo evaluada por la Corte Constitucional, que tendrá que determinar si este procedimiento vulneró el principio democrático estipulado en la Constitución, en particular el artículo 157.

La controversia se originó el 14 de junio de 2023, cuando la Cámara de Representantes aprobó el texto del Senado sin que hubiera una deliberación extensa sobre los cambios introducidos.

La senadora Paloma Valencia, quien presentó una de las demandas, alegó que la votación del texto fue realizada sin el debate debido, lo que impidió que los congresistas pudieran discutir adecuadamente los puntos clave de la reforma.

Según los argumentos expuestos en las demandas, la ausencia de un debate más amplio en la Cámara contraviene el principio democrático que requiere una deliberación pública sobre los proyectos legislativos.

La Corte Constitucional deberá decidir si este vicio de trámite puede ser subsanado o si, por el contrario, representa una infracción que justifique la devolución del proyecto al Congreso.

En este contexto, la Corte también está evaluando otros precedentes legales, como la decisión de 2019, cuando se anuló la Ley de Financiamiento de Duque por haber sido aprobada mediante un proceso similar en la Cámara.

*Con información de Colprensa y redacción de El País.