¿Qué tanto trabajan en realidad los congresistas colombianos? Este es el panorama

Que los congresistas trabajen más es una exigencia que los electores colombianos siempre les hacen a los políticos en campaña. Incluso, varios de los actuales senadores y representantes a la Cámara recurrieron a ese ‘caballito de batalla’ para hacerse elegir en marzo.

Y es cierto que en esta legislatura se han propuesto al menos cuatro iniciativas tendientes a lograr que la labor de estos servidores públicos cumpla realmente con las expectativas del país (ver nota anexa).

Una de ellas fue presentada por el Partido Cambio Radical con el propósito de reducir las vacaciones de los congresistas a partir del inicio del próximo año. Sin embargo, esa promesa no será realidad a partir de febrero, como se había anunciado.

Según el ponente del proyecto en la Cámara de Representantes, Julio César Triana, hasta ahora este solamente ha surtido tres de los ocho debates que debe superar convertirse en ley, por tratarse de una reforma a la Constitución.

Y ahí empiezan los problemas, porque para que la iniciativa tenga posibilidades de continuar avanzando necesita que antes del 16 de diciembre vuelva a estar en el orden del día, lo cual es poco probable.

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“Se daría la primera vuelta, que son cuatro debates, y el otro semestre se le daría la otra vuelta, que son otros cuatro debates”, explica Triana.

Lo cierto es que algunos analistas políticos consideran que el problema es que las prioridades legislativas tanto del Gobierno Nacional como de las bancadas parlamentarias son otras, mientras que la ciudadanía reclama que los congresistas trabajen más.

Entonces, vale la pena preguntarse en qué invierten realmente su tiempo los congresistas y si es necesario que se aumenten los periodos legislativos.

“Actualmente se está sesionando más días que antes, cuando solo se hacía los martes y los miércoles. Nosotros nos reunimos lunes, martes, miércoles y jueves, hasta cuatro días a la semana, y eso implica un esfuerzo muy intenso, porque debemos estudiar los proyectos de todos los congresistas y de todos los partidos”, asegura la representante a la Cámara por la Alianza Verde Catherine Juvinao.

Precisamente ella pertenece al 70 % del Congreso que se renovó tras las elecciones de marzo pasado y lo hizo a partir de la labor que desarrolló como activista política desde Trabajen Vagos, un portal que denunciaba el ausentismo parlamentario.

Pero, pese a esa renovación y a ese aumento en las horas dedicadas a legislar, las críticas no se detienen, sobre todo porque lo que percibe la opinión pública son extensos debates “que no terminan en nada” o sesiones que deben ser canceladas porque la mayoría de legisladores no asisten, provocando incluso que se venzan los términos necesarios para que una iniciativa se convierta en ley.

“El Congreso de Colombia es altamente ineficiente, si se evalúa el número de proyectos de ley que se discuten y los que finalmente se aprueban, pero también podemos decir que es altamente ineficiente, si vemos que se aprueban muchos proyectos, pero que la mayoría no son pertinentes ni necesarios”.

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Así lo considera Carlos Charry, director del Doctorado en Estudios Sociales de la Universidad del Rosario, quien explica que “evalúan cosas como cambiar una estrofa del Himno Nacional, dan cuenta de que se discuten muchos proyectos de ley, pero estos no tienen la efectividad ni la pertinencia necesaria para los problemas de la sociedad colombiana”.

En su opinión, “lamentablemente hay una especie de cultura en esas instituciones en donde lo importante es sacar muchos proyectos de ley y en ocasiones se evalúa la efectividad del Congreso y de los congresistas a partir de ese número de iniciativas y no de la pertinencia de las mismas”.

Sin embargo, el politólogo Fernando Giraldo plantea que los congresistas son políticos y que “cuando los ciudadanos los eligen, deben ser conscientes de que están eligiendo a alguien que hace política y la política se hace en la calle, en los espacios públicos, no solo en el Congreso, entonces deben tener tiempo para hacerlo”.

