¿Qué es el ‘fast track’ y por qué el presidente Petro lo quiere reactivar para los procesos de paz en Colombia?

La propuesta del presidente Gustavo Petro ante el Consejo de Seguridad de la ONU de llevar ante el Legislativo un ‘fast track’ o presentar proyectos de rápida aprobación para poder implementar el Acuerdo de Paz firmado en 2016 en La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc.

El anuncio se hizo como una alternativa o plan de choque con el que el Mandatario pretende acelerar la ejecución del Acuerdo, que también incluiría la ampliación por siete años del plazo para la implementación y en el que se buscaría modificar las normas de las vigencias futuras y el plan fiscal de mediano plazo, “que permita financiar la inclusión territorial al desarrollo, priorizando la inversión en los territorios”, dijo Petro.

Pero, ¿qué quiere decir el ‘fast track’? esta es una figura introducida en la Constitución con el acto legislativo 01 de 2016 que consistió en varios artículos transitorios, entre ellos el ‘procedimiento legislativo especial para la paz’, nombre oficial del ‘fast track’, que plantea como objetivo el “agilizar y garantizar la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Acuerdo Final) y ofrecer garantías de cumplimiento y fin del conflicto, de manera excepcional y transitoria”.

El mecanismo fue habilitado por seis meses, pero se dijo que se podría extender por seis meses más y consistía en darles prelación a los proyectos relacionados con el Acuerdo firmado en La Habana. Una de sus condiciones fue que esto solo se podría para iniciativa del Gobierno y solo debían ser los que se relacionaran con lo firmado.

Asimismo, se puso de primeras los proyectos de la paz en la agenda de las comisiones y la plenaria de cada corporación del Congreso. “Tendrán absoluta prelación en el orden del día sobre cualquier otro asunto, hasta tanto la respectiva Cámara o Comisión decida, sobre él”, dice el acto legislativo.

Este método acortó los trámites de las reformas constitucionales de ocho debates divididos en Cámara de Representantes y Senado, es decir, dos vueltas por cada corporación, a solo cuatro debates, una vuelta por cámara.