Presidente Petro arremete contra la procuradora Margarita Cabello: “Cumplir con la Convención Americana de Derechos Humanos, que es parte de nuestra Constitución, no es un caos”

Este jueves 27 de julio en la noche, el presidente Gustavo Petro arremetió contra la procuradora Margarita Cabello, la cual afirma que en los momentos electorales del país se está generado caos.

Según Cabello, el presidente de la República estaría permitiendo la inscripción a “funcionarios corruptos electos popularmente y sancionados por la Procuraduría durante estos tres años” a las candidaturas de las corporaciones públicas.

Frente a esto, Gustavo Petro, presidente de la República le respondió: “Cumplir con la convención Americana de Derechos Humanos que es parte de nuestra Constitución, no es un caos. Yo no voy a desacatar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque estas son obligatorias para Colombia”, trinó.

Cabe destacar que la procuradora Margarita Cabello, recalcó que: “Ojalá que no se rompa la democracia con algunas instituciones como el presidente de la República que desconociendo el Estado Social de Derecho, quiere incumplir una orden Constitucional en donde la competencia elaborada por la asamblea nacional constituyente determinó que en Colombia la lucha contra la corrupción, no solo la ejercen un juez penal sino múltiples autoridades”.

Bajo esta premisa, Cabello resaltó que la lucha contra la corrupción en el país sobrepasa los límites casi del mundo entero.

Según la procuradora, la Corte Constitucional avala a la Asamblea Nacional Constituyente de Colombia cuando determinó que la investigación, el juzgamiento y la sanción contra servidores públicos incluido los de elección popular la debe realizar la Procuraduría General de la Nación con la ratificación propia del Consejo de Estado. “Y esa decisión fue ratificada por una sentencia de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional”, recalcó.

“En Colombia, Estado de Derecho y democracia, todas las autoridades, incluyendo el presidente de la República tienen que obedecer las decisiones del órgano máximo que determina la legalidad y el Estado de Derecho del país como es la Corte Constitucional”, arremetió contra Petro.

Asimismo, mostró su preocupación que en este momento de elecciones y de proceso electoral, según la procuradora se esté dando vía libre a incumplir el Estado de Derecho y la democracia. “Darle a los funcionarios corruptos electos popularmente sancionados por la Procuraduría durante estos tres años, la posibilidad de inscribirse a la candidatura de corporaciones públicas en nuestro país, es violentar así una decisión de la Corte Constitucional y afectar la legitimidad del ciudadano”, resaltó.

“No es posible que en momentos electorales de nuestro país se genere un caos institucional y se le entregue a todos estos sancionados e inhabilitados por más de treinta años, la posibilidad de ser candidatos a pesar de su sanción. Ojalá esto no sea un mal precedente y un mal ejemplo para nuestro país, la democracia se respeta nos guste o no nos guste”, finalizó.

Gustavo Petro expide primer decreto de emergencia económica, social y ecológica en La Guajira

Al despacho de la magistrada Diana Fajardo, presidenta de la Corte Constitucional, llegó el decreto 1250 del 26 de julio del 2023, emitido por la presidencia de la República al mando de Gustavo Petro, primer decreto expedido por el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia económica, social y ecológica en La Guajira.

El documento establece que el Ministerio de Vivienda será el encargado de garantizar el acceso al agua potable en esta región del país, para lo cual contará con un patrimonio autónomo y podrá llevar a cabo procesos de contratación directa.

“El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio quedará facultado para la contratación directa de una fiducia mercantil que tenga por objeto la constitución de un patrimonio autónomo para la ejecución de los proyectos de agua y saneamiento básico en La Guajira. Podrá contar con recursos del Presupuesto General de la Nación, los que asignen las entidades nacionales, de los entes territoriales, de las empresas operadoras de servicios públicos del departamento, municipio, de organismos internacionales de cooperación y otras personas naturales y jurídicas. Este patrimonio autónomo estará sujeto al cumplimiento de las normas que le sean aplicables”, dice el decreto.