Lo anterior en razón a que muchas personas sostienen que los senadores y representantes deberían sesionar de lunes a viernes, cuando estos suelen dedicar el último día de la semana a visitar las regiones y especialmente aquellas donde sacaron más votos.

De hecho, el politólogo Yann Basset considera que se hace mucha demagogia alrededor del trabajo de los congresistas, ya que sí es una labor de tiempo completo: “Cuando no están en sesiones deben atender medios de comunicación, grupos de presiones, colegas, alistar proyectos propios, leer los de los demás y preparar debates”.

Desde su punto de vista, si bien los congresistas tienen un receso extenso que podría afectar el alcance de sus labores, “la mayor parte de los proyectos que son votados son leyes de homenajes y honores sin mayor trascendencia”, por lo que extender los periodos de las sesiones no garantiza que se vayan a tramitar iniciativas pertinentes. Sin embargo, acepta que podría llegar a ser positivo “que tengan más tiempo para trabajar las iniciativas y a lo mejor, con más tiempo de sesiones, podrían deliberar para lograr mayor calidad”.

Otro debate que se viene dando desde hace tiempo en el país es el de la reducción del salario mensual que reciben los congresistas.

Sin contar primas y aportes de seguridad social y parafiscales, actualmente está fijado en $35.316.450, por lo que, entre las iniciativas que se han radicado para cambiarle las reglas de juego a los legisladores hay algunas que apuntan a bajarse los honorarios.

Una de ellas fue presentada por el partido Centro Democrático y, según la representante ‘verde’ Catherine Juvinao, va prosperando, pese a que “los congresistas tienden a no querer bajarse el salario”.

“Esa es una tarea que ha fracasado en el pasado, aun cuando la Consulta Anticorrupción recibió cerca de once millones y medio de votos con ese propósito, o sea, casi la misma cantidad de votos que obtuvo el presidente Gustavo Petro”, añade.

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Juvinao explica que el proyecto de ley del uribismo busca una reconfiguración integral del salario a partir del 2026, que “era la misma aproximación que se había tenido en nuestra iniciativa desde el Pacto Histórico y la Alianza Verde, no porque no quisiéramos bajarnos el salario, sino porque un argumento jurídico que dan muchos congresistas para no apoyarlo es el asunto de los derechos laborales adquiridos y las expectativas legítimas. Entonces, si luego lo tumba la Corte, podíamos terminar decepcionando peor a la ciudadanía”.


No obstante, según la representante, su copartidaria senadora Angélica Lozano, quien fue una de las abanderadas de la Consulta Anticorrupción, presentó una modificación al documento para que la reducción pudiese aplicarse inmediatamente.

“Esa proposición fue aprobada por el Senado, de manera que el proyecto ahora pasará a la Cámara de Representantes y esperamos que todos tengamos presente que esto es un mandato de la ciudadanía. No es un tema de hacer show ni de populismo ni de politiquería. Está demostrado que los salarios del Congreso de Colombia son los más altos de la región y eso no tiene ninguna justificación clara”, sostiene.

El politólogo Fernando Giraldo explica que el Congreso de la República tiene dos periodos, el primero, que tiende a iniciar la segunda semana de marzo y termina el 20 de junio, y el segundo, que empieza el 20 de julio y finaliza el 20 de diciembre.

Sin embargo, este último puede ser susceptible de cambios, ya que el Presidente de la República puede solicitar jornadas extraordinarias para debatir proyectos puntuales.

Esa solicitud se hace cuando “el Ejecutivo tiene interés en tramitar normas que no alcanzaron a hacerse, pero no todas se pueden aprobar por sesiones extraordinarias. Hay algunas que requieren que se debatan solo en sesiones ordinarias, salvo que al Mandatario se le hayan dado facultades especiales para que las convoque o para que las pase por ‘fast track’, o sea, por mensajes de urgencia”, explica el analista y docente.

Dentro de esas excepciones se puede solicitar que el Congreso seccione en pleno, Cámara de Representantes y Senado, o que trabajen conjuntamente, pero por lo general “esas condiciones solo se dan en situaciones de guerra o por desastres naturales”.