¿Qué implicaciones políticas dejaría el escándalo de la Ungrd?; esto dicen los analistas

“La visibilidad del caso de corrupción de la Ungrd (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres) y la actitud firme de la Fiscalía General de la Nación podrían debilitar la posición del Gobierno actual, poniendo en riesgo la estabilidad política del país”.

Para el consultor y analista político Germán González, esas son algunas de las implicaciones políticas que podría traer consigo el escándalo de corrupción detectado al interior de esta entidad.

Según él, esta situación ha puesto en tela de juicio la gestión de los recursos públicos y ha expuesto posibles sobornos a congresistas para influir en reformas propuestas por el Ejecutivo.

De hecho, la imputación formal que realizará mañana la Fiscalía en contra de Olmedo López, exdirector de esa Unidad; Sneyder Pinilla, exsubdirector; y Luis Eduardo López, contratista de la misma, sería un punto de inflexión en el caso.

Esta tesis se fundamenta en que, luego de que el ente acusador presente pruebas y cargos, se intensificará la presión pública sobre el Gobierno y se cuestionará la legitimidad de sus reformas.

Por ello, González indica que el nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, enfrentará el desafío de avanzar en una agenda legislativa ambiciosa “en medio de un contexto político turbulento”.

Y es que este escándalo ha mantenido la expectativa alta en el país, por lo que las decisiones tomadas durante la audiencia podrían cambiar el curso del proceso judicial y tener un impacto duradero en el sistema de justicia y en la política nacional.

Implicaciones electorales

Según la fuente, la sombra de la corrupción persigue al Gobierno en medio de los procesos de investigación, amenazando con empañar el resto de su mandato.

Aunque los escándalos de corrupción para ganar votos en el Congreso no son nuevos, este representa un golpe significativo a su legitimidad, especialmente para un gobierno que durante la campaña prometió acabar con estas prácticas y mantener una política de tolerancia cero hacia la corrupción, menciona el analista.

Y agrega que la oposición no tardará en aprovechar esta situación. “Los resultados de las investigaciones, previstos para 2025, nutrirán su narrativa de campaña antigobierno con miras a las elecciones de 2026, fortaleciendo su posición y argumentos contra la Administración actual”, asegura el consultor.

Además, si estos escándalos continúan, también podrían minar la cohesión de las mayorías que ha construido el presidente Gustavo Petro en el Congreso.

“No solo pondrán en riesgo la legitimidad y validez de las reformas aprobadas, sino que también aumentarán la fragmentación interna de los partidos, endureciendo el faccionalismo a favor y en contra del Ejecutivo, ya que un escándalo de esta magnitud genera incentivos para no permanecer bajo la sombra de este”, dice González.

Sobre la imputación

De acuerdo con lo que se ha conocido, la imputación de los tres involucrados estará centrada en varios delitos graves, incluyendo concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.

Por su parte, López y Pinilla podrían buscar un principio de oportunidad, una figura legal que les permitiría reducir sus penas a cambio de colaboración sustancial con la Fiscalía.

De hecho, Pinilla ya aceptó parcialmente su culpabilidad; el 9 y 10 de julio firmó un acuerdo con el ente acusador en el que propuso una pena de cinco años de cárcel y la devolución de $ 292 millones.

Ese acuerdo incluiría la aceptación de los delitos de peculado agravado y falsedad ideológica en documento público.

López, por su parte, le propuso a la Fiscalía que su condena no sea mayor a seis años de prisión y planteó devolver mil millones de pesos al Estado como parte de su compromiso con la investigación.

“Su cooperación facilitaría el avance del proceso judicial, al permitir a la Fiscalía obtener pruebas adicionales y desmantelar la red de corrupción”, destaca González, quien explica que este desarrollo podría también conducir a la identificación y procesamiento de otros individuos implicados en el caso.

Además, el ente acusador tendría la facultad de remitir copias a la Corte Suprema de Justicia, para que esta considere la información en su investigación contra los congresistas presuntamente involucrados, entre ellos los salientes presidentes de la Cámara y el Senado, Andrés Calle e Iván Name, respectivamente.

Con información de Colprensa.