Proyecto que prohibirá casa por cárcel por delitos contra el Estado ya agita al Congreso

A pocos días de que inicie la próxima legislatura, el proyecto anticorrupción, que busca prohibir la casa por cárcel a quienes cometan delitos en contra del Estado, anticipa un álgido debate en el Congreso de la República.

De hecho, a la concertación que citó el Gobierno, en cabeza de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, para avanzar en consensos con la oposición antes de presentar la iniciativa en el Legislativo, solo asistió como cabeza visible la senadora Angélica Lozano, quien fue una de las promotoras de la Consulta Anticorrupción.

Pero, pese a la asistencia de la congresista de la Alianza Verde a la reunión, al parecer persiste la diferencia con el Gobierno debido a que la novedad en el texto del proyecto sería la exclusión del artículo que podría eliminar beneficios en los centros de reclusión para quienes hagan mal uso del erario a través de actos de corrupción.

Así lo confirmó el fiscal general de la Nación encargado Fabio Espitia, quien aseguró que el proyecto que se presentará en la legislatura que empieza mañana se insistirá en que se elimine la casa por cárcel a quienes causen perjuicios económicos al Estado, pero que se mantendría la posibilidad de que estas personas paguen sus penas con prebendas al interior de las cárceles.

Al respecto, el senador del Polo Democrático Iván Cepeda señaló que si el texto es radicado de esta manera, la iniciativa perdería su esencia, que es que los funcionarios corruptos no tengan ningún tipo de beneficios por perjudicar al Estado.

Añadió que radicar el proyecto sin este artículo sería convertir la lucha anticorrupción en mera retórica, porque se les mantendrían beneficios y que la intención original era endurecer las penas, no mantener las que hasta ahora tienen por esos delitos.

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A su vez, la senadora Angélica Lozano dijo que su partido apoya de manera contundente quitar los privilegios especiales para los “hampones de cuello blanco”, pero se lo dijimos en la cara a la Ministra, que es una vergüenza que el Gobierno plantee un proyecto de ley hecho a la medidas de Andrés Felipe Arias y que favorecería además a los paramilitares, al Proceso 8000 y a los demás, mientras radica este proyecto anticorrupción”.

La congresista agregó que con este actuar el Gobierno Nacional está prendiendo una vela a Dios y otra al diablo porque quiere quedar bien con los colombianos, pero en la práctica está favoreciendo la impunidad haciendo leyes con nombre propio y abriéndole la puerta a la impunidad.

Sin embargo, la ministra Gutiérrez afirmó que el proyecto anticorrupción será presentado por la Fiscalía, el Ejecutivo y los partidos de oposición y de Gobierno, garantizando que el trámite en el Congreso pueda ser más rápido, sumado al hecho de que el presidente Iván Duque le dará mensaje de urgencia.

En ese mismo sentido, el Fiscal (e) aseguró que el proyecto anticorrupción al parecer tiene el camino abierto para que no sufra cambios en el Senado, donde tuvo una amplia votación en la legislatura pasada, pero agregó que en la Cámara tienen el derecho constitucional de hacer modificaciones, siempre y cuando le pongan más fuerzas a las medidas que se quieren adoptar.

El analista político Carlos Andrés Arias Orjuela considera que si se hacen los debates oportunos es muy posible que el proyecto pase porque el Gobierno Duque está en deuda con el tema y porque se está usando para las campañas en muchas regiones, debido a que es sensible para los ciudadanos.

En cuanto a la posibilidad de que el artículo que quita los beneficios en los centros de reclusión quede por fuera del texto definitivo de la iniciativa, el experto aseguró que sería gravísimo porque un gran porcentaje de la opinión pública siente que los funcionarios acusados de corrupción deben pagar cárcel como cualquier otro tipo de personas que cometan delitos.

Por su parte, el analista Mauricio Jaramillo señaló que hay una diferencia abismal entre la posición que asumió el presidente Duque frente a la Consulta Anticorrupción al inicio de su mandato, puesto que fue más benévolo en su compromiso de luchar contra la corrupción, al acoger el pacto que incluyó a los partidos de oposición política.

“El hecho de que se haya dado todo un debate sobre la reforma a la justicia a propósito de la segunda instancia alrededor del caso de Andrés Felipe Arias da para pensar efectivamente que el Gobierno está pensado en legislar un poco para favorecer a sus aliados políticos”, indicó Jaramillo.

En relación a la posibilidad de que este proyecto pase en el Congreso de la República, el experto aseguró que es escéptico debido a lo que aconteció en la pasada legislatura con la mayoría de proyectos anticorrupción.

En su opinión, es difícil que los parlamentarios legislen en su contra y considera que esa fue la razón por la que se llevó a cabo la Consulta Anticorrupción.

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Sube el sueldo
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Los congresistas pasarán de ganarse $31.331.823 a recibir $32.741.755, según el Decreto 1265 de 2019, expedido por el presidente Duque, que ordena un alza del 4.5 % de los sueldos de los parlamentarios.

Eso significa un aumento de $1.409.932 con retroactividad a partir del 10 de enero de 2019.